¿Morena puede desaforar a Maru Campos? Esto es lo que dice la ley

La muerte de dos presuntos agentes de la CIA en Chihuahua ha desatado una tormenta política que Morena busca capitalizar mediante un juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, entre la retórica partidista y la realidad jurídica existe una barrera constitucional difícil de franquear: la soberanía estatal.

El conflicto entre Morena y Maru Campos

El pasado 12 de mayo, la dirigencia nacional de Morena anunció que impulsará un proceso de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante un operativo en la entidad.

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La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acusó al gobierno estatal de vulnerar los mecanismos de coordinación en seguridad entre México y Estados Unidos.

En respuesta, la gobernadora Maru Campos calificó la iniciativa como parte de una estrategia de desinformación y ataques políticos recalcando que no hay espacio para la impunidad y sostuvo que su administración actuó conforme a la ley.

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, manifestó su respaldo total a la gobernadora y en una contraofensiva política, anunció que su partido solicitará un juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como la desaparición de poderes en dicho estado, tras señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, tras el intercambio de declaraciones, la polémica recae en que si realmente el Congreso de la Unión cuenta con la facultad para desaforar a la gobernadora emanada del PAN, tal como lo busca el partido guinda.

¿Morena puede desaforar a Maru Campos?

De acuerdo con el marco legal vigente, aunque el proceso puede iniciar en el Congreso de la Unión, la decisión final sobre la separación del cargo recae exclusivamente en el Congreso de Chihuahua.

Así lo explica el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, (...) sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda", se lee.

Esta situación fue corroborada por el presidente del Congreso de Chihuahua, el priista Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, quien en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, precisó que, según dicho artículo, cualquier resolución emitida por el Congreso de la Unión respecto a un mandatario local es meramente declarativa.

“La Constitución en el 110 marca el procedimiento para para la declaración de procedencia, lo que conocemos como desafuero, lo que marca la Constitución es que lo que resuelva el Congreso de la Unión sería meramente declaratorio. Se tenía que venir a respetar la soberanía estatal y sería aquí en el Congreso local donde se pudiera llevar este procedimiento, ya sea declaración de procedencia o juicio político”, expresó.

Esto implica que la validez del desafuero debe ser ratificada por la legislatura local para que el funcionario sea separado de su cargo.

¿Qué partido es mayoría en el Congreso de Chihuahua?

Si la decisión final llega al Congreso de Chihuahua, aún con los votos de sus aliados, Morena se vería en predicamentos para lograr consolidar el desafuero de la mandataria.

Actualmente, el Congreso de Chihuahua se integra por:

• 13 diputados del PAN
• 12 de Morena
• 3 del PRI
• 2 del PT
• 2 de MC
• 1 del PVEM

Esta composición otorga al bloque que respalda a la gobernadora (PAN y PRI) una fuerza de 16 legisladores, lo que bloquea la posibilidad de que Morena y sus aliados alcancen la votación requerida para procesar a la titular del Ejecutivo estatal.

El precedente de Francisco García Cabeza de Vaca

El escenario que enfrenta Chihuahua recuerda el proceso iniciado el 30 de abril de 2021 contra el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Al igual que ocurre actualmente en la entidad chihuahuense, en aquel año el Congreso de Tamaulipas contaba con una mayoría afín al gobernador, lo que resultó decisivo para el desenlace del conflicto.

En aquel momento, la Cámara de Diputados federal emitió una declaración de procedencia por presunto fraude fiscal, pero la legislatura tamaulipeca aprobó una declaración de no homologación para mantener el fuero del mandatario.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Primera Sala determinó el 17 de agosto de 2022 que los congresos locales tienen la facultad final de decidir sobre la inmunidad de sus servidores públicos, estableciendo un criterio firme que hoy protege la autonomía de Chihuahua.