Arturo Ávila denuncia al PAN ante el INE por presunta triangulación de recursos

El diputado federal Arturo Ávila denunció ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Acción Nacional (PAN) y al influencer Edson Andrade por actos que supuestamente revelan un esquema de propaganda política encubierta.

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El diputado federal presentó la denuncia después de las movilizaciones de la “Generación Z”. Este movimiento inició en redes sociales para protestar contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, según Morena, fue impulsado por el influencer Edson Andrade.

En una entrevista con Radio Fórmula, Ávila señaló que Edson Andrade, quien se presentó en redes sociales como apartidista en las movilizaciones de la Generación Z, recordó que tiene contratos con el PAN, mismos que fueron revelados por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

“Este joven tenía un contrato por más de dos millones 100 mil pesos, estaba recibiendo 175 mil pesos mensuales, más de lo que gana la presidenta por el concepto, en teoría, llamado estrategia digital, pero ahí no quedó la cosa, ahí demostramos que efectivamente había un interés político que el PAN estaba pagando este mal llamado movimiento de la generación Z”, dijo.

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Arturo Ávila pide al INE verificar origen del financiamiento

En la denuncia de Ávila ante el INE, el morenista solicitó revisar los contratos de Acción Nacional y el pago mensual derivado del mismo. Incluso, asegura que el PAN pudo haber constituido un esquema de financiamiento que podría constituir un gasto no reportado, triangulación de recursos, aportación en especie no registrada o una estructura de propaganda partidista encubierta, todos delitos electorales.

El vocero de los diputados de Morena recordó la importancia del caso debido a que existe un antecedente de propaganda simulada hecha por el Partido Verde Ecologista de México en los comicios de 2021.

El morenista advirtió que las prácticas del PAN violan el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, especialmente en el manejo del financiamiento público y la difusión de mensajes que podrían fundar una supuesta difamación ante la posibilidad de propaganda encubierta.