Señalamientos por crimen organizado alcanzan a legisladores de Morena y MC

En la LXVI Legislatura, diversos perfiles políticos han sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de autoridades federales y agencias internacionales debido a presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

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Los reportes, que integran datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detallan redes de colaboración que involucran a legisladores con líderes de células delictivas y estructuras de financiamiento ilícito.

De acuerdo con información del portal Narcopolíticos, estos señalamientos se sustentan en documentos filtrados, redes de vínculos elaboradas por fuerzas armadas y registros de inteligencia financiera que vinculan a representantes de Morena y Movimiento Ciudadano con supuestas actividades criminales.

Néstor Camarillo: Vínculos con la red de “El Toñín” en Puebla

El senador por Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, ha sido identificado por seis autoridades federales como uno de los principales integrantes de la organización criminal liderada por Antonio Martínez, alias “El Toñín”.

Según los informes, esta relación se documentó durante su gestión como alcalde de Quecholac, de 2014 a 2018, y su dirigencia en el PRI en Puebla.

Un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrado a través de Guacamaya Leaks, señala a Camarillo como un “integrante principal” de la red huachicolera en el llamado Triángulo Rojo.

El informe, elaborado por el Coronel de Infantería Valdemar López López, también vincula al legislador y a su entonces director de Seguridad Pública, Pascual Mirón Nabor, con “posibles vínculos” con “El Tigre”, miembro de Los Zetas.

Respecto a las investigaciones en su contra en el pasado, el hoy senador Néstor Camarillo declaró lo siguiente:

“El que nada debe, nada teme. Sabemos de la investigación, nos lo dijo Diodoro Carrasco en noviembre del 2016 y pues la situación se está investigando y está bien. Estamos tranquilos”, precisó en aquel momento.

Carlos Lomelí: Historial con la DEA y el control de precursores

El senador por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, cuenta con un historial de señalamientos por parte de autoridades estadounidenses que lo vinculan con el suministro de precursores químicos y lavado de dinero.

En 2010, Lomelí fue interrogado en Texas, donde admitió ante autoridades de ese país haber mantenido relaciones comerciales con el Cártel de Sinaloa para la venta de Lovarin-P, utilizado en la fabricación de metanfetaminas.

Para evitar un juicio en el extranjero, el hoy legislador entregó bienes por 2.7 millones de dólares al gobierno de EUA y firmó un acuerdo de cooperación con la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos).

Pese a este antecedente, en 2017 fue vinculado nuevamente a una red de blanqueo de capitales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de la empresa Servicios Educativos y de Negocios, sociedad que omitió reportar en su declaración patrimonial.

Investigaciones de Latinus revelaron que empresas relacionadas con él, como Laboratorios Solfran y Abisalud, obtuvieron contratos por más de 420 millones de pesos del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) mediante adjudicaciones directas entre mayo y junio de 2025.

Aún y pese a las investigaciones, actualmente, Carlos Lomelí se desempeña como presidente de la Comisión de Marina en el Senado de la República.

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Olga Sosa: Investigaciones por huachicol fiscal en Tamaulipas

La senadora por Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, se encuentra bajo el escrutinio de autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de financiamiento político con recursos provenientes del contrabando de combustible.

De acuerdo con reportes de NBC News, la legisladora figura en una lista de políticos investigados por el presunto uso de dinero de la organización de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”.

Documentos de la serie Nación Criminal revelaron que la madre y la tía de la senadora realizaron transacciones de dólares a pesos por más de 61 millones de pesos semanas antes de la elección de 2022.

Estas operaciones se efectuaron a través de Vector Casa de Bolsa, institución señalada por el Departamento del Tesoro por riesgos en materia de lavado de dinero y que era presidida honorariamente por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la senadora justificó una de las transacciones como una herencia, no presentó pruebas documentales del origen de los recursos.

Según la información, la situación de la legisladora habría generado tensiones diplomáticas, ya que supuestamente figura en una lista negra enviada a Palacio Nacional por el Departamento de Estado estadounidense.