
Foto: Waldo Fernández
Waldo Fernández enfrentaba un proceso legal en contra de la exfuncionaria local por extorsión y falsedad de declaraciones

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aceptó un acuerdo con la exfuncionaria de la alcaldía de Monterrey, Karina Barrón, con quien enfrentaba un proceso penal por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.
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A través de una suspensión condicional, tanto Barrón como Débora Berenice Rodríguez Velasco y Gustavo García Rojo, emitieron disculpas públicas para el funcionario federal, además de acordarse un reembolso para el legislador por más de 3 millones de pesos.
En conferencia de prensa, Fernández leyó las cartas de disculpa emitidas por los responsables, las cuales compartió en sus redes sociales.
“La guerra sucia tiene consecuencias legales. Hoy se sienta un precedente histórico: quienes intentaron destruirme con un delito fabricado tuvieron que admitir su culpa ante la justicia. La mentira y el montaje político ya no gozan de impunidad en México. Defendí mi nombre y el de mis hijos; la verdad siempre sale a la luz”, posteo el senador regiomontano.
Walter de Ochoa, abogado de la defensa de Fernández, precisó que “esta resolución no es un perdón”, sino una salida alterna que mantiene el proceso suspendido por 18 meses.
Durante este periodo, los implicados tendrán prohibido participar en contiendas políticas, por lo que no podrán postularse para las elecciones de 2027.
Además, deberán evitar contacto con la víctima, tomar cursos de sensibilización y publicar spots en medios digitales para concientizar sobre el daño de las denuncias falsas y el uso adecuado de los mecanismos legales.

Waldo Fernández fue enfático en señalar las graves omisiones de la Fiscalía de Nuevo León, acusando a la institución de participar en el montaje para descarrilar su candidatura 10 días antes de las elecciones de 2024.
Denunció que el Ministerio Público “aceptó una denuncia anónima sin exigir dictámenes periciales, médicos ni psicológicos".
Como parte de las medidas de no repetición, el juez emitirá un oficio obligando a la Fiscalía a mejorar sus protocolos ante denuncias falsas.
Por su parte, Fernández aseguró que la investigación no ha terminado y que buscará llegar hasta las últimas consecuencias legales contra el MP que validó la denuncia “burdamente amañada”.