El crimen organizado y la crisis silenciosa del desplazamiento forzado en México

México también cuenta pueblos vacíos, familias expulsadas, niños sin escuela, enfermos sin atención, comunidades indígenas arrancadas de su territorio y miles de personas que huyen dentro del propio país sin una ley federal que las proteja.

El desplazamiento forzado interno se convirtió en una de las crisis humanitarias más graves y menos atendidas de México, con hasta 400 mil personas desplazadas por violencia al cierre de 2023 y con nuevos episodios masivos que muestran cómo el crimen organizado, la omisión institucional y el vacío legal están empujando a comunidades enteras fuera de sus hogares.

El fenómeno creció al calor de la violencia, la criminalidad y la disputa por el control territorial. Desde la militarización de la seguridad pública iniciada en 2007, el desplazamiento interno dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una radiografía criminal.

Los cárteles no solo matan, extorsionan o secuestran. También vacían territorios, imponen control social, obligan a familias a abandonar sus casas y convierten comunidades rurales en zonas de expulsión.

Hasta finales de 2023, el Observatorio de Desplazamiento Interno estimaba la existencia de hasta 400 mil personas desplazadas internamente en México a causa de la violencia. La crisis siguió creciendo. En 2024 se documentaron 28 mil 900 personas desplazadas, un aumento de 129 por ciento respecto al año previo. Para 2025, los monitoreos registraron 15 mil 795 personas desplazadas en 73 eventos masivos a nivel nacional.

El mapa de la expulsión

Sus principales focos están en entidades atravesadas por rutas criminales, disputas territoriales, violencia comunitaria y control armado. Históricamente, los estados con mayor número de expulsiones son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua.

En 2024, Chiapas concentró 61.8 por ciento del total nacional de personas desplazadas. Para 2025, el foco se movió hacia el norte y occidente. Sinaloa encabezó los desplazamientos con 39.2 por ciento, seguido de Chihuahua con 28.4 por ciento, Michoacán con 21.3 por ciento y Guerrero con 4.8 por ciento.

En Chiapas, el desplazamiento combina conflictos históricos, intolerancia religiosa, presencia de grupos armados y disputa criminal por el control de la frontera sur. En Michoacán y Guerrero, la violencia se ha agravado por la presencia de cárteles, grupos de autodefensa, ataques armados, amenazas, reclutamiento forzado y nuevas tácticas de guerra. En Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, la disputa por rutas hacia Estados Unidos convirtió varias regiones en zonas de expulsión permanente.

El noreste también muestra una de las caras más duras del fenómeno. En Tamaulipas se han reportado éxodos masivos y la creación de pueblos fantasmas en municipios como Ciudad Mier o Nuevo Laredo. En esos territorios, la población no solo huye por miedo a una balacera, sino por la imposibilidad de vivir bajo cobro de piso, amenazas, secuestros, reclutamiento forzado y pérdida total de control sobre su vida cotidiana.

Crimen organizado, drones y minas

El crimen organizado aparece como el principal detonante del desplazamiento reciente. El 83 por ciento de los eventos actuales está provocado directamente por la violencia criminal. Las organizaciones buscan someter comunidades mediante extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado, incendios de viviendas y ataques armados.

La crisis se agravó con el uso de tecnología. Grupos criminales ya emplean drones con explosivos, minas antipersona terrestres y operadores especializados conocidos como droneros. Estas tácticas han sido documentadas en Tierra Caliente, Michoacán, y en Guerrero, donde las comunidades rurales e indígenas quedan atrapadas entre la violencia armada y la ausencia de protección suficiente.

En mayo de 2026, comunidades indígenas de Chilapa en Guerrero fueron atacadas con tácticas paramilitares y drones atribuidos al grupo criminal Los Ardillos. El resultado fue el vaciamiento de pueblos enteros.

Ese caso muestra una transformación del desplazamiento. Ya no se trata únicamente de familias que huyen después de amenazas directas. Se trata de poblaciones que son expulsadas por operaciones criminales con capacidad de control territorial, armamento avanzado y tácticas diseñadas para sembrar terror.

La ruta hacia el norte y el doble desplazamiento

Las familias desplazadas suelen huir primero hacia cabeceras municipales o poblados cercanos dentro de su propio estado. Buscan anonimato, protección y una posibilidad mínima de sobrevivir. Muchas terminan en periferias urbanas sin servicios básicos, sin empleo, sin documentos y sin redes de apoyo.

Cuando el peligro persiste, emprenden una segunda ruta hacia el norte. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales se han convertido en cuellos de botella para familias que salen del sur, del centro, de la sierra o de regiones rurales con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y pedir asilo.

Pero la frontera norte dejó de ser un refugio seguro. En ciudades receptoras, las familias desplazadas vuelven a enfrentar extorsiones, cobro de piso, violencia sexual, secuestro, trata de personas e intentos de reclutamiento por parte de grupos criminales fronterizos.

Así surge el doble desplazamiento. Las víctimas huyen de sus comunidades, llegan a una ciudad que debería protegerlas y ahí vuelven a ser atacadas, obligadas a moverse otra vez, incluso dentro del mismo estado o de la misma zona urbana.

La situación se agravó con las órdenes ejecutivas de enero de 2025 del gobierno estadounidense, que cerraron vías legales de asilo como CBP One, reactivaron programas de espera en México y aceleraron deportaciones. Al quedar varadas en campamentos, albergues o calles de ciudades fronterizas, las familias desplazadas quedan expuestas a redes de tráfico de personas, coyotes que cobran hasta 10 mil dólares, secuestros y trata.