
Foto: Redes Sociales / Cuartoscuro
De acuerdo con Reforma, la Fiscalía General de la República también menciona que se habría filtrado información que derivó en el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el vínculo familiar con Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador brindó protección a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, supuestos líderes de una red de huachicol fiscal.
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Así lo dio a conocer Reforma, quien citó la carpeta de investigación que lleva la FGR respecto al caso, donde se menciona la presunta protección que dio su tío Rafael Ojeda a sus sobrinos políticos.
“... evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna, quienes contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Ojeda Durán”, cita el medio.

Según lo que se dio a conocer, además del contrabando de combustible, también se menciona que la presunta red actuó para evitar filtraciones sobre la protección institucional que se recibía.
La FGR presuntamente plantea que el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tuvo como fin silenciar denuncias contra la estructura de los hermanos Farías Laguna. Señalan que la vulnerabilidad del mando derivó de una supuesta filtración de información.
Refieren que previo a su ejecución, Guerrero Alcántar se reunió con el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.
“Posteriormente informó a personal de la Secretaría de Marina sobre su periodo vacacional, señalando con precisión los lugares en los que estaría durante esos días, particularmente Manzanillo y Mazatlán... Dicha información sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina, circunstancia que facilitó su ubicación y posterior ejecución, con la evidente finalidad de silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna...“, citó el medio.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, la FGR también investigaría las muertes de los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, catalogadas inicialmente como suicidio y accidente.
La autoridad sospecharía que la muerte de los marinos estaría ligada una intención de evitar filtración de información que pusiera en riesgo la operación que, mediante sobornos millonarios, permitía el flujo ilícito de combustibles.
“Quedan evidenciados los alcances, capacidad de corrupción y alto nivel de violencia utilizados por los integrantes de esta empresa criminal, quienes de manera reiterada amenazan, coaccionan y privan de la vida a personas que no acatan sus instrucciones o que proporcionan información sobre el modus operandi de la organización, debido a que cuentan con la protección de servidores públicos corruptos, a quienes entregan sobornos millonarios”, dice el documento de la FGR.
En el caso del capitán Pérez Ramírez, que se suicidó el pasado 8 de septiembre en sus oficinas de Altamira, la indagatoria señala que presuntamente recibió un soborno de 100 mil pesos para facilitar el tráfico de hidrocarburos en la Aduana de Tampico.
A pesar de estos señalamientos, se ha confirmado que no existe una línea de investigación contra Rafael Ojeda Durán.
Por su parte, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha enviado cinco cartas a la mandataria federal para denunciar que su detención carece de pruebas irrebatibles.
El mando procesado asegura que tanto la FGR como la Secretaría de Marina han reservado información bajo el argumento de seguridad nacional, lo que lo mantiene en un estado de indefensión para demostrar su inocencia.
A su vez, el proceso judicial contra la red de huachicol fiscal enfrenta contratiempos, pues el 29 de marzo pasado la juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió a la FGR la solicitud de orden de aprehensión contra 15 empresarios y agentes aduanales por deficiencias técnicas.
