Foto: Cuartoscuro
Sector por sector: así controla el crimen organizado la economía de México
La inseguridad ya no sólo se mide en violencia: está golpeando directamente la economía.El crimen organizado encarece alimentos, frena inversiones y obliga al cierre de negocios.
Salvador Maceda
Publicada: abr 21 a las 07:00, 2026
El avance del crimen organizado ya no sólo se refleja en la violencia, sino en el cierre de negocios, la caída de inversiones, el freno a obras, el encarecimiento de alimentos, la presión sobre las cadenas de suministro y el golpe directo al patrimonio de millones de familias.
El daño alcanza al campo, al transporte, al comercio, a la minería, al turismo, a la construcción, a la industria tabacalera y a la inversión extranjera, en un escenario donde las cuotas, el contrabando, el control de precios y la intervención sobre mercados legales han convertido a la inseguridad en un costo estructural para la economía mexicana.
En 2024, los costos del delito representaron 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y afectaron al 29.0 por ciento de los hogares del país.
Las pérdidas ascendieron a 269.6 mil millones de pesos, con un promedio de 6,226 pesos por persona afectada, al sumar pérdidas materiales y gastos en medidas preventivas.
Para el ciclo 2025-2026, el costo de la inseguridad ya se estima en 2.8 por ciento del PIB nacional, con empresas que desvían recursos de inversión a gasto de supervivencia y seguridad privada.
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Golpe directo a los hogares
La primera afectación está en la economía familiar. Fraude, asaltos en la calle, robos en transporte público y extorsiones han obligado a millones de personas a absorber pérdidas directas y a gastar más en protección.
Ese impacto ya alcanzó a casi tres de cada diez hogares del país y elevó la factura nacional del delito a 269.6 mil millones de pesos en 2024, de acuerdo con el cruce de información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI
Ese daño no sólo reduce el ingreso disponible de las familias. También se traduce en una presión sobre el conjunto de la economía nacional, porque el costo del delito ya equivale a 1.07 por ciento del PIB en un solo corte anual y, en la medición más reciente del ciclo 2025-2026, el costo total de la inseguridad se ubica en 2.8 por ciento del producto nacional.
El sur resiente el freno en construcción y turismo
La construcción y la obra pública en la región sur registraron un desplome severo. En el cuarto trimestre de 2025 se reportó una caída anual de 42.9 por ciento, después de otra baja de 48.1 por ciento en el trimestre previo.
El deterioro afecta a Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y otras entidades del sur, con cancelación de proyectos, pérdida de competitividad y un freno a nuevas carreteras, hoteles y zonas industriales.
A ese retroceso se suman los subejercicios presupuestales estatales, pero el problema de fondo es que la inseguridad está frenando la inversión fija en regiones donde el riesgo criminal ya pesa sobre las decisiones económicas.
En turismo, la afectación también quedó reflejada en el último tramo de 2025. La actividad turística internacional en la región sur cayó 2.3 por ciento anual en el último trimestre, luego de una contracción de 5.9 por ciento en el trimestre previo.
El impacto se tradujo en menor captación de divisas y en una disminución del flujo de viajeros extranjeros hacia el Caribe Mexicano y las costas de Guerrero y Oaxaca. La razón central es la percepción de inseguridad ligada a la violencia criminal, agravada por las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos.
Extorsión que recorta ganancias, cierra negocios y borra empleos
En el comercio, la extorsión ya opera como una carga fija sobre negocios formales e informales. Las cuotas impuestas por grupos criminales merman al menos 20 por ciento de las ganancias de pequeños y medianos comercios, supermercados y actividades vinculadas al sector agrícola.
El cobro de derecho de piso se sostiene con amenazas de secuestro, homicidio o incendio de locales.Las cuotas van desde 500 hasta 50,000 pesos mensuales para un negocio pequeño, y pueden alcanzar hasta 1 millón de pesos al mes para cadenas de supermercados.
En Fresnillo, Zacatecas, una de las zonas marcadas por la guerra entre cárteles, cerraron dos de cada cinco negocios, lo que equivale al 40 por ciento. Ahí quebraron 1,600 empresas y se perdieron 10,000 empleos. Esas son estimaciones hechas por la Cámara Nacional de Comercio -CANACO- a través de su oficina en la entidad.
En el corte del ciclo 2025-2026, el pequeño comercio y las PyMEs aparecen con una afectación de 20 por ciento y pérdidas estimadas en 180,000 millones de pesos anuales. Es además el sector con mayor cifra negra, por la falta de denuncias ante un esquema de cobro criminal sistemático.
El campo bajo cuotas, control de cosechas y tierras inactivas
La agroindustria es uno de los sectores más presionados. En productos como aguacate y limón, la afectación se ubica entre 30 y 35 por ciento, con pérdidas estimadas de entre 2,000 y 2,500 millones de dólares al año.
