
Foto: Redes Sociales
Líderes republicanos amagan con intervenir en México tras la captura de Maduro, alegando que los cárteles gobiernan el país.

La reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vino a marcar un hito en la historia reciente, pues el gobierno de Estados Unidos intervino en el país sudamericano para la extracción de su mandatario, aunque anunciarón que se quedarán con el poder y la gestión de recursos.
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Este suceso ha servido de base para que diversos líderes republicanos incrementen sus amagos de una intervención similar en territorio mexicano, argumentando que el país enfrenta una crisis de seguridad que amenaza directamente a la ciudadanía estadounidense debido al tráfico de fentanilo.
La narrativa de estos funcionarios sostiene que el Estado mexicano ha perdido presencia en diversas regiones, lo que justificaría acciones militares unilaterales o ataques selectivos contra laboratorios y redes logísticas del crimen organizado.
El presidente Donald Trump ha sido la voz más crítica, afirmando recientemente que los cárteles de la droga gobiernan México y que la presidenta Claudia Sheinbaum no ejerce un control real sobre el país.
Trump ha manifestado que los grupos criminales son mucho más poderosos que el propio gobierno mexicano y ha ofrecido en múltiples ocasiones la intervención del Ejército de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico, advirtiendo que, ante la negativa de cooperación, su administración se verá obligada a “hacer algo” para detener el ingreso de sustancias ilícitas por la frontera sur.
En diciembre de 2025, el mandatario reiteró que consideraría ataques directos contra los cárteles en territorio mexicano, asegurando que cualquier nación que produzca y venda drogas a su país estará sujeta a este tipo de represalias militares.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que los cárteles representan una amenaza a la seguridad nacional de ambas naciones y ha descrito a estas organizaciones como grupos narcoterroristas.
Rubio sostiene que existen partes de México donde el gobierno ni siquiera está presente, siendo las bandas criminales quienes fungen como la autoridad real.
Durante sus visitas oficiales, ha enfatizado que bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos está dispuesto a utilizar todo su poder para enfrentar estos peligros, advirtiendo que en países donde no existe cooperación gubernamental, como en el caso de Venezuela, la acción militar directa se vuelve la única alternativa viable.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha escalado la tensión al incluir a México en una lista de países adversarios extranjeros, comparando la amenaza del fentanilo con los peligros que representan naciones como Irán, Rusia y China.
Bondi argumenta que las sobredosis masivas en suelo estadounidense son ataques externos que deben ser combatidos con firmeza para proteger la soberanía nacional.
Asimismo, ha destacado los procesos judiciales contra figuras de alto nivel, como el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, para señalar que la justicia estadounidense llegará a cualquier criminal, sin importar qué tan lejos crean estar de su alcance.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha denunciado que los cárteles mexicanos causan caos y perjudican los intereses de su país al utilizar el flujo migratorio irregular para sus operaciones delictivas.
Noem ha instado al gobierno mexicano a satisfacer las demandas y protocolos de seguridad de Washington para evitar sanciones económicas como la imposición de aranceles.
En sus comparecencias, ha subrayado que la misión de sus departamentos es proteger a Estados Unidos de las amenazas externas que evolucionan constantemente, calificando a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Finalmente, el senador Lindsey Graham ha sido uno de los principales promotores de legislación que permita el uso de la fuerza militar en México sin requerir el consentimiento del gobierno local.
Graham sostiene que el sistema de justicia criminal mexicano es incapaz de detener a los delincuentes que asesinan a policías y jueces, por lo que las acciones de Estados Unidos deben escalar hacia el entrenamiento y las operaciones militares convencionales.
Su propuesta legislativa busca designar formalmente a los cárteles como terroristas para fundamentar legalmente una incursión armada en busca de destruir los laboratorios de fentanilo.
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Otros funcionarios republicanos han sumado sus voces a esta corriente intervencionista, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha acusado a las administraciones pasadas de permitir el avance del narcotráfico y sostiene que las organizaciones criminales solo se detendrán si saben que serán enfrentadas con fuerza militar.
Adicionalmente, figuras del movimiento republicano han utilizado este discurso como una estrategia electoral para presentarse como los guardianes de la seguridad nacional frente a lo que denominan una invasión silenciosa.
