Sheinbaum busca blindar candidaturas de 2027 contra el crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al Congreso de la Unión para blindar los procesos democráticos.

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La propuesta busca que las organizaciones políticas y el Instituto Nacional Electoral cuenten con herramientas efectivas para frenar la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones de 2027.

“¿Por qué lo planteamos? Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, explicó en su conferencia matutina de este jueves.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dijo que el proyecto legal será remitido inicialmente a la Comisión Permanente para su posterior turno a las comisiones dictaminadoras.

“Estaremos enviando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que a su vez sea turnada una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales. (...) Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elecciones de 2027”, expresó Alcalde.

¿En qué consiste la iniciativa?

El proyecto oficial del gobierno federal contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita directamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

Este nuevo órgano estará integrado de forma permanente por 5 consejeros electorales designados por el Consejo General por un periodo de 3 años, funcionando como un puente de comunicación confidencial entre los partidos que decidan participar voluntariamente y los aparatos de inteligencia del Estado de forma previa al registro oficial.

El esquema operativo establece que las instituciones políticas entregarán sus listas de aspirantes a la comisión, la cual consultará de manera reservada al:

• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
• Fiscalía General de la República (FGR)
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Estas autoridades realizarán un análisis técnico y reportarán de vuelta únicamente si existe o no un riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada, protegiendo en todo momento el debido proceso y dejando la responsabilidad final de registrar al candidato en manos de cada partido político.

La propuesta nace por antecedentes delictivos en municipios

La presidenta Sheinbaum Pardo expuso que la necesidad de esta legislación surge tras detectar diversos casos de colusión entre gobiernos municipales y células criminales.

La titular del Ejecutivo recordó que desde el inicio de su administración se ejecutó la estrategia de seguridad federal en el Estado de México, conocida como Operación Enjambre, donde se constató que diversos alcaldes y funcionarios locales operaban en favor de organizaciones delictivas.

Asimismo, Sheinbaum Pardo refirió eventos recientes en el estado de Jalisco, donde el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue detenido por vínculos con el crimen, seguidos por indagatorias en la demarcación de Tequila encabezada en ese entonces por el morenista Diego Rivera.

La presidenta argumentó que las detenciones ocurridas en Morelos aceleraron el planteamiento de la iniciativa, buscando que la autoridad electoral posea facultades de investigación previas para detectar estas anomalías.

“Desde que pasó lo de Morelos, planteamos que se puede hacer para evitar, o que el INE tenga las capacidades para poder saber, por lo menos una investigación”, informó la presidenta.

Detenciones por nexos con el crimen organizado en Morelos

La presentación de esta iniciativa se genera en el marco de diversas controversias dentro de la política mexicana siendo la más reciente en el estado de Morelos, donde el Gabinete de Seguridad detuvo de Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, y a Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

Asimismo, las autoridades ministeriales mantienen una orden de aprehensión vigente orientada a la eventual detención de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, todos ellos señalados por supuestos nexos con grupos delictivos.

A este escenario se suman las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios del estado de Sinaloa, lista donde destaca el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos delictivos.