El mecanismo de control es directo. Los cárteles imponen días de cosecha, fijan cuotas por tonelada y deciden a qué empacadoras se debe vender. Ese impuesto criminal encarece el producto y puede elevar el precio al consumidor hasta en 40 por ciento.
En Michoacán y Guerrero ya se registra un fenómeno de tierras inactivas. Productores prefieren dejar perder la cosecha antes que entregar el 40 por ciento de la utilidad al crimen organizado.
Carreteras bajo presión y transportistas al límite
El transporte de carga y la logística también están bajo asedio. La afectación en este sector se estima en 15 por ciento, con pérdidas de 7,000 millones de pesos mensuales.
El golpe proviene del robo con violencia y del cobro de derecho de paso en carreteras de Puebla, Veracruz y el Bajío, donde la interrupción de suministros ya altera el movimiento de mercancías y encarece la operación. A eso se suma un incremento de 200 por ciento en las primas de seguros para el sector.
El deterioro ha llevado a un punto crítico a las pequeñas y medianas empresas transportistas. Muchas están desapareciendo porque las aseguradoras ya dejaron de cubrir ciertas rutas consideradas de alto riesgo, lo que deja a las empresas sin patrimonio frente al primer robo.
Minería y materiales de construcción bajo presión criminal
La minería registra una afectación de entre 10 y 12 por ciento, con un impacto equivalente a 10 por ciento del flujo operativo. En Guerrero y Sonora, grupos armados controlan el acceso a minas y exigen pagos para no sabotear maquinaria o secuestrar al personal técnico.
La construcción y el inmobiliario también enfrentan una vía adicional de control criminal. En regiones del Estado de México y Michoacán, el crimen organizado domina la venta de materiales como arena, grava y varilla, impone precios inflados y prohíbe comprar a otros proveedores. En este sector, la afectación se ubica en 8 por ciento, con un costo equivalente a 5 por ciento del valor de obra.
Contrabando de tabaco y golpe fiscal al erario
La expansión criminal también alcanza al mercado legal de tabaco y a la recaudación de impuestos. En 2023, el contrabando ilícito ya representaba 20.4 por ciento del consumo nacional de cigarros, por encima del 18.8 por ciento registrado en 2021.
La pérdida para el erario se calculó en 13,500 millones de pesos tan sólo en 2021 por evasión de impuestos y normas. El esquema de operación incluye el contrabando desde Asia y control de venta nacional bajo una lógica de monopolio local.
Entre las organizaciones mencionadas en esta ruta aparecen el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico.
Inversión extranjera en retroceso
La violencia también está golpeando la captación de capital foráneo. La Inversión Extranjera Directa cayó 32.4 por ciento en Nuevo León, 32.1 por ciento en Sinaloa y 17.4 por ciento en Tamaulipas.
En Sinaloa, la inversión se limitó a 283 millones de dólares, su nivel más bajo en cuatro años después del repunte pospandemia. El freno está ligado al clima de violencia generado por enfrentamientos entre grupos delictivos, entre ellos Los Mayos y Los Chapitos, que han paralizado actividades industriales y profundizado la desconfianza de los inversionistas.
El riesgo alcanza también al nearshoring. El Departamento de Comercio de Estados Unidos advirtió que el costo de seguridad en estados como Zacatecas y Guanajuato anula ventajas competitivas para el traslado de plantas, lo que pone en riesgo inversiones por más de 35,000 millones de dólares.
Los grupos que ya no sólo disputan territorios, sino mercados
La expansión criminal ya no está limitada a rutas de droga o disputas armadas. Las autoridades de inteligencia financiera identifican que el CJNG y el Cártel de Sinaloa han pasado de la confrontación abierta a la administración de feudos económicos.
A la par, células regionales como la Familia Michoacana y facciones del Cártel del Golfo operan como recaudadores sobre productos de consumo básico como pollo, huevo y tortillas, con impacto directo en la inflación alimentaria.
El resultado es un sistema de cobro paralelo que invade mercados legales, encarece insumos, impone precios, controla ventas, condiciona cosechas, bloquea rutas y castiga a empresas que no aceptan las reglas criminales.
Una presión extendida sobre toda la actividad productiva
El impacto no está concentrado en un solo sector ni en un solo estado. Aparece en los hogares de todo el país, en el comercio de Fresnillo, en las carreteras de Puebla, Veracruz y el Bajío, en las minas de Guerrero y Sonora, en los materiales controlados en el Estado de México y Michoacán, en las cosechas de aguacate y limón, en la construcción y el turismo del sur, en el mercado tabacalero nacional, en la inversión extranjera de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, y en el riesgo creciente para el nearshoring en Zacatecas y Guanajuato.
La radiografía completa muestra un daño económico que ya combina pérdida de patrimonio, cierre de empresas, destrucción de empleo, menor captación de divisas, caída de inversión, encarecimiento de productos y control criminal sobre actividades legales que sostienen buena parte de la economía nacional.
