
Foto: Julio Arreola (FB)
Julio Arreola reveló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía estatal tras recibir mensajes y llamadas intimidatorias; pide reforzar la seguridad con presencia federal permanente.

El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, informó que ha sido víctima de amenazas atribuidas a presuntos grupos criminales.
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De acuerdo con el propio edil, las intimidaciones ocurrieron a través de llamadas y mensajes telefónicos, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Arreola explicó que, tras hacer pública la situación, solicitó al Gobierno Federal que la Guardia Nacional tenga presencia permanente en el municipio, con el propósito de reforzar la seguridad ante el clima de violencia que se vive en la región.
“Tengo una denuncia en la FGE precisamente por amenazas. Ha avanzado, me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio, que es lo que nosotros hemos solicitado”, señaló el alcalde michoacano.
De acuerdo con el edil, ya se encuentra en marcha el acondicionamiento de un espacio destinado al despliegue de los elementos federales, con el objetivo de que Pátzcuaro cuente con una base operativa permanente.
Durante su encuentro con medios en Morelia, Arreola lamentó la falta de protección que enfrentan los alcaldes en México frente a las organizaciones criminales.
“Como presidentes municipales, somos el eslabón más débil y los que, en un momento dado, tenemos la menor cantidad precisamente de seguridad”, expresó el edil, según información de Quadratín.
El alcalde aseguró que pese a las amenazas, no ha recibido agresiones recientes, aunque reconoció que el municipio ha vivido episodios de violencia que mantienen en alerta a las autoridades locales.
La denuncia del alcalde de Pátzcuaro se produce en un contexto de creciente violencia en Michoacán, donde líderes sociales y autoridades municipales han sido blanco de ataques.
En las últimas semanas, dos figuras públicas que alzaron la voz contra el crimen organizado fueron asesinadas, generando indignación en todo el estado.
El primero fue Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en Apatzingán, quien fue hallado sin vida después de denunciar públicamente las extorsiones y cobros ilegales que afectan al sector citrícola.
Su muerte fue interpretada como un mensaje de los grupos criminales hacia quienes se atreven a denunciar sus operaciones.

El segundo caso fue el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en un ataque que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su homicidio reavivó el debate sobre la inseguridad que padecen los municipios michoacanos y la falta de garantías para los funcionarios locales.
La situación de Julio Arreola refleja un problema que se repite en distintas regiones del país: la vulnerabilidad de los gobiernos municipales ante el poder y la impunidad de los grupos criminales.
En Michoacán, donde los cárteles mantienen presencia activa en varias zonas, los alcaldes se han convertido en uno de los objetivos más expuestos de las organizaciones delictivas.
El llamado de Arreola a reforzar la seguridad y garantizar la presencia de la Guardia Nacional en Pátzcuaro no solo busca su propia protección, sino también la de sus habitantes, que viven bajo la constante amenaza de la violencia.