Lilly Téllez propone reforma para tumbar partidos y elecciones por nexos con el narco

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para impedir y sancionar la infiltración del crimen organizado en procesos electorales.

A través de redes sociales, la legisladora advirtió la necesidad de fortalecer el marco legal en México para “erradicar la narcopolítica”.

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“México necesita un marco legal sólido y eficaz para erradicar la narcopolítica y proteger nuestra democracia constitucional”, escribió.

En la exposición de motivos del proyecto, la senadora de Acción Nacional aseguró que la “democracia constitucional mexicana enfrenta una de sus mayores amenazas desde su transición democrática”.

Cancelación de partidos por vínculos con el crimen

El proyecto establece que con una sentencia se podrá cancelar de manera inmediata el registro de un partido político si se acredita que sus dirigencias o candidatos mantuvieron relaciones o vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

“Queda absolutamente prohibida la intervención, financiamiento, apoyo o subordinación de partidos políticos por parte de organizaciones criminales o de la delincuencia organizada”, propone.

La iniciativa también propone facultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para suspender actividades de partidos de manera preventiva, a solicitud del Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía General de la República.

Elecciones podrían anularse por intervención del crimen

La iniciativa impulsada también propone la nulidad automática de elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

“La intervención comprobada de la delincuencia organizada en cualquier etapa del proceso electoral, incluyendo el financiamiento de campañas, la coacción del voto, las amenazas a candidatos o funcionarios electorales, o la violencia generalizada que afecte el desarrollo de la jornada electoral”, propone la iniciativa.

También se contempla como causa grave: “La recepción o uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.

El proyecto establece que la reincidencia en violaciones graves a la fiscalización durante un mismo proceso electoral podría conducir a la anulación de la elección y la convocatoria a nuevos comicios.

De acreditarse dichas conductas, se procedería a la nulidad de la elección y se llamaría a una elección extraordinaria en un plazo máximo de sesenta días.

“La consecuencia es la nulidad de la elección y la convocatoria a una elección extraordinaria en un plazo no mayor a sesenta días”, propone el proyecto.

INE y FGR tendrían más facultades para investigar

La propuesta también busca fortalecer las capacidades del INE y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL).

Se plantea que el INE deberá actuar de inmediato cuando detecte recursos ilícitos en campañas, dando aviso al Ministerio Público y brindar la información que dispone.

“El INE cuando existan indicios fundados de que los recursos utilizados en campañas provienen de actividades ilícitas tendrá la obligación de dar vista inmediata al Ministerio Público Federal y proporcionar toda la información disponible”.

También se incorpora un párrafo que otorga a la FISEL la facultad y obligación de iniciar investigaciones ante posibles vínculos con el crimen organizado por parte de partidos políticos o candidatos en tiempos electorales.

“La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) tendrá la obligación de investigar de oficio, de manera prioritaria, inmediata y exhaustiva cualquier denuncia, indicio o noticia criminal sobre posibles vínculos entre candidatos o partidos con la delincuencia organizada”.

La iniciativa también fija un plazo máximo de 60 días para determinar si se ejerce acción penal en contra del involucrado con el crimen organizado.

Uso de programas sociales también sería causa de nulidad

La reforma también incluye cambios para prohibir el uso electoral de programas sociales, apoyos gubernamentales o cualquier otro recurso que sea utilizado con fines electorales o cuenten con la intención de favorecer o perjudicar partidos políticos, candidatos o ciudadanos.

“Queda prohibido, bajo cualquier modalidad, el uso de programas sociales, subsidios, apoyos gubernamentales o cualquier otro recurso público con fines electorales o para favorecer o perjudicar a partidos políticos, candidatos o ciudadanos en el contexto de un proceso electoral”.

De comprobarse esta práctica, también sería motivo para anular una elección.

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“La comprobación por autoridad competente del uso indebido de programas sociales con fines electorales, en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria, será causa de nulidad de la elección correspondiente, conforme al sistema de nulidades previsto en el artículo 41, Base VI, de esta Constitución“, propone el documento.