El ‘Clan Cuéllar’ en Tlaxcala: Familiares de la gobernadora controlan 1.5 mdp del erario

La Cuarta Transformación presenta una nueva controversia. La administración de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, enfrenta cuestionamientos por presunto nepotismo pues al menos cuatro familiares tienen cargos de alto nivel y tendrían el control de mil 500 millones de pesos del erario público.

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De acuerdo con una investigación de Latinus, la injerencia que tiene el círculo cercano de la mandataria estatal, emanada de Morena, ha generado críticas de la oposición por el posible uso de estos fondos con fines políticos.

Control presupuestal en organismos de asistencia

Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, hijas de la gobernadora, presiden áreas clave de la política social:

• Mariana se desempeña como presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual cuenta con un presupuesto aprobado de 602 millones de pesos para este año.
• Fernanda lidera el Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, instancia que no opera únicamente de forma administrativa, sino que funciona como el máximo órgano consultivo y de coordinación del bienestar en el estado.

Esta oficina concentra el gasto público más robusto en Tlaxcala para el ejercicio 2026, con una asignación de 617 millones de pesos.

A su vez, en el ámbito jurídico, el reportaje destaca que Antonio Flores Sánchez, esposo de Fernanda Espinosa de los Monteros, recibió la patente de la Notaría No. 3 el 27 de agosto de 2021. Esta concesión ocurrió apenas tres días antes de que su suegra, Lorena Cuéllar, tomara posesión del cargo como titular del Ejecutivo estatal.

Gabinete estatal y beneficios notariales

A la estructura familiar se suma Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo y esposo de Karina Cuéllar, hermana de la gobernadora.

El funcionario percibe un salario mensual de 80 mil pesos y encabeza una dependencia con un presupuesto de 73 millones de pesos.

Asimismo, Luis Antonio Ramírez Hernández, ahijado de la gobernadora, funge como secretario de Gobierno con un sueldo bruto de 90 mil pesos mensuales, cargo al que accedió tras una reforma constitucional local que permitió su nombramiento pese a ser originario de Morelos.

Disparidad de recursos y fiscalización

La investigación enfatiza que, bajo el presupuesto de egresos vigente, los titulares y encargados de estas áreas son los responsables directos del ejercicio del gasto, lo que coloca la operación de los recursos bajo escrutinio público.

Finalmente, se reporta una marcada disparidad entre los fondos manejados por el entorno familiar de la gobernadora y otras dependencias prioritarias.

Mientras el DIF y el Comité de Bienestar superan individualmente los 600 millones de pesos, instituciones como la Secretaría de las Mujeres apenas cuentan con una partida de 30 millones de pesos para su operación anual.