Foto: Cuartoscuro
Michoacán, entre el plan de paz del gobierno y el avance del crimen organizado
Michoacán registra una reducción del 69.5% en homicidios, pero el ‘narcoterrorismo’ y la extorsión mantienen la percepción de inseguridad en un 80.9% de la población.
Salvador Maceda
Publicada: ene 18 a las 13:54, 2026
Michoacán vive una dualidad asfixiante. Mientras los boletines oficiales del Gobierno Federal, emitidos bajo el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, celebran reducciones históricas en homicidios, el eco de los drones explosivos y las sillas vacías en los ayuntamientos cuentan otra historia. En la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, la estadística choca contra la “ley del crimen”.
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Los números oficiales reportaron una reducción de 69.5% en homicidios dolosos desde 2021; Michoacán cerró el año con un total de 1,291 homicidios dolosos y le significó una salida estadística del ignominioso “Top 10” de estados más violentos.
El despliegue de más de 10,000 efectivos en Michoacán es la carta fuerte del discurso. Sin embargo, en las huertas de Uruapan y las serranías de la Costa, la paz no es una cifra en un expediente judicial. Para el agricultor, la verdadera paz se traduce en un cielo libre de drones artillados y en la libertad de cosechar sus tierras sin tener que pagar el derecho de piso.
El magnicidio de Uruapan, la caída del ‘alcalde de Hierro’
El punto de inflexión más dramático de esta crisis ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025. Uruapan, la capital mundial del aguacate, se encontraba inmersa en las festividades del Día de Muertos. Carlos Manzo, el alcalde conocido como el “alcalde de Hierro” por sus denuncias públicas contra la corrupción y el crimen organizado, fue asesinado frente a cientos de personas. A las 20:10 horas, el sonido de las festividades fue interrumpido por el estallido de un arma de fuego. Cinco disparos de calibre 9 mm ejecutados a corta distancia terminaron con su vida.
El asesinato de Manzo fue un golpe de Estado a nivel municipal. Los informes de enero de 2026, presentados por el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indican que la ejecución fue una operación vinculada a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las detenciones de una regidora y mandos policiales confirmaron la tesis de la infiltración, dejando una herida abierta: el 86.8% de los habitantes de Uruapan hoy teme caminar por sus calles, según cifras del INEGI.
Geografía del conflicto: Zamora, Morelia y el Control Portuario
El informe del SESNSP de cierre de 2025 revela que la violencia no es uniforme, sino que se especializa según la región.
Zamora, la capital de la incidencia. A pesar del Plan de Paz, Zamora cerró 2025 como una ciudad violenta. Aquí, la disputa no es solo por territorio, sino por el control del mercado local de drogas sintéticas. Los operativos federales han logrado reducir las masacres en espacios públicos, pero los informes de la fiscalía detallan un incremento en las desapariciones forzadas, un delito que a menudo no se contabiliza en las gráficas de homicidios.
Morelia, es lo localidad de la extorsión de “cuello blanco”. En la capital del estado, el crimen organizado ha mutado hacia el control de giros comerciales. Los informes de inteligencia detallan que bandas locales, presuntamente aliadas con grupos nacionales, imponen cuotas a centros nocturnos, bares y hasta mercados de abastos. El 73.7% de los morelianos se siente inseguro en los cajeros automáticos, un reflejo de que el crimen común y el organizado se han mimetizado en las zonas urbanas.
A Lázaro Cárdenas lo consideran un centro logístico del crimen. El puerto es el punto más estratégico. Los informes de la Marina (SEMAR) de enero de 2026 subrayan el decomiso de precursores químicos provenientes de Asia. Aquí, la violencia es menos visible pero más estructural; los grupos criminales pelean por el control de las empresas de transporte que sacan los contenedores del puerto. Quien controla el transporte, controla la ruta de la droga hacia el norte.
El limón y el aguacate, la economía de la extorsión
Si el asesinato de Manzo fue el golpe político, la ejecución del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez el 19 de octubre de 2025 fue el golpe al sustento. Bravo había denunciado que los cárteles (Los Viagras y remanentes de La Familia Michoacana) habían pasado de cuotas esporádicas a imponer una verdadera “aduana criminal”. Los grupos criminales imponen un impuesto de hasta 4 pesos por kilo de limón. En una región que produce un millón de toneladas anuales, este flujo de efectivo financia la compra de armas y drones.
Mientras el Gabinete de Seguridad Nacional reporta la destrucción de 17 laboratorios en 2025, el crimen ha encontrado en el “derecho de piso” una fuente de ingresos más estable. El impacto económico forzó el cierre de empacadoras y, aunque el gobierno presume la reactivación de actividades en enero de 2026, los productores saben que esa “normalidad” existe solo bajo el permiso de los operadores del cártel.
