
Foto: Redes sociales
La gobernadora de Veracruz afirmó que el proceso judicial contra Rafael León Segovia por presunto terrorismo es un asunto de justicia ordinaria.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, se pronunció este viernes respecto a la detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, asegurando que el proceso judicial en su contra por presunto terrorismo no representa un atentado contra la libertad de prensa en la entidad.
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“En Veracruz no se le corta la libertad de expresión a nadie, aquí todo mundo puede hablar y decir, la responsabilidad es de cada quien, pero ante hechos penales es otro caso, y se tiene que aplicar la ley”, expresó la mandataria.

En una entrevista radiofónica, la mandataria estatal subrayó que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que la justicia debe aplicarse sin distinciones de oficio o profesión.
“Para la ley todos somos iguales, seamos periodistas, reporteros o cualquier otra profesión. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, es un tema de justicia y de investigaciones que realiza la Fiscalía”, afirmó Nahle al insistir que su gobierno no interviene en las pesquisas.
Finalmente, Nahle García afirmó que la libertad de prensa perdura en su estado y que es tolerada “hasta con exceso”.
“Se tiene que aplicar la ley para todos, seamos quien seamos. Esto no va con la libertad de expresión. En Veracruz hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso, y de parte de mi gobierno no ha habido ni un solo reclamo o señalización”, sostuvo.
Rafael León Segovia, comunicador especializado en la fuente de nota roja en la zona de Coatzacoalcos, fue detenido el pasado 24 de diciembre por elementos de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se le imputan delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó de legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La defensa del periodista solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica definitiva se resolverá en los próximos días.

A pesar de las declaraciones de la gobernadora, organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación.
Artículo 19 condenó la detención y calificó el uso de cargos como “terrorismo” como una forma de criminalizar la labor informativa, especialmente en temas de seguridad y violencia.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que mantiene un monitoreo del caso para vigilar que se respeten las garantías judiciales y el debido proceso del comunicador veracruzano.
El gremio periodístico en la entidad se mantiene en alerta, mientras las autoridades estatales insisten en que la detención obedece estrictamente a conductas delictivas fuera del ámbito informativo.