No huele a diésel, huele a encubrimiento

Hace exactamente un año, el 30 de mayo, para ser preciso, la división en Houston de la DEA detuvo a James Lael Jensen y Maxwell Sterling Jensen, padre e hijo, dueños de la empresa Arroyo Terminals con sede en Río Hondo, Texas.

Su arresto significó la culminación de la operación “Muerte Líquida” iniciada en 2022 y que develó una trama de robo y contrabando de combustible cuyo principal beneficiario era el Cártel Jalisco Nueva Generación en México.

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Durante 3 años los Jensen recibieron desde nuestro país 2 mil 881 envíos de petróleo crudo robado a Pemex, etiquetado como lubricantes y aceite de desecho, que después distribuían tanto en el mercado de los Estados Unidos como del resto del mundo.

Cerrado el negocio las ganancias regresaban al Cártel a través de transferidas a empresas fachada que se encargaban de lavar el dinero e integrarlo al sistema bancario nacional, bueno, esto último lo suponen las autoridades estadounidenses porque en México a este operativo no se le dio ningún seguimiento, ni hubo detenidos, ni se señaló a ninguna autoridad, aunque parezca increíble.

Curiosamente este es el mismo modus operandi, pero de manera inversa, que utilizaba la organización criminal a la cual el Gabinete de Seguridad decomisó el buque Challenge Procyon, el 19 de marzo de 2025, en el puerto de Altamira en Tamaulipas y el cual cargaba 10 millones de litros de diésel declarado en la aduana como “importación de aditivos para aceites lubricantes”.

De este decomiso y otros posteriores en Ensenada y Coahuila se recuperaron 25 millones de litros de diésel. Suena a una cantidad enorme, pero para tener una idea, todo eso no es ni el 8 por ciento de lo que los Jensen traficaron en 3 años.

Por este “huachicol fiscal”, las autoridades mexicanas han acusado a sólo 15 personas, los más destacados los hermanos Farías Laguna, sobrinos politicos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. Roberto, que tenía cargo de Vicealmirante, está detenido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano; Fernando, quien se desempeñaba como Contralmirante, fue detenido en Argentina por haber ingresado al país con documentos falsos.

Ambos han sido señalados por las autoridades como las cabezas de esta red de tráfico de combustibles y evasión fiscal que operaba por lo menos desde el 2023 y que realizó como mínimo 70 operaciones de gran escala como las frustradas el año pasado.

En diversas cartas públicas y a la presidenta Claudia Sheinbaum, los hermanos Farías han negado ser los líderes de esta organización criminal, denuncian violaciones a sus derechos humanos y falta de acceso a las carpetas de investigación lo que los coloca, explican, en un estado de indefensión jurídica.

Roberto asegura que las autoridades pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar su inocencia. Fernando, en una reciente entrevista en Argentina, aseguró que él y su hermano son chivos expiatorios en una “operación de Estado” que involucra a distintas secretarías y dependencias gubernamentales tanto a nivel estatal y federal.

Los hermanos Farías Laguna sin duda tuvieron algún grado de participación en toda esta trama de crimen y corrupción, pero según especialistas con los que he podido platicar, difícilmente tenían la capacidad de organizar, por sí solos, todo este entramado que requirió buques tanque, camiones cisterna, bodegas de almacenamiento, estaciones de bombeo, centros de distribución y gasolineras, además de establecer empresas, cuentas bancarias en México y el extranjero y la dispersión de recursos para sobornar inspectores, agentes aduanales, autoridades portuarias, guardias nacionales en carreteras y estaciones ferroviarias, policías estatales y municipales entre otros.

Llama la atención que en toda esta investigación la FGR no ha considerado pertinente llamar a declarar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aún cuando Roberto y Fernando obtuvieron sus grados y destacamentos directamente por instrucciones de este; tampoco se le ha requerido para conocer más detalles de su conversación con el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien en 2024 se reunió con él para denunciar este esquema de corrupción dentro de las aduanas. (Guerrero Alcantar fue asesinado en Manzanillo, Colima, 5 meses después de esta reunión, que sólo supimos de ella gracias a un audio filtrado a la periodista Carmen Aristegui.)

Según la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, el “huachicol físcal” significó un daño al erario del orden de 600 mil millones de pesos tan solo en el sexenio pasado, dinero que ha sido distribuido de mano en mano, de cuenta en cuenta, entre todos los integrantes de esta historia de millones de litros de combustibles que se mueven a la vista de todos pero sin que nadie los vea.

Los hermanos Farías Laguna son hasta el momento la cara visible de la confabulación, pero con dificultades alguien podrá señalarlos de ser las mentes maestras detrás del mayor esquema de corrupción en la historia del país. Operaron, sí, pero es probable que ni siquiera estuvieran a la mitad de la estructura. Vaya, ni siquiera les han podido encontrar ni una pequeñísima fracción de las ingentes cantidades de dinero que dicen movían con soltura.

En este caso, más que en ningún otro, vale la pena recordar aquella frase de López Obrador: “El mal ejemplo se daba arriba. Los negocios más jugosos, los actos de corrupción, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República”.

¿Quién o quiénes daban el visto bueno? La pregunta para la Fiscalía General de la República.