Corte ratifica condena contra la mujer liberada por gestiones de Arturo Zaldívar

Claudia Sánchez Mayorga, la mujer cuya liberación fue impulsada en 2022 por gestiones del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar, a través de la Defensoría Pública Federal, deberá regresar a prisión para completar su condena por trata de personas, luego de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que sí era penalmente responsable de beneficiarse de la explotación sexual de dos mujeres extranjeras.

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El fallo validó la sentencia contra Sánchez Mayorga, aunque con un ajuste central. La Corte ordenó eliminar la agravante de pluralidad de víctimas, por lo que su pena deberá bajar de 22 años y seis meses de prisión a 15 años, al considerar que se le castigó dos veces por la misma circunstancia.

La responsabilidad penal quedó firme, pero la sanción tendrá que ser recalculada.

Zaldívar ayudó a liberar a Sánchez Mayorga en 2022

El caso golpea directamente la intervención de Zaldívar en Santa Martha Acatitla. En 2022, el entonces presidente de la Corte escuchó el caso de Sánchez Mayorga durante su visita al penal femenil y después su libertad fue presentada como la corrección de una “dolorosa injusticia”.

Ahora, el propio Pleno de la Suprema Corte concluyó que la condena sí tenía sustento probatorio.

Sánchez Mayorga fue liberada después de que el Instituto Federal de Defensoría Pública tomó su caso, como parte de las revisiones derivadas de la visita de Zaldívar al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde escuchó a más de 200 internas y asumió el compromiso de revisar 525 expedientes.

Aquella visita fue difundida como una acción para exhibir vicios del sistema penal, abusos de la prisión preventiva oficiosa, procesos prolongados sin sentencia, delitos fabricados y casos de mujeres separadas de sus hijos en reclusión. En los meses posteriores se informó de la liberación de varias mujeres, entre ellas Sánchez Mayorga.

En noviembre de 2022, el extinto Consejo de la Judicatura Federal informó que Claudia Sánchez había obtenido su libertad “luego de 9 años de estar presa injustamente”. Zaldívar también celebró la resolución en redes sociales y sostuvo que un magistrado había revocado la sentencia y ordenado su liberación para reparar una “dolorosa injusticia”.

La resolución aprobada este miércoles corrigió el alcance de aquella resolución. Por mayoría de cinco votos, el Pleno avaló el proyecto del ministro Arístides Guerrero García y confirmó la responsabilidad penal de Sánchez Mayorga por utilizar engaños, amenazas migratorias y aprovechamiento de la vulnerabilidad de dos mujeres extranjeras para explotarlas sexualmente en el centro nocturno “Solid Gold” de la Ciudad de México.

La Corte sostuvo que la sentenciada participaba activamente en la administración de los inmuebles donde las víctimas eran explotadas, imponía reglas, supervisaba su productividad, restringía su movilidad y utilizaba amenazas de denuncia ante autoridades migratorias como mecanismo de control.

También validó el artículo 13 de la Ley General de Trata de Personas, que sanciona el beneficio obtenido por explotación sexual ajena remunerada.

El Pleno consideró inconstitucional aplicar la agravante de pluralidad de víctimas, porque esa circunstancia ya está prevista dentro del propio tipo penal. Mantenerla implicaría una doble sanción por el mismo hecho, prohibida por el artículo 23 constitucional.

Por ello, el amparo concedido no borra la condena ni elimina la responsabilidad penal. Solo obliga a emitir una nueva sentencia para quitar la agravante y dejar la pena en el mínimo base de 15 años de prisión, además de los mil días multa.

El efecto práctico es que Sánchez Mayorga deberá completar la pena que le resta. Sin embargo, su regreso inmediato a prisión se encuentra frenado porque mantiene abierto un proceso de amparo y obtuvo una suspensión contra la orden de reaprehensión dictada en 2024, después de que las víctimas impugnaron su libertad.

Tres ministros votaron en contra del proyecto. Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo consideraron que no se acreditó el delito. Esquivel sostuvo que el proyecto no desarrolló una perspectiva de género adecuada y que la valoración de pruebas partió de estereotipos sobre una mujer que trabajaba en un centro nocturno.

La mayoría rechazó esa interpretación. La ministra María Estela Ríos González afirmó que Sánchez Mayorga actuaba en nombre de la empresa y sabía qué actividades debía realizar. También advirtió que la perspectiva de género no debe aplicarse de forma automática, porque no todas las mujeres están en situación de vulnerabilidad y las mujeres también toman decisiones.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que el asunto era complejo por tratarse de trata de personas. Incluso comparó el riesgo de una resolución absolutoria con el mensaje que podrían tomar los llamados halcones del crimen organizado, al argumentar que no cometen un delito solo por permanecer sentados en un lugar.