
Foto: Cuartoscuro
Rumbo al 2026, el Poder Judicial sufrió un duro recorte de más de 85 mil millones de pesos.

El Poder Judicial de la Federación inicia 2026 con un presupuesto total de 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos, pero con el golpe más duro de su historia reciente, pues fue sujeto de un recorte superior a los 15 mil 805 millones de pesos, concentrado casi por completo en las estructuras que garantizan su funcionamiento y autonomía.
De esa reducción, 661 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 14 mil 56 millones de pesos corresponden al Órgano de Administración Judicial (OAJ); y 260 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial contará con 1,856 millones 577 mil 669 pesos.
El tijeretazo fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, en una sesión que dejó al Poder Judicial con la mayor afectación entre todos los órganos autónomos del país.
El argumento oficial fue que esos recursos se reasignarían a rubros sociales como educación, ciencia, cultura y medio ambiente. Sin embargo, el resultado concreto es que la justicia mexicana enfrentará 2026 con menos herramientas para operar, con una Corte recortada, un Órgano de Administración presionado; además un Tribunal Electoral y un Tribunal de Disciplina cuestionados.

La Suprema Corte fue el blanco más visible del ajuste. Su presupuesto pasa de 5 mil 208 millones 511 mil 164 pesos en 2025 a solo 661 millones en 2026, lo que implica una reducción de 4 mil 547 millones 511 mil pesos, equivalente a más del 13 por ciento de su financiamiento. Nunca antes, en los últimos diez años, el Máximo Tribunal había operado con una cantidad tan baja.
La paradoja es que esa caída presupuestal llega en un momento en que la Corte mantiene una estructura robusta de ministros y asesores: equipos de ponencia, coordinadores, personal técnico y jurídico especializado que no se han reducido al ritmo del ajuste. La Corte carga con una planta costosa al tiempo que se queda sin margen financiero para sostenerla.
Como muestra un botón, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con por lo menos 103 asesores en su ponencia, lo que ningún otro antecesor tuvo en la historia. El ministro Aguilar justificó su robusta plantilla con el trabajo de proyectos de sentencia que antes no hacían otros presidentes.
Fuentes internas del Poder Judicial admiten que el recorte deja prácticamente paralizadas áreas esenciales: los equipos técnicos que elaboran proyectos de resolución, los programas de transparencia y digitalización, y las tareas de mantenimiento de la infraestructura judicial.
La paradoja es que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz había adelantado en octubre que aplicaría una “tijera” al gasto heredado: “Con menos recursos salimos; no vamos a bajar salarios, pero quitaremos privilegios”.

Con 74 mil 224 millones 414 mil 696 pesos asignados, el Órgano de Administración Judicial es el gran operador del presupuesto judicial: administra nómina, infraestructura, mantenimiento y servicios generales de los tribunales.
Ese tijeretazo llega cuando el OAJ arrastra pasivos sensibles, como las indemnizaciones a jueces y magistrados que renunciaron tras la reforma judicial. La crisis financiera es tal que apenas solicitaron ampliación presupuestal para liquidar a los impartidores de justicia afectados.
El Tribunal de Disciplina Judicial recibirá 1,856 millones 577 mil 669 pesos. Es una cifra que contrasta con su desempeño público: no hay registro de acciones relevantes, resoluciones emblemáticas ni resultados claros desde su creación.
En el papel, su misión es vigilar y sancionar conductas indebidas de jueces y magistrados. En la práctica, su silencio y su opacidad han alimentado la percepción de que podría convertirse en un instrumento de represalia contra juzgadores no afines al oficialismo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco queda inmune. Tendrá 4 mil 9 millones 492 mil 877 pesos, 260 millones menos de lo solicitado. Aunque su presupuesto sigue siendo mayor que el de la Corte, el recorte se aplica en un contexto en el que el TEPJF arrastra cuestionamientos por sus decisiones, su manejo interno y su cercanía con actores políticos.
Con menos recursos, el Tribunal enfrentará el reto de sostener sus salas regionales y su capacidad para resolver litigios electorales en un país donde los conflictos poselectorales se multiplican. Un órgano clave para la legitimidad de los comicios llega a 2026 con menor margen financiero y con la credibilidad ya erosionada.

El recorte total de 17 mil 788 millones de pesos a los órganos autónomos —más del 88 por ciento proveniente del Poder Judicial— se reasignará a educación pública (10 mil 842 millones), ciencia, humanidades, tecnología e innovación (2 mil 500 millones), cultura (mil 985 millones), medio ambiente (mil 500 millones) y agricultura (641 millones), entre otros rubros sociales.