Controles de precios

Los controles de precios siempre han fracasado. Generan escasez y mercados negros, castigan la producción, y tarde o temprano elevan los precios. Lo hemos visto muchas veces en México y otros países.

Lo comprobó Richard Nixon, el autoritario presidente de Estados Unidos, que de 1971 a 1974 estableció controles de precios y salarios para supuestamente detener la inflación. La medida asombró porque no se esperaba que el país que con mayor ahínco defendía la libertad económica estableciera esta medida típica de las naciones socialistas. En un principio los controles fueron populares, ya que la gente quería que se eliminara la dolorosa inflación.

El economista estadounidense Thomas Sowell lo ha explicado: “Una de las lecciones para el éxito político del control de precios es que parte de sus costos quedan ocultos. Incluso las graves consecuencias de la escasez no pueden mostrar todo el panorama”.

Los controles de Nixon resultaron al final un desastre. Produjeron un desabastecimiento nunca visto en productos como la gasolina y la carne. Hubo también un deterioro de la calidad de los productos. Surgieron mercados negros. Quizá usted considere que cuando menos se habrá controlado la inflación, pero no: los controles no solo no la detuvieron, sino que la aumentaron y la hicieron coincidir con un estancamiento económico en un fenómeno doblemente doloroso conocido como “estanflación”.

En México también el gobierno ha recurrido a los controles de precios. Lo hizo Manuel Ávila Camacho con los controles de “rentas”, o alquileres, en la Ciudad de México que empezaron en los años cuarenta y que llevaron a un deterioro brutal de las viviendas del centro histórico. Lo intentaron presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo, también con resultados desastrosos. Pero parece que no aprendemos, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum lo está haciendo otra vez.

Hemos visto ejemplos en la tortilla y la gasolina. Aunque la presidenta Sheinbaum ha afirmado que en México no hay controles, la realidad ha sido otra. A los tortilleros que, por sus crecientes costos de gas, sueldo mínimo y otros, empezaron a elevar sus precios, la mandataria los amenazó con enviarles inspectores de la Profeco para buscarles cualquier irregularidad y cerrarles sus tiendas.

A los gasolineros, que subieron el precio del diésel por arriba del que la presidenta considera adecuado, la amenaza fue peor: les dijo que mandaría inspectores del SAT para buscarles irregularidades fiscales. Con la legislación impulsada por la 4T en materia fiscal, esto podría significar la cárcel a pesar de que no haya ninguna ley que establezca un control obligatorio de precios.

Como lo ha dicho el economista Sowell, el pueblo bueno y sabio no se da cuenta en un principio de las consecuencias dañinas de estos controles. De hecho, no falta quien aplauda los castigos a los “voraces” comerciantes.

El problema es que nadie invertirá en la producción de tortillas o en la distribución de gasolina si no pude obtener una rentabilidad razonable. La falta de inversión producirá escasez, mercados negros y aumentos de precios. No se requiere de mucho conocimiento de la economía para entenderlo.