Acusan a Lenia Batres de despedir injustificadamente a empleados de base

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha iniciado una serie de despidos de personal de base bajo un procedimiento cuestionado por los afectados de acuerdo con información publicada por la columnista Jeanette Leyva Reus en el diario El Financiero.

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La denuncia señala que tres abogados, quienes anteriormente pertenecían a la ponencia desaparecida del ministro Alberto Pérez Dayán, fueron dados de baja recientemente tras haber sido reasignados al equipo de trabajo de la ministra Batres.

El conflicto se originó cuando, según los testimonios recabados, los secretarios de la ponencia instruyeron a los funcionarios a realizar home office durante la semana del 2 al 6 de febrero de 2026. No obstante, un actuario notificó a los trabajadores su despido, argumentando que habían acumulado faltas injustificadas durante toda la semana previa.

Ante esta situación, los afectados acudieron a su representación gremial, pero la información difundida señala que la ministra se negó a recibir a los integrantes del Sindicato.

Inconsistencias en el proceso de despidos y falta de respuesta sindical

Mediante un oficio oficial con fecha del 12 de febrero de 2026, la ponencia de la ministra Batres formalizó la baja de las plazas alegando "repetidas faltas injustificadas" a las labores técnicas y una supuesta deficiencia en el desempeño de los servicios.

El documento justifica la medida señalando que estas omisiones generaron un retraso en las labores jurisdiccionales y asegura que las inconsistencias fueron detectadas por el área de recursos humanos.

Se señala que no se inició el procedimiento correspondiente marcado en las condiciones generales de trabajo, las cuales establecen la obligación de notificar formalmente cualquier falta al cuarto día para permitir la defensa del trabajador.

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Al omitirse este procedimiento legal y optar por una notificación de baja directa, se ha generado una controversia sobre la posible responsabilidad administrativa en la que podría incurrir la ponencia.

Los trabajadores de base argumentan que el uso de la figura de "pérdida de confianza" para remover personal con derechos adquiridos contraviene la normativa laboral vigente del Poder Judicial de la Federación.