
Foto: Cuartoscuro
El periodista José Luis Montenegro plantea que el narco dejó de ser un poder paralelo para convertirse en un actor que disputa las reglas del Estado mexicano.

El narcotráfico en México pasó de obedecer reglas impuestas desde el poder político a convertirse en un actor capaz de condicionar gobiernos, elecciones, secretarías, alcaldías y estructuras económicas, advirtió el periodista José Luis Montenegro al trazar una línea histórica de la narcopolítica durante los gobiernos del PRI, PAN y Morena.
Su tesis es directa, el crimen organizado ya no solo infiltra corporaciones ni compra protección. Hoy disputa poder, coloca operadores, captura oficinas públicas y somete territorios donde el Estado ya no manda solo.
“El narcotráfico está tan incrustado en la vena del Estado que cada presidente municipal, cada alcalde, cada círculo cercano, vamos a decir secretarios de Estado o el presidente de la República, se dan el lujo de tener su propio capo”.
Montenegro ubica la primera etapa en el viejo régimen priista, cuando los grupos criminales crecieron bajo una lógica de control político. En esa fase, el crimen organizado ya tenía capacidad de corrupción y violencia, pero todavía operaba bajo reglas dictadas desde el poder institucional.
El periodista remite ese origen al Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Después, con la consolidación del Cártel de Sinaloa bajo Ismael “el Mayo” Zambada, Joaquín “el Chapo” Guzmán, Juan José Esparragoza “el Azul” y Héctor “el Güero” Palma, la organización comenzó a adquirir una fuerza distinta. Para Montenegro, Sinaloa no solo se modernizó en el tráfico de drogas, también aprendió a corromper al poder al mismo ritmo en que evolucionaba el negocio criminal.
La segunda etapa, según Montenegro, llegó con los gobiernos del PAN, cuando la relación dejó de ser de subordinación y se convirtió en complicidad.
En esos dos sexenio en que tuvieron el poder, los cárteles ya no aparecían solo como estructuras toleradas desde el poder, sino como organizaciones con capacidad de negociación, protección institucional y expansión territorial.
En paralelo, el Cártel de Sinaloa amplió su negocio. Pasó de la amapola y la marihuana a la cocaína, las metanfetaminas, otros opioides sintéticos y el fentanilo. Montenegro sostiene que esa evolución criminal ocurrió junto con una transformación política. Los cárteles ya no dependían únicamente de rutas y plazas, sino de pactos, redes de protección y vínculos con autoridades capaces de permitirles operar. El narco dejó de ser solo un problema de seguridad y se convirtió en un factor de poder.

La tercera etapa es la más grave en el análisis de Montenegro. Con Morena, sostiene, el crimen organizado dejó de ser subordinado o socio para colocarse por encima de estructuras públicas en ciertos territorios.
El caso de Rubén Rocha Moya y Los Chapitos aparece como el ejemplo central. Montenegro afirmó que la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York no solo apunta al gobernador con licencia de Sinaloa, sino a colaboradores que, según su dicho, se metieron “hasta las cachas” con el Cártel de Sinaloa.

También sostuvo que en la elección de 2021 adversarios políticos denunciaron amenazas y secuestros contra sus equipos para favorecer a Morena. “Sinaloa es el ejemplo de un Estado que no se puede gobernar a sí mismo”, advirtió.
Para el periodista, esa fase ya no se limita a policías infiltradas.
“Ahora tenemos esta horda, esta manada, estas bestias conocidas como narcopolíticos”, dijo al señalar que el crimen organizado opera con secretarios de finanzas, de gobierno y de seguridad. En su visión, el narco busca oficinas que manejan presupuesto, obra pública, agua, minería, servicios, municipios y control territorial.
La advertencia final es que la narcopolítica ya no depende de un solo partido.
“Hay que entregar a los políticos del PRI, del PAN, de Morena, de MC, de los que se acumulen en la semana, por el bien del país”, sostuvo.

En una investigación de Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, plantea que el narco dejó de ser un poder paralelo para convertirse en un actor que disputa las reglas del Estado mexicano.
Ese planteamiento quedó plasmado en el libro La Cuarta Transformación del crimen organizado; ahí revisan qué ocurrió cuando los cárteles se dividieron, comenzaron a pelear territorios y rutas, y al mismo tiempo extendieron su influencia sobre gobiernos, policías, candidatos, presupuestos y estructuras de poder.
“Que con el PRI, el narcotráfico fue subordinado, fueron empleados del Estado; con el Partido Acción Nacional fueron cómplices, socios, vamos a decirlo así; y con el partido hoy, que parecería hegemónico, el nuevo PRI morena, Movimiento Regeneración Nacional, están subordinados al propio crimen organizado, es decir, ahora el Estado depende del narco”, apuntó