
Foto: Cuartoscuro
En los últimos días, Michoacán y Veracruz han estado en el centro de la polémica debido a la inseguridad y la ineficiencia de sus gobiernos.

Dos bastiones clave de Morena están en jaque. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, desató una crisis de ingobernabilidad en Michoacán que culminó con fuertes protestas en distintos puntos de la entidad y la exigencia de justicia.
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En paralelo, la gestión de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enfrenta acusaciones de negligencia mortal tras las inundaciones en Poza Rica que dejaron 37 muertos.
Los sucesos en ambos estados proyectan severas grietas en la narrativa de seguridad y bienestar de la Cuarta Transformación, exhibiendo un profundo hartazgo ciudadano.
En Michoacán, la inseguridad se mantiene como el talón de aquiles, pues el control territorial del crimen organizado ha derivado en la ejecución sistemática de voces críticas, como la del edil Carlos Manzo, quien públicamente desafió a las estructuras delictivas.

La gestión de Ramírez Bedolla en Michoacán fue puesta en entredicho por una escalada de violencia que toca directamente la esfera política.

El ataque contra Manzo, perpetrado en pleno Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre, frente a su familia y decenas de asistentes, marcó uno de los episodios más violentos en la entidad.
Carlos Manzo llevaba poco más de un año en el cargo, pero adquirió relevancia política por su postura frontal y se convirtió en una voz crítica que exigía a las autoridades federales y estatales “mano dura” para combatir a los grupos criminales.

El crimen desató protestas en Morelia, Uruapan y Pátzcuaro.
En la capital, Morelia, un contingente de más de 500 personas marchó hacia Palacio de Gobierno, donde los manifestantes, entre los que se encontraban jóvenes y estudiantes, mostraron pancartas y mensajes directos contra el gobernador y el partido Morena, llegando a exigir la renuncia del mandatario estatal.
La tensión subió cuando un grupo intentó derribar las vallas metálicas que resguardaban el recinto gubernamental, obligando a policías estatales a lanzar gases para dispersar la manifestación.
Entre las pancartas, se leían mensajes en alusión al presidente municipal como “Apagaron tu luz, pero tu lucha sigue”, e incluso hubo un llamado inédito y desesperado a la injerencia extranjera: “Mr. Trump, save my country”, se leía en una de las cartulinas.
En Uruapan, cientos de habitantes y estudiantes se sumaron a las movilizaciones e incluso colocaron una emotiva ofrenda en el centro para exigir justicia.
En Pátzcuaro se registró otra marcha para unirse al llamado general que denuncia la violencia y la presencia criminal, especialmente en la meseta purépecha.
Estas protestas masivas subrayan el sentimiento de indefensión de la ciudadanía michoacana ante un escenario de violencia que el gobierno de la 4T no ha podido contener.
El homicidio de Carlos Manzo no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia letal contra figuras que han desafiado o han sido blanco de los grupos delictivos, evidenciando un control criminal que el gobierno de Ramírez Bedolla no ha logrado desmantelar.
La violencia reabrió las heridas del clan Mora con la muerte de Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa, quien falleció en 2023. Aunque la versión oficial habló de un enfrentamiento armado entre autoridades y civiles, Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, denunció que fue un ataque directo del grupo criminal Los Viagras en su casa.
El terror se extiende al sector agrícola con la ejecución de Bernardo Bravo el pasado 20 de octubre, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).
Bravo había acusado la falta de apoyo estatal y denunciado públicamente las amenazas de extorsión contra los productores de limón.
“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa, a la presidenta de la República que escuche que el campo está quebrado y en crisis”, había manifestado.
Tras su asesinato, los limoneros de la región suspendieron temporalmente la cosecha, provocando pérdidas económicas de millones de pesos por las extorsiones sistemáticas, lo que subraya el terror económico que enfrentan los productores de limón y aguacate por el cobro de piso.

