
Foto: Redes Sociales
Una encuesta de Enkoll reveló que la ciudadanía confía en los señalamientos de las agencias estadounidenses sobre los presuntos nexos del mandatario con licencia con “Los Chapitos”.

El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue estando en el ‘ojo del huracán’, luego de que compareció ante las oficinas de la FGR en Culiacán para declarar en calidad de testigo. La atención pública se ha centrado en las acusaciones de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico, hecho que ha tenido un impacto en la percepción ciudadana.
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Aunque el mandatario estatal aseguró a través de sus redes sociales que enfrentará el proceso para que prevalezca la verdad, la percepción ciudadana no le favorece.
De acuerdo con la encuesta más reciente de Enkoll, en colaboración con W Radio y El País, la mayoría de los mexicanos otorgó un alto nivel de credibilidad a las investigaciones de las agencias norteamericanas y respalda que el político sea enviado al país vecino para enfrentar los cargos por presuntos nexos con el crimen organizado.

El estudio demoscópico reveló que el escándalo judicial tuvo un enorme impacto en la sociedad.
Al preguntar a los encuestados si estaban enterados de que las autoridades de Estados Unidos señalaron a Rubén Rocha Moya y a sus colaboradores por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa para supuestamente facilitar sus actividades desde el gobierno, el 55% de los mexicanos afirmó que sí sabía o había escuchado sobre estas acusaciones, mientras que el 45% restante declaró no tener conocimiento previo del tema.

La confianza de la población hacia los hallazgos de las agencias de inteligencia extranjeras fue contundente.
Al evaluar qué tan creíbles les parecieron las acusaciones contra el gobernador con licencia, el 62% de los entrevistados manifestó que las consideró verdaderas; este bloque se dividió entre:
Por el contrario, un 28% desconfió de ellas (desglosado en 19% “poco creíbles” y 9% “nada creíbles”), mientras que el 10% prefirió no responder.

Uno de los datos más drásticos de la medición de Enkoll fue el respaldo ciudadano a que el político oficialista sea juzgado directamente en territorio estadounidense.
El 60% de los mexicanos declaró estar de acuerdo con que Rubén Rocha Moya sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar las investigaciones y cargos por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, una postura respaldada por un 25% “muy de acuerdo” y un 35% “de acuerdo”.
Este sector superó por casi el doble al 31% que se opuso a su traslado (un 25% “en desacuerdo” y un 6% “muy en desacuerdo”). Un 4% no se posicionó y un 5% no respondió.

El origen de las imputaciones tampoco fue visto por la mayoría como una simple estrategia de presión diplomática por parte de Washington.
El 45% de los encuestados opinó que las acusaciones en contra de Rocha Moya se debieron a una “evidencia real de vínculos y colaboración con grupos del crimen organizado”, mientras que el 36% consideró que respondió a “intereses políticos o injerencia del gobierno de Estados Unidos en México”.
Asimismo, un 9% creyó que se trató de “ambas” razones y el 10% no contestó.

La decisión del mandatario sinaloense de apartarse de sus funciones ejecutivas para enfrentar el proceso fue bien recibida por la opinión pública.
La encuesta arrojó un saldo de opinión positivo respecto a su renuncia temporal, ya que el 76% de los ciudadanos se mostró a favor de que se haya separado de su cargo como gobernador mientras la FGR realiza las indagatorias, divididos en un 31% “muy de acuerdo” y un 45% “de acuerdo”.
Por el contrario, solo el 19% manifestó su desacuerdo (un 14% “en desacuerdo” y un 5% “muy en desacuerdo”), mientras que un 2% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% no contestó.

El escepticismo sobre el papel que desempeñarán las autoridades mexicanas fue evidente en el estudio, mostrando un saldo de opinión neta de apenas el 1% a favor.
Un 49% de los encuestados manifestó tener confianza en que el Gobierno de México y la FGR realicen una investigación adecuada (un 18% “mucha confianza” y un 31% “algo de confianza”).
Sin embargo, un 48% de la población adulta tuvo nula o poca confianza (un 25% “poca confianza” y un 23% “nada de confianza”) en que las instituciones del país actúen con el rigor necesario. Un 3% no respondió.

Finalmente, las expectativas sobre el desenlace del proceso en los tribunales mexicanos fueron pesimistas.
Únicamente el 24% de la población creyó que el gobierno “investigará y castigará a todos los implicados” en la red de corrupción; en cambio, el 40% de los encuestados consideró que la justicia federal “investigará y castigará solo a algunos implicados” para simular resultados.
Por otro lado, un 31% sostuvo que las autoridades “no investigarán, ni castigarán a ninguno de los implicados”. El 5% restante no contestó.
