Foto: Cuartoscuro
7 años de la 4T: 7 polémicas de corrupción en Morena
El movimiento de la 4T cumple 7 años de su llegada al poder. Un periodo que también ha estado envuelto en múltiples polémicas por corrupción y crimen.
Thalí Leyva
Publicada: nov 29 a las 08:00, 2025
Con un zócalo inundado y un ritual de transferencia del bastón de mando, Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Presidencia de México, en su tercer intento. El 1 de diciembre marca siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, con un mensaje contundente: acabar con la corrupción, imponer la austeridad republicana y conseguir la pacificación de México.
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La 4T llega a su séptimo aniversario envuelta en una tensión innegable. Mientras el gobierno presume avances como la reducción de la pobreza y un gobierno del pueblo, escándalos de corrupción, desvíos millonarios, funcionarios cuestionados, operaciones irregulares y el estilo de vida de ciertos cuadros morenistas contradice el discurso fundacional.
La continuidad del movimiento, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha visto perseguida por escándalos, conflictos ocurridos y encubiertos, en la administración de su antecesor.
1. Segalmex y la estafa millonaria
Cuando la palabra Segalmex empezó a circular en los pasillos del poder, muchos pensaron en un error técnico: compras mal hechas, proveedores débiles, improvisación administrativa.
Lo que emergió —poco a poco y gracias a investigaciones periodísticas y auditorías— fue algo distinto: contratos entregados a empresas fantasma, sobreprecios reiterados y pagos por productos que nunca llegaron, que causaron un daño al erario de al menos 15 mil millones de pesos.
Para un gobierno que levantó su bandera en contra de la corrupción, Segalmex se convirtió en una herida que no cierra y una justicia selectiva que no aplicó a la cabeza de la dependencia, ahora extinta por decisión de Sheinbaum, Ignacio Ovalle.
Investigaciones realizadas por medios como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) permitieron saber que se trataba del “mayor desfalco de la historia reciente”, en donde la FGR ha obtenido decenas de órdenes de aprehensión y ha procesado a directivos financieros, como René Gavira, pero Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex, sigue sin enfrentar cargos penales, justificado por López Obrador quien argumentó que fue “engañado”.
La mayor parte del dinero desviado, a través de bonos bursátiles ilegales y compras fantasma de leche y granos, no ha sido recuperado, y el caso permanece estancado.
2. “El Clan” de los hijos de AMLO
Investigaciones periodísticas dibujaron un relato incómodo para la familia de López Obrador: negocios, contratos y amistades empresariales que habrían encontrado canales preferenciales durante la 4T.
A este esquema, encabezado principalmente por Andy López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, fue nombrado como “El Clan”, una red de tráfico de influencias de los hijos del expresidente que habría operado para la adjudicación de contratos en diversas áreas.
De acuerdo con Latinus, “El Clan” de los López Beltrán operó en la compra de medicamentos, la compra de balasto para el Tren Maya, contratos millonarios para la construcción de la refinería de Dos Bocas, y también hay indicios de su participación en estructuras para cometer “huachicol fiscal”.
Este año, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación judicial sobre una red de huachicol fiscal que, según denuncias públicas, implicaría a operadores de aduanas, marinos, empresarios y a miembros del círculo cercano de los López Beltrán.
En uno de los elementos más sensibles del caso, un testigo protegido de la FGR habría señalado que “un hijo del presidente” protegía a la red de huachicol, lo que encendió las alarmas.
Entre los señalados como conectores aparece un empresario identificado como Amílcar Olán Aparicio, considerado bisagra entre la red criminal, contratos estatales y supuestos negocios ligados al “Clan”.
3. La polémica reforma judicial
La reforma al Poder Judicial, impulsada por López Obrador, prometió combatir la corrupción judicial y devolver la confianza al ciudadano mediante mecanismos inéditos incluyendo la elección de muchos jueces por voto popular.
Sus críticos alertaron de riesgos mayores: politización, debilitamiento de controles profesionales y la pérdida de la autonomía judicial, ahora bajo el amparo del Ejecutivo, particularmente de Morena.
La reforma, aprobada en medio de una polémica votación, no solo abrió el debate técnico sino que colocó al Estado de Derecho en el centro de una disputa política, más aún luego de una elección judicial cuestionada, debido a la operación de los acordeones que permitieron la llegada de personas juzgadoras afines al movimiento.
La desarticulación del Poder Judicial como se conocía, provocó la salida de figuras como la exministra presidenta Norma Piña, y la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes salieron denunciando un golpe a la autonomía del Poder Judicial y del Estado de derecho.
4. Birmex: insumos médicos y sobreprecios
La compra consolidada de medicamentos a través de Birmex que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum ya en su administración, terminó exponiendo otro eslabón frágil: adquisiciones con posibles sobreprecios por miles de millones.
