SCJN frena a Xcaret por uso de símbolos mayas en su publicidad

Grupo Xcaret recibió un revés en la Suprema Corte y ya no podrá seguir usando elementos del patrimonio cultural del Pueblo Maya en la publicidad de sus hoteles y parques mientras se resuelve el juicio que mantiene con el Instituto Nacional del Derecho de Autor -INDAUTOR-.

La decisión se tomó al concluir que el contrato presentado por la compañía no era suficiente para sostener una suspensión provisional. Para la mayoría del Pleno, ese documento no ofrecía una base legal sólida para mantener vigente la medida a favor de la empresa.

El caso comenzó cuando INDAUTOR dictó medidas cautelares contra Xcaret y ordenó el retiro de material promocional relacionado con esos elementos culturales. Más tarde, un juzgador frenó esa medida al considerar que la empresa contaba con una autorización del llamado Gran Consejo Maya.

Al revisar el asunto, la Corte resolvió que ese acuerdo no basta para acreditar el consentimiento del Pueblo Maya en su conjunto. La ministra ponente, María Estela Ríos González, sostuvo que no se puede asumir que un contrato con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo represente a todas las comunidades mayas asentadas en la península de Yucatán, integrada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se ubican mil 24 comunidades.

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La propuesta fue aprobada por siete votos contra dos, en medio de un debate amplio en el Pleno. La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció por mantener la suspensión al argumentar que la empresa sí reunía los requisitos legales y que existía un contrato de transición por cinco años con una contraprestación de 15 millones de pesos, además de que retirar la publicidad causaría una afectación inmediata a la compañía.

La mayoría de la Corte sostuvo un criterio distinto y dio mayor peso a la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas frente al interés comercial de una empresa privada.

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En la discusión también se recordó que la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 reconoció el derecho de los pueblos indígenas a decidir libremente sobre su patrimonio cultural, así como a preservarlo, protegerlo y desarrollarlo. Ese reconocimiento también les da la titularidad de su propiedad intelectual colectiva y va en línea con estándares internacionales sobre identidad y autodeterminación de las comunidades.