
Foto: especial
El caso de Rocha Moya, aún en desarrollo, se inscribe en lista de los gobernadores que han solicitado licencia en la historia política

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia al cargo el 1 de mayo de 2026 en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República, derivada de señalamientos de autoridades estadounidenses por vínculos con el cártel de Sinaloa.
El caso no es aislado. En México, las licencias de gobernadores han estado ligadas a crisis de seguridad, escándalos de corrupción o conflictos de gobernabilidad. Aunque la figura es legal, su uso ha marcado puntos de quiebre en distintas administraciones estatales.
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En Político MX te compartimos, algunos de los antecedentes más representativos.
Rubén Rocha Moya se separó temporalmente del cargo tras una serie de acusaciones que lo vinculan, según autoridades estadounidenses, con actividades del cártel de Sinaloa. La decisión fue aprobada por el Congreso local, que designó a como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla, para garantizar la continuidad administrativa.
El mandatario sostuvo que se encuentra con la “conciencia tranquila” y que su salida responde a la necesidad de atender las investigaciones sin interferir en las funciones del gobierno estatal.

Sin embargo, el contexto en el que ocurre su licencia, marcado por la participación de autoridades extranjeras y el involucramiento de actores de seguridad, ha elevado el nivel de incertidumbre por las acusaciones por nexos con el crimen organizado.
Por ahora, su situación permanece abierta, con investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República, quien indicó que el caso carece de pruebas.
El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es uno de los precedentes más recientes. El 12 de octubre de 2016, Duarte anunció su separación del cargo argumentando que enfrentaría las acusaciones en su contra por corrupción.
En ese momento, le restaban apenas 48 días de mandato. Su salida fue presentada como un acto de responsabilidad política, pero rápidamente tomó otro rumbo. Tres días después, abandonó el estado y desapareció de la vida pública.

Para el 20 de octubre, ya era considerado prófugo y contaba con una ficha de búsqueda internacional de Interpol. La entonces Procuraduría General de la República lo investigaba por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su captura, el 15 de abril de 2017 en Guatemala, cerró un episodio que redefinió la percepción pública sobre el uso de la licencia como mecanismo político, al asociarla con la evasión de la justicia.
El caso de Rubén Figueroa Alcocer en Guerrero muestra cómo una crisis de derechos humanos puede derribar a un gobierno.
Tras la masacre de Aguas Blancas en 1995, su administración enfrentó un desgaste constante durante meses. El punto de quiebre llegó con la difusión de un video que evidenció la manipulación de la escena del crimen por parte de la policía.
La presión social y política escaló hasta que, en marzo de 1996, solicitó licencia definitiva. Su salida ocurrió tras una recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero, quien años después enfrentaría una crisis similar en el mismo estado.

En 2014, Ángel Aguirre Rivero dejó el gobierno de Guerrero en medio de una de las crisis más profundas en la historia reciente del país: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Aguirre solicitó licencia definitiva el 23 de octubre, casi un mes después de los hechos.
La decisión ocurrió ante las protestas nacionales, presión internacional por la llegada de grupos y comisiones en materia de derechos humanos y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y federales, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Ángel Aguirre fue señalado por presuntamente encubrir la desaparición de videos clave en el caso Ayotzinapa; hecho que rechazó y por el que ha sido señalado.
El entonces gobernador afirmó que su salida buscaba “favorecer el clima político” y permitir que las investigaciones avanzaran sin interferencias. Dos días después, el Congreso local aprobó la solicitud y nombró a un interino.

En conjunto, estos casos muestran que la licencia al cargo, aunque prevista en la ley, suele activarse en momentos de crisis. No se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de una decisión que redefine el equilibrio político en cada entidad.
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Los desenlaces han sido distintos: algunos mandatarios enfrentaron procesos legales, otros quedaron marcados por crisis de legitimidad, y en casos extremos, como el de Duarte, la licencia antecedió a la fuga.