La violencia alcanzó a las estructuras de gobierno de la 4T, prueba de ello fue el síndico morenista del Ayuntamiento de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, quien fue asesinado el 26 de octubre mientras viajaba en su camioneta oficial.
La Fiscalía de Michoacán apuntó la hipótesis de una posible venganza del crimen organizado, un caso que exhibe la vulnerabilidad de los funcionarios locales.
A esto se suma el caso de la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza, quien fue atacada en junio junto a su esposo, quien falleció. Tepalcatepec es un municipio asediado en Tierra Caliente, disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales como Los Viagras.
En Michoacán, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2025 se han registrado más de mil homicidios dolosos en la entidad.
A este panorama se suma una profunda crisis humanitaria: en lo que va del año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reporta más de 600 desaparecidos.

Por otro lado, el gobierno de Rocío Nahle en Veracruz también ha sido duramente señalado por la ciudadanía dado a la inacción tras la emergencia climática en la segunda semana de octubre.

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del Río Cazones en la zona norte, dejando a la población de Poza Rica y municipios aledaños en una crisis humanitaria que ha generado fuertes críticas contra la gobernadora por la percibida insuficiencia de la respuesta estatal.
La polémica que golpeó al gobierno de Nahle se centró en la vulnerabilidad financiera de la entidad ante el desastre.

Una investigación de La Silla Rota reveló que la administración estatal no renovó la póliza del seguro contra desastres que estaba vigente hasta mayo de 2025 bajo la gestión anterior.
Esto dejó a Veracruz sin la cobertura financiera necesaria para enfrentar los cuantiosos daños generados por las lluvias en infraestructura, viviendas y negocios.
La falta de este seguro esencial se suma a las controversias que rodean a la creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), una entidad de nueva creación que, según reportes periodísticos como el de Jorge García Orozco, no cuenta con los fondos ni el personal operativo para responder a una emergencia de esta magnitud, dejando a miles de damnificados en la indefensión y sin el acceso rápido a recursos.
La crisis humanitaria desatada en Poza Rica se vio empañada por la polémica actitud y las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle ante la prensa y los damnificados, exacerbando el descontento popular:
Al ser cuestionada por la prensa sobre la no renovación del seguro contra desastres, la mandataria respondió con una carcajada y se negó a responder directamente, limitándose a decir con visible molestia que “no es cuestión de dinero, ese no es el problema”, sin aclarar la situación de la póliza.
Entre sus declaraciones polémicas, afirmó que el desbordamiento del Río Cazones fue “ligero”, generaron una ola de críticas generalizadas.
Durante un recorrido el 12 de octubre en Poza Rica, uno de los municipios más afectados, Nahle fue cuestionada por los habitantes sobre las labores de búsqueda de personas desaparecidas, a lo que se limitó a responder un escueto “estamos trabajando” para luego continuar su camino.
La respuesta más severa y polémica de Rocío Nahle llegó al enfrentar los señalamientos por el manejo de la contingencia, donde calificó duramente de “carroñeros” a quienes cuestionan su labor y la gestión del desastre.
“A Veracruz se le respeta, este pueblo merece respeto y su gobernante también, y Veracruz no es carne para la carroña. Así se los pongo, ¿cómo es posible que en plena emergencia, que en plena contingencia, aflora lo peor de un sectorcito… No estoy para darle contentillo a carroñeros”, sentenció la gobernadora emanada de Morena.
Además, Nahle descartó la destitución de la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, defendiendo su trabajo a pesar de los señalamientos de incapacidad para atender la emergencia.
En Veracruz, de acuerdo al Gobierno de México, el saldo humano total de la emergencia con actualización al 1 de noviembre de 2025, es de 37 personas fallecidas y 6 personas no localizadas.
Poza Rica, donde se desbordó el Río Cazones, fue el municipio con el mayor número de víctimas, reportando 28 personas fallecidas y 1 persona no localizada.
Ilamatlan es el lugar con más personas desaparecidas, con 4 personas no localizadas y 3 personas fallecidas.
En Álamo Temapache y Papantla se reportaron 2 personas fallecidas cada uno; mientras que los municipios de Gutiérrez Zamora y Tuxpan registraron 1 persona fallecida cada uno.
Por otro lado, Chicontepec no reportó decesos, pero sí 1 persona no localizada.