El regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa: las acusaciones de narcotráfico que la FGR ignoró

A pesar de las acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas formuladas por la justicia de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya retomó la gubernatura de Sinaloa tras cumplir 112 días de licencia.

El mandatario reasumió sus funciones sin enfrentar indagatorias ni procesos penales por parte de las autoridades mexicanas.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, señaló.

En su cuenta de X, señaló que tras las investigaciones de la FGR no existieron “los mínimos elementos de prueba” que sustentaran las acusaciones que se realizaron en su contra.

El retorno de Rocha Moya provocó la reacción de diversos personajes de la política, quienes calificaron el hecho como algo vergonzoso, y sin consecuencias reales.

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento ciudadano, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto.

“Hoy es un día de VERGÜENZA nacional. Es una burla para nuestro país el cinismo y la impunidad que este mensaje representa”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Jorge Triana, diputado del PAN, señaló que Rocha Moya retomó con cinismo al gubernatura.

Las acusaciones vs Rocha Moya que el gobierno mexicano ignoró

El expediente contra Rocha Moya se acumuló desde su campaña electoral en 2021 sin que derivara en sanciones por parte de las instituciones nacionales.

Denuncias por presunto lavado de dinero, irregularidades en gastos de campaña y la privación de la libertad de representantes de casilla durante la jornada electoral de 2021, fueron desestimadas por el Tribunal Electoral local y el INE.

Uno de los primeros señalamientos fue el de Mario Zamora, quien fuera el candidato de la Alianza Va por Sinaloa (PRI-PAN y PRD); el priista realizó diversas acusaciones contra Rocha Moya, entre ellas por lavado de dinero y el financiamiento ilegal de su campaña.

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La acusación llevó a una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), para que Rocha Moya esclareciera la procedencia de los recursos con los que estaba financiando su campaña; acusación que detonó a partir de una camioneta con un valor de más de un millón 500 mil pesos, que recibió como “regalo”, y la cual nunca se justificó.

Posteriormente, tras la victoria del entonces candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia en Sinaloa”, conformada por Morena y el Partido Sinaloense (PAS), Zamora reconoció su derrota y también pidió que se liberaran a sus compañeros de partidos que habían sido “levantados” previo a las elecciones.

El PRI presentó una impugnación a la elección con el folio TESIN-INC-06/2021 ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, en la cual denunció delitos electorales, así como privaciones de la libertad de representantes de casilla, robo de urnas, retraso en la entrega de los paquetes electorales y presencia de personas armadas en varias casillas en la región.

Aunque sí hubo reconocimiento de algunos altercados en la jornada electoral, el tribunal no los consideró suficientes para impugnar la elección y avaló por unanimidad el triunfo de Rocha Moya.

También se presentó una impugnación por el rebase del tope de gastos de campaña ante el INE, aunque en su acuerdo INE/CG1390/2021 determinó que el monto del rebase no ameritaba la nulidad de la elección.

Tras recibir la victoria, Rocha Moya llegó a reconocer que buscó al crimen organizado para pedirles su apoyo, además de que tenía el visto bueno de ellos, según señaló el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal.

“Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, advirtió Rocha Moya según García Soto.

Vínculos con el narco en su gobierno

Tras tomar posesión el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya no se libró de señalamientos.

Uno de estos fue una investigación realizada por el semanario Proceso, que indicó que tuvo acceso a documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y servicios de inteligencia militar, que apuntaban los supuestos vínculos con “Los Chapitos” y establecieron vigilancia sobre él y su hijo, José Rocha Ruiz, según por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

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En su momento Rocha Moya fue un defensor de la polémica política de “abrazos, no balazos” con la que AMLO quiso lidiar con la delincuencia.

Durante su administración distintos medios señalaron que había informes de inteligencia en México en los que se señalaba su cercanía con el cártel de Sinaloa, sin embargo, dicha información nunca fue confirmada o desmentida.

Además de que su gestión ha estado rodeada de polémica, en particular por su manejo del problema de la violencia criminal que se ha traducido en cifras de muertes, balaceras a plena luz del día y desapariciones.

Cercanía de Rocha con “El Mayo”

A Rocha Moya también se le involucró con Ismael “El Mayo” Zambada, de quien presuntamente habría buscado el apoyo durante su campaña para la gubernatura y cuya captura significó unos de los puntos de quiebre durante su gobierno.

Tras ser capturado el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, el conocido capo señaló en una carta que había sido víctima de una trampa y apuntó directo hacia Rocha Moya.

Zambada relató que él recibió una invitación de Joaquín Guzmán López para mediar en una disputa política entre el gobernador Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La cita sería en el centro de eventos “Huertos del Pedregal”, a las afueras de Culiacán. Al llegar al lugar, saludó a Cuén y fue sometido para ser trasladado a Estados Unidos.

Por lo que el señalamiento tomó fuerza tras la incongruencia en el asesinato de Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024, donde la Fiscalía del estado señalaba que había sido asesinado en una gasolinera.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades con la investigación y, posteriormente, el mismo Zambada aseguró que el exrector fue asesinado en el mismo lugar, donde se realizaría el encuentro y a la misma hora en que él fue secuestrado, para posteriormente ser entregado a Estados Unidos.

El entrecruce de información causó una crisis en el gobierno estatal, que culminó con la salida de la fiscal Sara Bruna Quiñones, el 16 de agosto de 2024.

Asimismo, Rocha Moya tuvo señalamientos de políticos opositores de ser permisivo con la violencia desatada por la guerra de las facciones del Cártel de Sinaloa “Los Chapitos” y “La Mayiza”, iniciada tras la captura de “el Mayo”.

Las declaraciones de Zambada fueron el detonante que lo puso en la mira de EUA, incluso en febrero pasado, un grupo de abogados solicitó a la FGR investigar al gobernador por su inacción frente a la crisis de violencia, de acuerdo con “El Universal”.

EUA acusa a Rocha Moya de narcotráfico

A diferencia de la postura en México, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York mantiene una acusación formal contra el gobernador y nueve colaboradores por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, con penas que van de los 40 años de prisión a la cadena perpetua.

Según las investigaciones estadounidenses, la estructura de “los Chapitos” habría respaldado la campaña electoral de Rocha Moya en 2021 a cambio de influencia en el aparato de seguridad estatal, incluyendo el nombramiento de mandos policiales y la manipulación de operativos en favor de la organización dominante.

La investigación también expone acusaciones sobre presuntas operaciones para favorecer políticamente al entonces candidato de Morena.

Entre los señalamientos se incluye la supuesta elaboración de listas con nombres de adversarios políticos, las cuales habrían sido utilizadas para intimidaciones, presiones y actos ilegales durante el proceso electoral. Según el expediente, dichas acciones habrían sido coordinadas por operadores cercanos al gobierno estatal.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que integrantes del grupo criminal influyeron en los nombramientos dentro de áreas estratégicas de seguridad.

Uno de los casos citados es el de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien fue designado como jefe de la Policía de Investigación.

Además, el informe afirma que en Sinaloa se habría construido una “falsa percepción de seguridad”, mediante operativos dirigidos únicamente contra grupos rivales del Cártel de Sinaloa, mientras se protegía a la organización dominante con apoyo de mandos policiales presuntamente corrompidos.