Los casos que ponen contra las cuerdas la relación de México y EUA

La detención del juez mexicano Luis Benítez Alcántara en Colombia, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un presunto integrante de una organización criminal, abrió un nuevo frente de tensión entre Washington y México.

El caso se suma a las investigaciones y acusaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y figuras políticas mexicanas, algunas cercanas a Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. Sin embargo, frente a estos señalamientos, la reacción del Gobierno mexicano ha estado marcada por cuestionamientos a las acciones de Washington y advertencias sobre una posible injerencia en asuntos internos.

A ello se suman las revocaciones de visas a distintos personajes mexicanos, medidas que han provocado reclamos desde el gobierno de México, aunque no necesariamente han venido acompañadas de explicaciones públicas sobre los señalamientos que motivaron algunas de estas decisiones.

Así, mientras la administración mexicana insiste en defender la soberanía nacional y cuestiona los métodos de las autoridades estadounidenses, los casos siguen acumulándose y ponen a prueba su disposición para esclarecer posibles vínculos entre figuras públicas, corrupción y crimen organizado.

El debate ya no solo gira en torno a lo que investiga Estados Unidos, sino también a la respuesta que México ofrece ante acusaciones que involucran a sus propias instituciones.

Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de recibir soborno

El caso más reciente es el del juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido el 1 de noviembre en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, durante un operativo coordinado entre autoridades estadounidenses y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Estados Unidos busca su extradición para que enfrente nueve cargos relacionados con su presunta participación en un esquema para favorecer a la organización criminal encabezada por Ryan Wedding

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización de Wedding. Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 durante un procedimiento relacionado con su extradición a Estados Unidos, pero recuperó su libertad en febrero de 2025, antes de ser detenido nuevamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano recibió información sobre la orden de aprehensión estadounidense unos días antes de la detención. Durante su conferencia matutina de este miércoles, explicó que la notificación no ocurrió con mucha anticipación.

“Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Unos días antes, no crean que mucho tiempo antes, fue unos días antes de su detención”, puntualizó.

La defensa del juez, por su parte, ha rechazado que recibiera dinero para liberar a Clark y busca que cualquier responsabilidad derivada de sus decisiones judiciales sea determinada por autoridades mexicanas. Mientras tanto, Washington anunció que solicitará su extradición del país sudamericano.

EUA acusa a Rocha Moya e Inzunza por presuntos nexos con Los Chapitos

Otro de los principales frentes abiertos entre ambos países surgió el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA). En ella, las autoridades estadounidenses señalaron que los diez implicados presuntamente conspiraron con líderes de la facción de ‘Los Chapitos’, del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.

Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo. El mandatario retomó sus funciones el 21 de agosto, después de más de tres meses separado del gobierno estatal y tan solo 24 horas después, volvió a pedir licencia tras el rechazo de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio que mantenía abierta una investigación sobre los señalamientos de Estados Unidos, pero reconoció que todavía no contaba con elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha Moya y los demás señalados bajo los criterios del sistema de justicia mexicano.

Revocación de visas alcanza a políticos y funcionarios mexicanos

A las acusaciones penales se suma la revocación de visas estadounidenses a políticos y funcionarios mexicanos. Reportes periodísticos han documentado que más de 50 personas vinculadas con la política nacional habrían perdido sus documentos migratorios, aunque Washington no ha publicado una lista oficial ni ha explicado los motivos de cada cancelación.

Entre los casos que han trascendido está el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien informó que Estados Unidos revocó su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

También se han reportado cancelaciones que involucran a alcaldes como Norma Bustamante, de Mexicali, y Juan Francisco Gim, de Nogales, así como al diputado del Partido Verde Mario Alberto López Hernández, conocido como “La Borrega”. Así como a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

Otro caso que generó polémica fue el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó en agosto que Estados Unidos le retiró la visa. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de impulsar una decisión con motivaciones políticas.

La presión de Washington y la defensa de la soberanía mexicana

Estos episodios ocurren en medio de una política más severa de Estados Unidos contra las organizaciones criminales. La administración de Donald Trump ha impulsado su clasificación como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía las herramientas de su gobierno para combatir a los grupos del narcotráfico y que ha elevado las tensiones con México.

Frente a las acciones estadounidenses, el gobierno de Sheinbaum ha defendido la soberanía nacional y rechazado cualquier intervención unilateral en territorio mexicano. La mandataria ha sostenido que la cooperación en seguridad debe realizarse mediante los mecanismos institucionales y con respeto a la jurisdicción de ambos países.

La detención de Luis Benítez Alcántara, las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa, así como las revocaciones de visas, colocan al Gobierno de México frente a una pregunta incómoda: ¿cómo está respondiendo ante los señalamientos que involucran a figuras de la vida pública del país?

Mientras la administración de Sheinbaum insiste en que cualquier colaboración con Washington debe respetar la soberanía y los procedimientos institucionales, queda por ver si esa postura también se traduce en investigaciones contundentes y explicaciones claras dentro de México.