JUFED advierte que aplazar la elección judicial a 2028 no resuelve la crisis del sistema de justicia

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que llevar la elección judicial a 2028 no corrige los problemas de fondo del modelo, sino que prolonga la crisis de legitimidad, el colapso logístico y la incertidumbre dentro del sistema de justicia.

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La postura de la JUFED surge frente a la iniciativa del Ejecutivo federal para mover la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 y ajustar las reglas del proceso. Para la organización, el cambio de fecha es una señal de que el diseño original resultó inviable y de que posponerlo un año solo aplaza un problema que sigue sin atender sus causas centrales.

La asociación sostuvo que reducir el número de candidaturas y simplificar las boletas no basta para resolver el riesgo de una elección judicial atrapada en dinámicas partidistas. Señaló que pasar de 81 a 54 candidaturas para la SCJN y de 45 a 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial son medidas insuficientes si no se garantiza el perfil técnico de quienes buscan llegar a un cargo judicial.

También cuestionó la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación, al considerar que esa medida confirma que los Comités de Evaluación de 2025 no contaron con la metodología técnica necesaria para asegurar perfiles de excelencia. A su juicio, la llamada “reforma a la reforma” abre una nueva zona de incertidumbre jurídica que puede aumentar la litigiosidad y dejar con menos certezas a la ciudadanía que busca justicia.

La organización pidió que, si se mantiene una segunda ronda de elección, no se haga de manera masiva, sino únicamente para cubrir vacantes reales generadas por renuncia, jubilación o fallecimiento. También planteó que las personas cesadas en 2025 que quieran volver a competir por cargos de juezas, jueces, magistradas o magistrados sean consideradas con reglas diferenciadas, porque ya ocuparon esos puestos.

Para la JUFED, obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir un calendario político vulnera la profesionalización de la justicia. Además, advirtió que hay personas juzgadoras que esperaban cerrar su ciclo profesional en 2027 y que el aplazamiento a 2028 altera sus planes de retiro. La asociación afirmó que el hostigamiento administrativo ha llevado incluso a renuncias de integrantes del Poder Judicial que prefieren retirarse antes que seguir bajo presión institucional.

La organización exigió permitir la salida voluntaria de quienes así lo decidan y garantizar de inmediato el pago de sus prestaciones. Sostuvo que no es ético ni legal retener por la fuerza a profesionales mediante el acoso ni usar el calendario electoral como moneda de cambio para presionar derechos laborales.

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Sobre la capacitación obligatoria, JUFED señaló que el Poder Judicial de la Federación ya contaba con uno de los sistemas de formación y carrera judicial más sólidos de Iberoamérica, pero fue desmantelado por la propia reforma. Consideró contradictorio imponer cursos a juzgadores con décadas de experiencia mientras se permite que personas sin carrera judicial lleguen a la boleta por voto popular.

Planteó que la capacitación y los exámenes deben aplicarse especialmente a quienes no cuentan con carrera judicial antes de ser seleccionados para aparecer en una boleta. También cuestionó que se pretendan gastar miles de millones de pesos en una elección en 2028, cuando esos recursos podrían destinarse a crear juzgados, fortalecer la defensoría pública, mejorar infraestructura judicial y reducir el rezago que afecta a millones de personas.