Diputada denuncia amenazas tras voto contra reforma electoral

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció actos de intimidación política tras la aparición de mantas en diversos puntos del estado de Oaxaca, en las cuales se exhibe públicamente a los legisladores que votaron en contra de la reforma electoral.

Cruz Jiménez calificó estas acciones como un “grave atentado contra la vida democrática" y señaló que el voto parlamentario no debe ser objeto de persecución ni estigmatización.

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Según sus declaraciones, las mantas replican una lógica similar a la de las "narcomantas" para amenazar a las y los representantes desde el anonimato.

“Cuando se utilizan mantas anónimas para exhibir a legisladores por el sentido de su voto, se está trasladando a la arena política una práctica que es completamente incompatible con la democracia”, afirmó la legisladora.

Asimismo, dirigió un mensaje directo al gobernador del estado Salomón Jara, asegurando que los integrantes de su bancada, incluidos Margarita García, Maribel Martínez y Alejandro López, no se dejarán intimidar por estos actos.

Reforma electoral es rechazada en el Congreso y Presidencia alista un ‘Plan B’

El rechazo a la reforma electoral se consumó en la Cámara de Diputados luego de que Morena no lograra alcanzar la mayoría calificada, debido a que sus aliados, el PT y el PVEM, votaron en contra del proyecto original.

Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum anunció el envío de una propuesta alternativa conocida como ‘Plan B’.

Este nuevo paquete de reformas a las leyes secundarias se centrará en tres ejes fundamentales: la disminución de privilegios en Congresos locales y municipios, y el fortalecimiento de la consulta popular. Entre los puntos clave destacan la imposición de topes presupuestarios a las legislaturas estatales y la reducción del número de regidores en los ayuntamientos.

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La mandataria federal confirmó que el ‘Plan B’ será enviado al Congreso de la Unión el próximo lunes. La iniciativa también buscará que temas electorales y el financiamiento a los partidos puedan ser sometidos a consulta pública, además de proponer que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año del periodo de gobierno.