Desaparecer dos veces

Caminando en un páramo reseco en el que apenas asoman unos raquíticos huizaches desde el suelo cuarteado por la sequía, con el rostro serio, la capucha de la sudadera negra calzada hasta las cejas, sus manos con guantes quirúrgicos sostienen un fémur humano.

“Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos”, son las palabras de Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en el video que grabó el día que encontró los restos de su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino.

Cecilia se ha convertido en una de las imágenes más visibles de la actual crisis de desaparecidos en nuestro país que el gobierno de México ha decidido abordar como un problema de narrativa y no como una emergencia social. Más importante lo que se dice de su actual gobierno que localizar y castigar la desaparición de cientos de miles.

Aún cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU investiga este fenómeno en México desde 1980, fue en este 2026 cuando decidió activar el Artículo 34 de la Convención Internacional en la materia y llevar el caso a la Asamblea General por la probable comisión de delitos de lesa humanidad ya que “las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada y sistemática, a menudo con apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos locales y en un contexto de impunidad”.

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No es la primera vez que México rechaza el informe del Comité y que debate sus cifras de 133 mil desaparecidos y más de 72 mil restos humanos sin identificar a la fecha.

En junio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó realizar un censo a través de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada para verificar las cifras ya que aseguraba que “estaban infladas”.

Tras una búsqueda casa por casa, con llamadas telefónicas y cruces de bases de datos el gobierno anunció una reducción drástica en los registros de desaparecidos y una reclasificación de casos con el objetivo de que no se responsabilizara a su administración de más de la mitad de los incidentes; incluso inventaron una nueva categoría: Algunas personas dejaron de ser desaparecidas para convertirse en “no localizadas”.

La metodología poco clara y la intención oficial de matizar las cifras llevaron a la renuncia de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de búsqueda denunciaron que durante este censo que pretendía dar certeza, se presentaron desaparición de formatos, cuestionarios perdidos, otros fueron vueltos a hacer a mano, falsificación de firmas tanto de familiares de víctimas como de funcionarios. Un proceso completamente desaseado encabezado por las Secretaría de Gobernación y la de Bienestar.

Claudia Sheinbaum emprendió una tarea similar una vez iniciado su mandato. Lo importante no es localizar a los desaparecidos, sino transformar la cifra de 133 mil desaparecidos en un número menos impactante, y lo más importante, cambiar el discurso que señala la gestión de la 4T como la responsable de más de la mitad de estos casos.

Después de casi un año al frente de la administración federal y tras posponer en varias ocasiones la presentación de “un nuevo censo”, la titular del Ejecutivo presentó en su conferencia mañanera una nueva clasificación.

De un plumazo borraron 46 mil registros con el pretexto de que no había datos suficientes para una investigación, de 40 mil otros se dijo que habían tenido alguna actividad tras haber sido reportados como desaparecidos y así redujeron la cifra a tan solo 43 mil casos activos sin rastro.

Esta semana Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a declarar una Emergencia Nacional por la crisis de desapariciones forzadas y respaldó la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas ante la magnitud del problema que, para colmo, tiene una tasa de impunidad del 99.6% y los mejores resultados de localización de fosas clandestinas y restos humanos por parte de colectivos y no de autoridades.

Amnistía Internacional desafió también el discurso oficial que atribuye las desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado, aún cuando hay denuncias y evidencias que en muchos casos los grupos criminales operan con la anuencia, complicidad u omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Elevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU no pretende juzgar o castigar al gobierno nacional, ya que no se trata de un proceso jurisdiccional. De lo que sí se trata es de visibilizar y proteger a las familias y más de 5 mil 300 colectivos de buscadores, apoyar con cooperación técnica y financiera, además de asistencia especializada para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas y allegar al estado mexicano recursos para la identificación de los más de 72 mil restos humanos localizados.

Cada uno de esos 133 mil registros es una persona, una vida truncada, una familia sin consuelo, una historia sin justicia. Desaparecieron una vez dejando pocos rastros tras de sí. Sería absolutamente injusto que los desaparezcan una segunda vez, tan solo por la necedad de justificar una narrativa.