
Foto: Cuartoscuro
Una investigación de Milenio reveló que figuras de alto perfil del PAN concentran desde 1996 concesiones de agua en la región del Bajío.
Figuras clave del PAN, incluyendo al expresidente Vicente Fox y al exdirigente Marko Cortés, son señalados por beneficiarse de grandes concesiones de agua en la región del Bajío.
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Una investigación de Milenio revela que acumularon permisos para extraer millones de metros cúbicos, principalmente para fines agrícolas, en estados afectados por la sequía.
Según la investigación, esta red de políticos panistas, que incluye también a exgobernadores, extrajeron alrededor de 3 millones 330 mil 060 metros cúbicos de agua mediante concesiones obtenidas desde el año 2000, coincidiendo con la llegada de Fox a la presidencia.
La red estaría siendo denominada internamente en la Conagua como el ‘Cártel del Agua’, según el medio.
Este acaparamiento contrasta con la grave sequía que sufrieron varios de estos estados (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro) en la última quincena de abril, según el Monitor de Sequía de la propia Conagua.
Los primeros permisos comenzaron a entregarse previo al 2000, durante el ascenso del PAN en la región. Según los registros de Conagua, muchos de estos títulos siguen vigentes y no han sido revisados en más de 20 años.
El caso más destacado es el del expresidente Vicente Fox (gobernador de Guanajuato de 1995 a 1999):
En total, las concesiones vinculadas a Fox y sus familiares suman alrededor de 2.1 millones de metros cúbicos, un volumen comparable al consumo anual de una comunidad entera.
El exdirigente nacional del PAN, Marko Cortés, también aseguró dos concesiones, pero en el estado de Jalisco (en Tapalpa y Atoyac):
Reportes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), citados por el medio, apuntan a que en esas propiedades se da la producción de aguacate.
La investigación también nombra a otros prominentes exgobernadores del PAN que se beneficiaron:
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Esta información surge semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a la Conagua revisar la legalidad de las concesiones y su uso real, con el fin de detectar irregularidades y posibles casos de acaparamiento.
Asimismo, la mandataria envió al Congreso una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que contempla sanciones de hasta 12 años de cárcel para quienes lucren con el agua o la desvíen de su uso original.