García Luna acusa al gobierno de AMLO de intimidar a testigos y obstaculizar su defensa

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó un escrito de réplica ante una Corte de Apelaciones en Nueva York insistiendo en la cancelación de su juicio y de la condena por narcotráfico impuesta en su contra.

De acuerdo con una investigación publicada por Milenio, la defensa del exfuncionario sostiene que el gobierno de México, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, obstaculizó activamente su proceso legal al intimidar a posibles testigos y estrangular financieramente a su entorno cercano.

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La defensa alega “persecución estatal” y miedo entre los testigos

El abogado defensor, César de Castro, argumentó que el gobierno mexicano convirtió a García Luna en un “enemigo de Estado”, lo que generó un clima de temor que impidió que personas con información relevante declararan a su favor durante el juicio.

Según el litigante, cualquier individuo en México que hubiera intentado ayudar a la familia de García Luna corría el riesgo de ser detenido.

“Los desafíos para la defensa fueron enormes. Cualquier testigo que pudiera haber recordado algo estaba bajo la amenaza de arresto si ayudaba a García Luna o a su familia”, indicó De Castro en el documento presentado ante la Corte.

A esto se sumaron las limitaciones financieras derivadas de los bloqueos ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La defensa asegura que la familia del exsecretario perdió acceso a sus bienes y al sistema bancario en México, lo que dificultó la contratación de investigadores y la localización de pruebas antes de que se dictara la sentencia.

Pruebas de presunto perjurio y el papel de la DEA

Un punto central de la apelación es la existencia de supuesta evidencia “irrefutable” de que los testigos estrella de la fiscalía cometieron perjurio (mentir bajo juramento). La defensa se refiere específicamente a los testimonios de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, y Francisco Zavaleta, exagente federal.

• Contradicciones temporales: La defensa afirma tener documentos que demuestran que los eventos narrados por los testigos, como un supuesto secuestro de García Luna por parte de Arturo Beltrán Leyva, son cronológicamente imposibles.
• Información de la DEA: El escrito revela que, tras el juicio, la defensa fue contactada por exagentes de la DEA que se presentaron voluntariamente. Estos agentes habrían proporcionado evidencia de que Héctor Villarreal seguía delinquiendo mientras colaboraba con el gobierno de Estados Unidos, información que supuestamente los fiscales ocultaron.

Además, los abogados insisten en que se omitieron pruebas que favorecían a García Luna, como documentos que acreditaban que su perfil fue validado y certificado por agencias de seguridad estadounidenses durante su gestión.

La respuesta de Estados Unidos y los próximos pasos

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado que se desestime la apelación. Los fiscales argumentan que la defensa no cumplió con la “debida diligencia”, señalando que las supuestas nuevas pruebas pudieron haberse presentado durante el juicio original en la Corte de Brooklyn.

Consideran que los argumentos de la defensa son improcedentes y extemporáneos.

César de Castro negó negligencia y justificó el retraso debido a la pandemia de COVID-19 y a los obstáculos políticos en México. Según explicó, los testigos tenían “demasiado miedo” y solo aceptaron hablar una vez concluido el proceso inicial.

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¿Qué sigue en el caso?

Con este documento se cierra la etapa de argumentos escritos. El futuro de Genaro García Luna dependerá ahora de:

1. Audiencia oral: Se espera que se programe antes del mes de septiembre.
2. Resolución: Un grupo de tres magistrados analizará los alegatos. Las opciones finales son dos: desechar la apelación definitivamente o, en un escenario favorable para el exsecretario, ordenar la reposición del juicio.