
Foto: Cuartoscuro
La presidenta informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó al lugar para coordinar las acciones de atención en la región de Guerrero.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se encuentra en la región de Chilapa, Guerrero, luego de que comunidades indígenas denunciaron ataques armados, desplazamientos forzados y agresiones con explosivos atribuidos al grupo criminal “los Ardillos”.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que al menos 96 personas permanecen desplazadas y atrapadas en comunidades de Guerrero debido a la presencia de grupos armados, situación que obligó al Gobierno Federal a desplegar un operativo encabezado por la Secretaría de Gobernación y fuerzas de seguridad.
La mandataria explicó que el conflicto involucra bloqueos carreteros, personas heridas y presencia de civiles en medio de la disputa entre organizaciones criminales.
“Hay personas heridas adentro de tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares. Lo que estamos promoviendo primero que nada es que puedan salir las personas heridas y que se quiten los bloqueos”, señaló la mandataria federal.
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Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que la situación de desplazamiento estaría ligada al conflicto entre “los Ardillos” y “los Tlacos”.
“Son Los Ardillos, el grupo criminal de Los Ardillos, quien está llevando a cabo este asedio. Hay población que no tiene nada que ver a con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales que son ‘los ardillos’ y ‘los tlacos’”, declaró el encargado de la seguridad pública del país.
El funcionario detalló que alrededor de 20 personas siguen dentro del área de mayor riesgo, mientras elementos de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales mantienen presencia en la región.
“Sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército y de autoridades estatales. Ya se reforzó la presencia”, afirmó.
Habitantes de localidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán denunciaron que alrededor de mil personas han sido desplazadas durante los últimos días debido a la violencia generada por presuntos integrantes de “Los Ardillos”.
La noche del 9 de mayo, mujeres, niños y pobladores difundieron un mensaje público para pedir auxilio urgente a las autoridades federales y estatales.
“Lanzamos un grito urgente de auxilio”, expresó una joven rodeada de decenas de habitantes desplazados en un video compartido en redes sociales.
Los pobladores acusaron que el Ejército y la Guardia Nacional no han ingresado a las comunidades pese a los reportes de violencia y aseguraron sentirse abandonados.
“Nos están dejando morir”, denunciaron en el pronunciamiento colectivo.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), vinculado al movimiento zapatista, respaldó las denuncias de las comunidades y alertó sobre la escalada de violencia en la montaña de Guerrero.
En un nuevo mensaje difundido este 11 de mayo, los habitantes denunciaron que los ataques continuaban activos en Alcozacán y otras localidades.
“Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades”, señalaron.
Los desplazados aseguraron que las agresiones han dejado personas asesinadas, viviendas quemadas y animales muertos, además del temor constante entre las familias que permanecen refugiadas fuera de sus hogares.
Las comunidades afectadas exigieron el envío inmediato de fuerzas federales, helicópteros y operativos de seguridad para detener la violencia en la región.
Además, responsabilizaron directamente a integrantes del grupo criminal “Los Ardillos” de los ataques y pidieron que organismos de derechos humanos y medios de comunicación mantengan atención sobre lo que ocurre en la montaña baja de Guerrero.
“¡No queremos más discursos! ¡Queremos que detengan esta masacre!”, expresaron los habitantes en el video difundido por el CNI.
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La violencia en Chilapa y municipios cercanos se ha intensificado en los últimos años por disputas territoriales entre grupos criminales, situación que ha provocado desplazamientos forzados y constantes denuncias de comunidades indígenas que exigen mayor presencia del Estado.