La guerra de drones y minas terrestres
Michoacán se ha convertido en el laboratorio de la guerra asimétrica. El incidente en Zinapécuaro en octubre de 2025 puso en evidencia una capacidad bélica superior. La presidencia municipal fue atacada con drones cargados de explosivos. Este tipo de ataques, sumado al uso de minas terrestres artesanales en los caminos rurales de la Tierra Caliente, ha cambiado la naturaleza del conflicto.
La SEDENA ha informado el decomiso de 924 armas y 190 artefactos explosivos en los últimos meses. No obstante, en la Sierra-Costa, la población vive sitiada. Las minas terrestres han mutilado a civiles, impidiendo el libre tránsito. El resultado es un desplazamiento forzado: se estima que más de 1,300 personas han abandonado sus hogares en la región costera huyendo de un reclutamiento forzado que los informes oficiales rara vez mencionan.
Cronología del ‘narcoterrorismo’
En junio de 2025 registraron ataques simultáneos a tiendas de conveniencia en la zona de Morelia y Uruapan tras la detención de un operador financiero del CJNG. En agosto 2025, narcobloqueos en la carretera Apatzingán-Aguililla que duraron más de 48 horas, dejando comunidades enteras sin suministros médicos.
Octubre 2025, el atentado en Zinapécuaro marca la entrada del uso masivo de drones contra edificios gubernamentales.
Diciembre 2025, descubren fosas clandestinas en los límites con Jalisco, donde se recuperaron restos vinculados a la guerra por el control del tráfico de fentanilo.
Enero 2026 se dio cuenta del hallazgo de cuerpos en Cuitzeo y ataques a patrullas de la Guardia Nacional en la región de Tierra Caliente como “bienvenida” al refuerzo de tropas federales.
El protocolo de inteligencia: Las 126 Bases de Operaciones (BOI)
El Gobierno Federal ha implementado un esquema técnico denominado Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI). Según el informe operativo de la SEDENA de enero de 2026, estas bases no son solo retenes, sino puntos de inteligencia conjunta.
Fusión de Datos. En cada BOI convergen elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía estatal para procesar denuncias en tiempo real.
Tecnología Antidrones. Por primera vez, se han desplegado inhibidores de señal de grado militar para proteger los centros urbanos de los drones artillados.
Vigilancia de Rutas. El objetivo primordial es mantener la libre circulación en la Autopista Siglo XXI y la carretera federal 14, consideradas las arterias vitales del estado.
Sin embargo, los críticos del plan señalan que las BOI son estáticas, mientras que el crimen organizado es altamente móvil y utiliza “halcones” para evadir estos puntos de control.
El contraste entre la seguridad y la percepción
El Gobierno Federal se apoya en el Secretariado Ejecutivo para afirmar que Michoacán vive una “pacificación gradual”. Las cifras muestran que en noviembre de 2025 se registraron solo 58 homicidios dolosos. Pero la respuesta de por qué la gente tiene más miedo reside en la encuesta ENSU del INEGI: el 80.9% de los michoacanos reporta una sensación de inseguridad persistente.
La paradoja radica en que la violencia ya no es letal, es administrativa. El crimen ya no dispara, el crimen cobra.
El informe de la ENVIPE 2025 añade una capa de sombra: el 92% de los delitos en Michoacán no se denuncian por desconfianza en las autoridades o miedo a represalias. Cuando el gobierno celebra una baja en denuncias, no necesariamente reporta menos delitos, sino probablemente una mayor censura por el terror de casos como el del alcalde Manzo.
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El dilema de las autodefensas y el desarme
En este escenario, el papel de las Autodefensas es más confuso que nunca. El Gobierno Federal ha ordenado el desarme obligatorio para 2026. Sin embargo, en la Meseta Purépecha, las comunidades como Cherán defienden sus “Kuarichas” como el único escudo contra la tala clandestina.
En la Costa y Tierra Caliente, la línea entre autodefensa y brazo armado de un cártel se ha borrado. El Ejército ha desmantelado 22 campamentos criminales en 2025 que operaban bajo el estandarte de “defensores del pueblo”.
Michoacán vive una aparente paz que no se refleja en las calles. Los homicidios bajan, pero la extorsión persiste. Con un 80% de percepción de inseguridad, el desafío de 2026 trasciende el patrullaje; exige romper el control financiero del narco sobre un estado donde, hasta ahora, el silencio de las víctimas sigue siendo la norma.
