Frontera norte de México: el despliegue federal frente a la expansión del crimen organizado

La narrativa oficial, centrada en el éxito de la Operación Frontera Norte, presume cifras que, en el papel, sugerirían un desmantelamiento masivo del crimen. Sin embargo, en ciudades como Tijuana, Reynosa o Ciudad Juárez, la violencia y el control territorial de los cárteles siguen permeando.

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De acuerdo con reportes gubernamentales, entre 2025 y principios de 2026 se han asegurado más de 114 mil kilogramos de droga y 7,903 armas de fuego, además de la detención de casi 10 mil personas vinculadas a la delincuencia organizada. No obstante, en la franja fronteriza estos resultados contrastan frente a la capacidad de regeneración de las estructuras criminales.

Desde el 5 de febrero de 2025, el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fue presentado como una ofensiva decisiva para recuperar el control en 18 puntos críticos de la frontera norte. A un año del inicio de la operación, el balance en el terreno refleja un escenario más complejo.

El control criminal del territorio fronterizo

En la lógica criminal se traza una línea desde las costas del Pacífico en Baja California hasta las desembocaduras del Golfo de México en Tamaulipas. El territorio no se divide por estados o municipios, sino por zonas de control delictivo definidas por la logística del tráfico y el cobro de piso.

El 2025 se marcó la consolidación de retenes, “cobro de piso” y una vigilancia tecnológica que en ocasiones supera a la de las autoridades locales.

En el extremo occidental, Baja California y específicamente la ciudad de Tijuana, sigue siendo el epicentro de la violencia que se ha normalizado. Aquí se libra una guerra cotidiana entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta disputa ha convertido a las colonias populares en zonas de exclusión donde el patrullaje oficial no aligera la tensión.

Ciberextorsión y centros de estafa en Ciudad Juárez

En el estado de Chihuahua, el registro de actividades delictivas en 2026 muestra un desplazamiento hacia el uso de tecnologías de la información. Pese a los operativos de las fuerzas federales, se ha detectado la proliferación de centros de estafas telefónicas en Ciudad Juárez.

En estos inmuebles, personas bajo retención ilegal, incluyendo migrantes con habilidades técnicas o lingüísticas, son obligadas a realizar fraudes financieros, hackeos y estafas de inversión.

Esta infraestructura utiliza sistemas de enmascaramiento de dirección IP y tecnología de interferencia de señales para dificultar su localización. Los reportes de inteligencia indican que los ingresos generados por estas células en Juárez han igualado a los obtenidos por el tráfico de sustancias en sectores específicos, debido a la reducción del riesgo de confrontación física.

No obstante, las unidades de policía cibernética en la frontera reportan limitaciones en su capacidad de respuesta para desarticular estos nodos informáticos que cuentan con seguridad armada permanente.

Túneles y logística subterránea en Sonora

En la región de Sonora, las investigaciones de 2025 documentaron un incremento en la complejidad de la ingeniería subterránea. En Nogales y San Luis Río Colorado, se localizaron túneles que integran sistemas de ventilación automatizada, rieles electrificados para el traslado de carga e iluminación LED.

Un hallazgo registrado en enero de 2026 identificó un túnel equipado con fibra óptica para comunicaciones internas, permitiendo la coordinación de trasiegos sin el uso de radiofrecuencias interceptables por el Ejército.

Mientras la Operación Frontera Norte concentra su presencia en garitas y puntos de revisión terrestres visibles, los registros indican que la logística de precursores químicos y fentanilo se realiza a través de estos pasos subterráneos que operan fuera del alcance de los sistemas de vigilancia superficial.

Extorsión y control económico en Tamaulipas

En el noreste del país, específicamente en Tamaulipas, el control del Cártel del Noreste (CDN) y facciones del Cártel del Golfo (CDG) se extiende a la administración de actividades económicas básicas. La extorsión se aplica de manera sistemática, gravando desde insumos de consumo básico hasta el transporte de carga comercial en las aduanas.

Esta actividad genera un aumento en los precios de la canasta básica en la entidad. El “cobro de piso” es una condición vigente para la operación de comercios locales y empresas maquiladoras de gran escala.

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Percepción de inseguridad

Según datos del INEGI, la percepción de inseguridad en ciudades fronterizas como Reynosa y Ciudad Obregón se sitúa en el 74% y el 88%, respectivamente. Estas cifras coinciden con reportes ciudadanos sobre la modificación de conductas cotidianas; más del 50% de la población evita salir después de las 20:00 horas o portar objetos de valor por temor a inspecciones en retenes no oficiales.

En los espacios públicos, se reporta la presencia de personas dedicadas a la vigilancia criminal (halconeo), cuya capacidad de monitoreo de las fuerzas federales contrasta con la cobertura de los sistemas de videovigilancia institucional.

El uso de fusiles calibre 50 y drones de ataque equipados con cámaras térmicas es frecuente en Sonora y Tamaulipas. Estos grupos realizan labores de vigilancia aérea que les permiten anticipar el despliegue de la Guardia Nacional hacia sus objetivos operativos.

Mientras el gobierno reportó la incautación de 561 kilos de fentanilo en 2025, en las ciudades fronterizas se ha detectado un incremento en la disponibilidad de pastillas de manufactura local.

La región fronteriza presenta estructuras de gobierno paralelo que mantienen el control territorial y económico.

Los sistemas de extorsión, ciberdelincuencia y logística subterránea permanecen operativos.