Cárteles mexicanos reclutan exmilitares colombianos para elevar su letalidad

Los cárteles mexicanos han encontrado en exmilitares colombianos un perfil que les ahorra años de improvisación armada y les inyecta capacidades que no abundan en cualquier célula de sicarios.

Los buscan por su entrenamiento formal, por su experiencia en combate contrainsurgente, por su dominio de explosivos, por sus conocimientos en labores de inteligencia y por una combinación especialmente útil para el crimen organizado, hombres relativamente jóvenes que en muchos casos ya acumularon hasta dos décadas de carrera militar.

El Gobierno de México sostiene que existe un patrón de reclutamiento y ubica al CJNG como el principal captador, con casos también vinculados al Cártel de Sinaloa. Pero no hay hasta ahora una cifra oficial nacional cerrada sobre cuántos operan en el país.

Lo que sí existe es un mapa fragmentado pero contundente, 69 colombianos devueltos desde el AICM tras entrevistas de seguridad, 12 colombianos detenidos en Los Reyes, Michoacán, ocho más asegurados en Buenavista en 2023 con explosivos para drones, y reportes de inteligencia militar citados por la prensa que ya describían desde 2021 grupos de 26 y luego 18 colombianos listos para pelear en Michoacán.

La ventaja que vuelve codiciados a los colombianos

Lo que vuelve tan atractivos a estos perfiles no es solo que sepan disparar. Lo que están comprando los cárteles es experiencia real de guerra. La cobertura reciente documenta que son buscados por su manejo de explosivos, por su participación en tareas de inteligencia, por su disciplina operativa y por su conocimiento en combate contrainsurgente, un entrenamiento que en Colombia se formó durante décadas de conflicto interno.

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A eso se suma una variable clave, varios pueden retirarse jóvenes y con una hoja de servicio ya muy amplia, de modo que llegan al mercado criminal con preparación de élite y edad todavía operativa.

Esa ecuación coincide con el otro lado del negocio, la vulnerabilidad económica. En los testimonios recogidos por la prensa, las ofertas van desde 2 mil dólares mensuales con pagos semanales en efectivo hasta contratos por unos 16 millones de pesos colombianos al mes, equivalentes a alrededor de 73 mil pesos mexicanos. La captación se mueve por llamadas, WhatsApp y Telegram, y también bajo fachadas de seguridad privada. El gancho es simple, sueldos muy por encima del ingreso militar o de retiro en Colombia.

Los Reyes, el caso que hizo estallar la alarma

El episodio que expuso con mayor crudeza esta importación de fuerza militar ocurrió en Los Reyes, Michoacán. El 10 de junio de 2025, Omar García Harfuch informó que, tras la muerte de ocho elementos del Ejército por la explosión de una mina, fueron detenidas 17 personas, entre ellas 12 colombianos. La precisión oficial mexicana fue que nueve eran exmilitares y tres civiles con entrenamiento militar. Después, la verificación del Gobierno colombiano añadió otro dato relevante, 11 de esos 12 habían tenido relación previa con las Fuerzas Militares de Colombia.

El mensaje conjunto fue inequívoco, no se trataba de turistas atrapados al azar, sino de un patrón transnacional de reclutamiento.

Aunque el discurso oficial mexicano ha puesto el foco principal en el CJNG, el expediente de Los Reyes mostró que la mano de obra colombiana ya aparece también en otros frentes criminales.

Gustavo Petro y la cobertura posterior lo vincularon con el Cártel de Los Reyes, bajo el paraguas de Carteles Unidos, en una región donde la guerra territorial contra el CJNG ha empujado a las organizaciones locales a buscar combatientes más especializados.

El audio que destapa la oferta criminal

Hay un material que le puso voz a esta red y que merece un apartado propio. En los audios de WhatsApp revelados por El País, un exmilitar colombiano le habla a otro compatriota como quien ofrece una plaza laboral estable y no un lugar en una estructura criminal. Ahí aparece una frase demoledora, “el trabajo es fijo”.

También se presenta como parte del “Cartel Jalisco” y describe un entorno compuesto por comandos, fuerzas especiales y otros combatientes con experiencia previa. El valor de esos audios no está solo en el morbo. Está en que exhiben la normalización del reclutamiento, la familiaridad con la que se vende el ingreso al narco y el modo en que la guerra criminal mexicana ya se promociona entre veteranos extranjeros como una oportunidad profesional.

Los contactos no siempre dependen de intermediarios lejanos. En varios casos la captación ocurre directamente por teléfono e incluso con acceso ilegal a hojas de vida y números personales de militares colombianos.

Colombia detectó además la participación de por lo menos un integrante activo de sus Fuerzas Armadas en tareas de reclutamiento, según declaró su cónsul general en México.

Los casos más visibles que ya quedaron en la prensa

La secuencia no empezó con Los Reyes. En octubre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó oficialmente la captura de ocho colombianos en Buenavista.

El reporte estatal señaló que integraban una célula dedicada a fabricar explosivos para drones y que les aseguraron artefactos explosivos improvisados, cartuchos y un arma corta.

Ese episodio ya mostraba que la participación colombiana no se limitaba a ser fuerza de choque, sino que incluía transferencia técnica para una guerra con drones y artefactos improvisados.

A mediados de 2025 la prensa mexicana y extranjera ya no hablaba de un caso aislado. Documentos de inteligencia militar filtrados permitían rastrear presencia de mercenarios colombianos en Michoacán desde finales de 2021. En esos papeles se menciona un reporte del CENIF sobre 26 colombianos empleados en la pugna contra el CJNG y otro informe de enero de 2022 que hablaba de 18 colombianos “listos para mandarlos a trabajar”.

Guanajuato también entró al mapa. La propia cobertura periodística recogió alertas sobre presencia de “paramilitares colombianos, lanceros y explosivistas” y sobre la replicación del modelo por el Cártel Santa Rosa de Lima.

Ese dato dejó de ser solo rumor local cuando, en diciembre de 2025, la prensa reportó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó al CSRL el reclutamiento de exmilitares y exparamilitares colombianos para operar en Guanajuato en su guerra contra el CJNG.

Qué cárteles los buscan más

El primer lugar lo ocupa el CJNG. Eso lo sostienen de forma abierta las autoridades mexicanas y lo refuerzan tanto los casos de Michoacán como los audios del exmilitar que habla de trabajar para el “Cartel Jalisco”.

En segundo nivel aparece el Cártel de Sinaloa, mencionado por Harfuch como parte del patrón de reclutamiento. Después surgen organizaciones que la prensa y expedientes regionales han ido conectando con esta mano de obra, sobre todo el Cártel de Los Reyes dentro de Cárteles Unidos y el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.