El gobierno de Sheinbaum detectó que Birmex adjudicó contratos de compra consolidada de medicamentos e insumos médicos con precios inflados. Se identificaron irregularidades en la contratación de al menos 175 claves de insumos, con un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos.
El hallazgo fue calificado como “posible corrupción” por las autoridades, lo que generó la inmediata suspensión del proceso.
Ante estas anomalías, la administración de Sheinbaum Pardo ordenó la destitución de varios de los principales responsables en Birmex: entre ellos, el director general, Iván Olmos, y los titulares de las áreas administrativa, de logística y de planeación.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, asumió la responsabilidad de revisar el procedimiento, fincar posibles sanciones administrativas o penales, y relanzar la compra mediante nuevos mecanismos para garantizar el abasto sin irregularidades.
5. La Barredora: entre el poder local y crimen organizado
En julio de este año estalló el caso de “La Barredora”, originado en determinadas estructuras de seguridad regionales, muestra cómo el fenómeno delictivo se infiltró en instituciones que deberían combatirlo.
El caso de “La Barredora” quedó expuesto en julio pasado, cuando el entonces comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco reveló que existía una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, designado en diciembre de 2019 por Adán Augusto López, entonces gobernador del estado.
Fue hasta septiembre que las autoridades en Paraguay detuvieron a Bermúdez Requena, pero previo a su captura ya se habían realizado detenciones de brazos operadores neurálgicos del grupo criminal.
Las acusaciones contra el exsecretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado lo involucran redes de protección política en Tabasco y sus vínculos con Bermúdez a quien conocía desde hace más de 30 años.
Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, interpuso una denuncia formal ante la FGR el 30 de julio contra Adán Augusto López. Al acusar los presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal, derivado de su gestión como gobernador de Tabasco, señalando su supuesta inacción ante grupos como “La Barredora” y empresarios dedicados al robo de combustible.
6. Huachicol fiscal y la incómoda presencia de mandos de la Marina
Las investigaciones recientes sobre el llamado “huachicol fiscal” complican una narrativa oficial que había presentado a las fuerzas armadas como garantes del control del combustible y de aduanas.
Acusaciones y detenciones de personal naval y de aduanas por validar cargas y permitir la entrada o clasificación irregular de hidrocarburos pintan un cuadro donde redes criminales aprovecharon espacios institucionales para mover grandes volúmenes de combustible, causando un daño al erario multimillonario.
El 31 de marzo de este año, la incautación en el buque Challenge Procyon, cargado con 10 millones de litros de combustible, destapó una red que apuntaba directamente a la cúpula de la Secretaría de Marina (Semar). Los responsables del ilícito no eran criminales comunes, sino altos mandos de la dependencia.
La investigación dio un giro radical cuando el Gabinete de Seguridad identificó a los autores: los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda Durán, quien fungió como secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador.
El 7 de septiembre, el secretario Omar García Harfuch anunció la detención de 14 personas presuntamente implicadas, que incluían a tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Entre los detenidos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna es señalado como el presunto líder de la red de huachicol fiscal; mientras que su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna, se encuentra prófugo.
7. Los lujos de morenistas
Morenistas de primera línea han sido exhibido con estilos de vida que chocan con la retórica de austeridad que el movimiento proclamó.
Viajes en hoteles de alta gama, inmuebles ostentosos y coches de lujo no solo indignan a la opinión pública; erosionan la narrativa que sostienen los líderes del proyecto.
El verano fue un periodo negro para el movimiento, no solo salió a la luz el caso de La Barredora y las implicaciones contra Adán Augusto López; también morenistas como “Andy” López Beltrán, Ricardo Monreal, coordinador guinda en la Cámara de Diputados; entre otros funcionarios, fueron captados en viajes al extranjero.
López Beltrán fue visto en Tokio, Japón, hospedándose en un hotel de 8 mil pesos la noche; Ricardo Monreal en Madrid, España; y otros personajes en Portugal e Ibiza.
Una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, le fue descubierta a Gerardo Fernández Noroña, quien siendo presidente de la Mesa Directiva del Senado, adquirió dicha propiedad a través de un crédito hipotecario.
Una polémica más para el senador que se dice del pueblo, pero al mismo tiempo es visto en vuelos en primera clase, en camionetas de lujo valuadas en más de un millón de pesos; así como en vuelos en jets privados.
La reacción del partido ha oscilado entre la defensa formal, al decir que son pagados con sus propios recursos; pero la percepción ya está instalada: cuando el discurso social pierde coherencia, la confianza electoral sufre un desgaste que pega en el capital político del “movimiento de transformación”.
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