
Foto: Cuartoscuro
Las acusaciones de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa no son un caso aislado, sino el punto de quiebre

Las actuales acusaciones por narcotráfico de la justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no son nuevas para quienes han seguido al político desde que se postuló para la gubernatura del estado, desde entonces, ha sido señalado de tener nexos con el narco.

Durante y después de la campaña electoral de 2021, hubo una serie de acusaciones contra Rocha Moya en las que señalaban una presunta alianza con el cártel de Sinaloa, que detonaría en situaciones como “levantones”, toma de casillas por hombres armados durante la jornada electoral, así como el financiamiento de su campaña.
Uno de los primeros señalamientos fue el de Mario Zamora, quien fuera el candidato de la Alianza Va por Sinaloa (PRI-PAN y PRD); el priista realizó diversas acusaciones contra Rocha Moya, entre ellas por lavado de dinero y el financiamiento ilegal de su campaña.
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La acusación llevó a una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), para que Rocha Moya esclareciera la procedencia de los recursos con los que estaba financiando su campaña; acusación que detonó a partir de una camioneta con un valor de más de un millón 500 mil pesos, que recibió como “regalo”, y la cual nunca se justificó.
Posteriormente, tras la victoria del entonces candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia en Sinaloa”, conformada por Morena y el Partido Sinaloense (PAS), Zamora reconoció su derrota y también pidió que se liberaran a sus compañeros de partidos que habían sido “levantados” previo a las elecciones.

El PRI presentó una impugnación a la elección con el folio TESIN-INC-06/2021 ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, en la cual denunció delitos electorales, así como privaciones de la libertad de representantes de casilla, robo de urnas, retraso en la entrega de los paquetes electorales y presencia de personas armadas en varias casillas en la región.
Aunque sí hubo reconocimiento de algunos altercados en la jornada electoral, el tribunal no los consideró suficientes para impugnar la elección y avaló por unanimidad el triunfo de Rocha Moya.
También se presentó una impugnación por el rebase del tope de gastos de campaña ante el INE, aunque en su acuerdo INE/CG1390/2021 determinó que el monto del rebase no ameritaba la nulidad de la elección.
Tras recibir la victoria, Rocha Moya llegó a reconocer que buscó al crimen organizado para pedirles su apoyo, además de que tenía el visto bueno de ellos, según señaló el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal.
“Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, advirtió Rocha Moya según García Soto.

Vínculos con el narco en su gobierno
Tras tomar posesión el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya no se libró de señalamientos.
Uno de estos fue una investigación realizada por el semanario Proceso, que indicó que tuvo acceso a documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y servicios de inteligencia militar, que apuntaban los supuestos vínculos con “Los Chapitos” y establecieron vigilancia sobre él y su hijo, José Rocha Ruiz, según por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
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En su momento Rocha Moya fue un defensor de la polémica política de “abrazos, no balazos” con la que AMLO quiso lidiar con la delincuencia.
Durante su administración distintos medios señalaron que había informes de inteligencia en México en los que se señalaba su cercanía con el cártel de Sinaloa, sin embargo, dicha información nunca fue confirmada o desmentida.

Además de que su gestión, ha estado rodeada de polémica, en particular por su manejo del problema de la violencia criminal que se ha traducido en cifras de muertes, balaceras a plena luz del día y desapariciones.
A Rocha Moya también se le involucró con Ismael “El Mayo” Zambada, de quien habría buscado el apoyo durante su campaña para la gubernatura y cuya captura significó unos de los puntos de quiebre durante su gobierno.
Tras ser capturado el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, el conocido capo señaló en una carta que había sido víctima de una trampa y apuntó directo hacia Rocha Moya.
Zambada relató que él recibió una invitación de Joaquín Guzmán López para mediar en una disputa política entre el gobernador Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La cita sería en el centro de eventos “Huertos del Pedregal”, a las afueras de Culiacán. Al llegar al lugar, saludó a Cuén y fue sometido para ser trasladado a Estados Unidos.
Por lo que el señalamiento tomó fuerza tras la incongruencia en el asesinato de Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024, donde la Fiscalía del estado señalaba que había sido asesinado en una gasolinera.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades con la investigación y, posteriormente, el mismo Zambada aseguró que el exrector fue asesinado en el mismo lugar, donde se realizaría el encuentro y a la misma hora en que él fue secuestrado, para posteriormente ser entregado a Estados Unidos.

El entrecruce de información causó una crisis en el gobierno estatal, que culminó con la salida de la fiscal Sara Bruna Quiñones, el 16 de agosto de 2024.
Asimismo, Rocha Moya tuvo señalamientos de políticos opositores de ser permisivo con la violencia desatada por la guerra de las facciones del Cártel de Sinaloa “Los Chapitos” y “La Mayiza”, iniciada tras la captura de “el Mayo”.
Las declaraciones de Zambada fueron el detonante que lo pondría en la mira de EUA, incluso en febrero pasado, un grupo de abogados solicitó a la FGR investigar al gobernador por su inacción frente a la crisis de violencia, de acuerdo con “El Universal”.
EUA acusa a Rocha Moya de narcotráfico
Actualmente, el gobernador con licencia, junto con nueve colaboradores, enfrenta señalamientos de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas y armas, por lo que podrían enfrentar de 40 años de prisión a cadena perpetua.
De acuerdo con las indagatorias difundidas por autoridades estadounidenses, la presunta relación entre el entorno político de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos” habría comenzado antes de la elección de 2021. El documento señala que Rocha Moya supuestamente sostuvo encuentros con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, líderes del grupo criminal, quienes habrían ofrecido respaldo para asegurar el triunfo electoral a cambio de obtener influencia dentro de las instituciones de seguridad del estado.
La investigación también expone acusaciones sobre presuntas operaciones para favorecer políticamente al entonces candidato de Morena.
Entre los señalamientos se incluye la supuesta elaboración de listas con nombres de adversarios políticos, las cuales habrían sido utilizadas para intimidaciones, presiones y actos ilegales durante el proceso electoral. Según el expediente, dichas acciones habrían sido coordinadas por operadores cercanos al gobierno estatal.
Ya con Rocha Moya en el poder, las autoridades de Estados Unidos sostienen que integrantes del grupo criminal habrían influido en nombramientos dentro de áreas estratégicas de seguridad.
Uno de los casos citados es el de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien fue designado como jefe de la Policía de Investigación. Además, el informe afirma que en Sinaloa se habría construido una “falsa percepción de seguridad”, mediante operativos dirigidos únicamente contra grupos rivales del Cártel de Sinaloa, mientras se protegía a la organización dominante con apoyo de mandos policiales presuntamente corrompidos.