‘Absoluta tomadura de pelo’: Oposición revienta reforma de Morena contra el narco electoral

Diputados y senadores de oposición cuestionaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), la cual busca detectar presuntos vínculos del crimen organizado en los aspirantes de cara al proceso electoral de 2027.

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El proyecto legislativo, que plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, permitiría el intercambio de datos financieros y de inteligencia entre autoridades federales; sin embargo, el bloque opositor advirtió sobre el riesgo de un uso discrecional de las instituciones públicas.

Según las posturas manifestadas por representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la propuesta gubernamental carece de sanciones verdaderas contra las fuerzas políticas infractoras y carece de consenso entre las diferentes bancadas.

Anaya exige pérdida de registro para partidos con nexos delictivos

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, calificó como una simulación superficial el planteamiento del oficialismo.

El senador panista sostuvo que la estrategia de la presidencia no establece consecuencias punitivas frente a la intervención delictiva, por lo que propuso que se aplique la pérdida de registro para los partidos políticos que postulen perfiles vinculados con el narcotráfico, acusando directamente que Morena rechaza dicha sanción por el riesgo de perder su estatus legal.

Asimismo, el legislador usó como argumento la situación de Sinaloa y los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, afirmando que el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, y el secretario de Finanzas de la entidad, Enrique Díaz Vega, se entregaron de forma voluntaria ante las autoridades norteamericanas para aportar información sobre el caso.

“Absolutamente insuficiente lo que se está planteando por parte de Morena. Nosotros reiteramos nuestra exigencia. Si un partido político postula a un narco candidato, ese partido político tiene que perder el registro. El problema de este planteamiento que está haciendo Morena es que no hay consecuencias. Quieren crear comisiones para hacer más burocracia sin establecer una sanción severa, una sanción radical”, expresó Anaya.

Carolina Viggiano acusa intento de control rumbo a 2027

Por otro lado, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, denunció que la creación de este nuevo órgano busca obstaculizar la competencia de los bloques contrarios al gobierno mediante señalamientos sin explicaciones mayores.

La legisladora priista recriminó que las reformas se impulsen de forma acelerada por parte de la bancada mayoritaria en el Poder Legislativo sin abrir el espacio a discusiones profundas o consensos democráticos.

“Esta comisión seguramente va a ser para poder obstaculizar la competencia de los demás partidos, porque como va a ser prácticamente sin pruebas contundentes y sin explicaciones mayores pueden pasar muchas cosas. Yo, francamente, no tengo ninguna confianza en lo que van a hacer”, manifestó la senadora.

MC demanda garantías de autonomía e imparcialidad

Por su parte, el diputado de la bancada de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, condicionó la viabilidad del proyecto a la implementación de candados institucionales que aseguren la independencia total de las dependencias encargadas de las indagatorias patrimoniales y penales.

El legislador emecista recalcó que la comisión debe regirse por la transparencia para evitar sesgos o presiones políticas en contra de aspirantes.

“En primer lugar tendrá que garantizarse la autonomía de las instituciones participantes en ese proceso de investigación, que no estén cooptadas, que no haya un control político, que haya verdaderos mecanismos de transparencia y de equilibrios que garanticen que haya una investigación independiente”, declaró Vázquez.

Iniciativa “nace” en medio de acusaciones contra funcionarios

La presentación de esta iniciativa de reforma legal por parte del Poder Ejecutivo y los reclamos de las fuerzas de oposición ocurren en medio de procesos judiciales contra servidores públicos en funciones.

En el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos mantiene acusaciones formales contra 10 funcionarios del estado de Sinaloa, dentro de los cuales figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

De igual forma, el Gabinete de Seguridad federal en coordinación con autoridades locales concretó detenciones en el estado de Morelos, afectando de manera directa a Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, y a Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

A dichos procedimientos ministeriales se suma la orden de aprehensión vigente para la pronta detención de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, todos imputados formalmente por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.