Foto: Cuartoscuro.
Los 2 legisladores de Morena acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa
Ellos son los morenistas que han sido señalado por presuntamente operar a favor del Cártel del “Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.
Thalí Leyva
Publicada: nov 16 a las 08:00, 2025
En los últimos años Morena ha sorteado una serie de señalamientos en contra de algunos de sus principales perfiles, particularmente por presuntos vínculos con uno de los grupos criminales más violentos del hemisferio, el Cártel de Sinaloa.
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Entre la impunidad y el posible encubrimiento, legisladores de Morena con goce de fuero constitucional han sido señalados directamente por supuestamente operar a favor del grupo criminal fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Carlos Lomelí: el cercano
El senador Carlos Lomelí Bolaños, que en septiembre pasado fue nombrado como presidente de la Comisión de Marina en la Cámara Alta, ha sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A pesar de las acusaciones en su contra, ha gozado de impunidad tras la llegada del movimiento al poder. En 2018, fue súper delegado del Bienestar en Jalisco, coordinando los programas sociales de López Obrador, posición a través de la que se habría beneficiado mediante contratos millonarios con sus empresas farmacéuticas, según reportó una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Pero en su historial cuenta con señalamientos por parte de Estados Unidos, de larga data. Una serie de reportajes periodísticos, han dado cuenta de ello.
En 2010, Lomelí Bolaños admitió ante la DEA haber realizado negocios con el Cártel de Sinaloa. Según documentos judiciales revelados por el medio Latinus, Lomelí confesó la venta de precursores químicos para la fabricación de drogas al Cártel del “Chapo” Guzmán. A cambio, la Agencia de Control de Drogas estadounidense suspendió una investigación iniciada en 2006.
En el acuerdo, también logró que se retirara su nombre y el de su empresa Lomedic de la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro, así como la entrega de 2.7 millones de dólares en bienes para evitar un juicio formal.
En 2008, el Departamento del Tesoro de EUA acusó a la empresa Lomedic de ser una fachada para el lavado de dinero del Cártel de los Amezcua Contreras, congelando cuentas bancarias de Lomelí y su familia.
Estas acusaciones derivaron de una investigación que vinculaba a sus empresas con el suministro de insumos químicos a grupos criminales. El caso se reavivó en México durante su candidatura a la alcaldía de Guadalajara en 2021, la cual perdió.
En aquel proceso electoral, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lomelí por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, basada en las confesiones a la DEA, pero esta no prosperó debido a su cercanía con el movimiento.
Durante la campaña electoral de 2021, el morenista acusó que se trataba de un ataque de sus adversarios para afectar su candidatura, aunque no negó las acusaciones en su contra, al decir que era un “refrito”.
“Ahora que vamos arriba en las encuestas en Guadalajara no es la excepción. Para ese efecto, nuestros adversarios y Enrique Alfaro han financiado un medio fachada para revivir un tema cerrado, aclarado, desde donde impulsan filtraciones falsas, imprecisas y noticias a modo que a ellos les conviene”, afirmó en un video en aquel entonces
Red de farmacéuticas
En 2019, Lomelí renunció como “superdelegado” en Jalisco tras señalamientos de MCCI, en donde se exhibió una red de nueve empresas que vendieron más de 2 mil 200 millones de pesos en medicamentos al gobierno federal, generando señalamientos de conflictos de interés.
En respuesta, la Secretaría de la Función Pública abrió siete investigaciones por cohecho, enriquecimiento y tráfico de influencias, lo que llevó a sanciones contra sus firmas Lomedic y Laboratorios Solfrán por falsear información en licitaciones.
No obstante, su red de farmaceúticas también ha sido beneficiada. En octubre pasado, Latinus documentó que en 2025 recibió adjudicaciones directas por 420 millones de pesos para suministros hospitalarios, incluyendo a la Secretaría de Marina.
La polémica Hilda Brown
La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito, también se encuentra en medio de la polémica, debido a las sanciones en su contra por parte de Estados Unidos, mismos que ella ha negado.
En septiembre pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculó a la morenista, a otras cuatro personas y 15 empresas con una red regional de la facción del Cártel de Sinaloa identificada como “Los Mayos”.
Hilda Brown fue presidenta municipal de las Playas de Rosarito de 2021 a 2024, y antes de eso fue coordinadora regional del Censo del Bienestar de AMLO en Tecate y Rosarito.
Pero en EUA no goza de impunidad. La OFAC acusó a la morenista de presuntamente ceder control municipal durante su administración, nombrar aliados del cártel en puestos clave y facilitar extorsiones y protección a operaciones delictivas, incluyendo tráfico de fentanilo y otras drogas hacia aquel país.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes y prohibición de transacciones con Brown y los demás implicados al ligarlos con los hermanos Arzate García, jefes de plaza de “Los Mayos” en Rosarito.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la colaboración se habría dado gracias a la influencia del empresario Jesús González Lomelí, quien es señalado como operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, lavando millones de dólares procedentes del narcotráfico para los hermanos Arzate.
Estados Unidos señaló que los hermanos Arzate utilizaron la influencia política de González y de otro operador político vinculado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, encabezado entonces por Hilda Araceli Brown Figueredo.
Es ahí donde el Departamento del Tesoro acusó que durante el mandato de Brown como alcaldesa, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre ella y los hermanos Arzate, para recaudar pagos de extorsión para los Arzate, colaboraron en la gestión de sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades delictivas por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
UIF bloquea cuentas de morenista
Tras estos señalamientos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de la diputada Hilda Brown, medida que intentó revertir a través de la presentación de amparos.
No obstante, en octubre pasado, el juez Décimo de Distrito de Baja California, Marco Antonio Arreola, quien negó conceder la suspensión provisional y una definitiva contra el bloqueo de sus cuentas, debido a que la diputada de Morena no logró acreditar la titularidad sobre las cuentas bancarias.
Ante la polémica, el partido Movimiento Ciudadano promovió una solicitud de juicio político contra Brown Figueredo, acusándola de operar para “Los Mayos” como alcaldesa, lo que podría inhabilitarla.
Por su parte, la morenista ha negado cualquier vínculo, incluso que el Gobierno de México haya tomado acciones en su contra. En una entrevista en la Cámara de Diputados, afirmó: “A mí no me han congelado las cuentas, y desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada. Desconozco de qué se trata”.
Al mismo tiempo, Hilda Brown calificó las imputaciones de “infamia” y reiteró su disposición a colaborar con autoridades mexicanas, “es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas”.
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