Narcos, arma geopolítica

Durante años, la violencia del narcotráfico en México fue interpretada como un problema de corrupción, impunidad y expansión criminal. Sin embargo, el informe “Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina”, plantea una lectura diferente.

El documento, elaborado por analistas del Center for the Study of Democracy, advierte que regímenes como Rusia, China e Irán estarían aprovechando estructuras del crimen organizado en América Latina, particularmente en México, para debilitar la seguridad y estabilidad de Estados Unidos y Occidente.

La tesis es interesante y obliga a mirar la narcoviolencia desde una dimensión distinta. Ya no sólo como una crisis de seguridad pública o una disputa territorial entre cárteles, sino como parte de una lógica de guerra híbrida donde actores estatales -como los servicios de inteligencia, aparatos diplomáticos y empresas controladas por sus gobiernos- establecen alianzas con actores no estatales -como cárteles, hackers, corporaciones transnacionales y algunas ONGs-, para erosionar instituciones, influir en regiones estratégicas y alterar equilibrios de poder.

Durante la Guerra Fría, América Latina fue escenario de operaciones encubiertas, financiamiento clandestino y confrontaciones entre el comunismo y el capitalismo. Hoy la disputa es por el control tecnológico, energético y estratégico del continente.

Así es como la expansión del crimen organizado deja de ser únicamente un fenómeno criminal. Las organizaciones narcotraficantes operan hoy como estructuras transnacionales con capacidad logística, financiera y territorial que controlan corredores estratégicos, infiltran gobiernos locales y generan condiciones de inestabilidad que debilitan la capacidad del Estado. Y eso, desde la lógica de la guerra híbrida, tiene un enorme valor estratégico.

¿Cómo buscan Rusia, China e Irán socavar la influencia de Estados Unidos? Según los investigadores del Centro para el Estudio de la Democracia no es a través de alianzas abiertas o cooperación militar tradicional, sino a través del financiamiento, desinformación y aprovechamiento de economías ilícitas que fragmentan la gobernabilidad regional.

Por eso resulta insuficiente reducir la discusión sobre narcoviolencia a operativos policiales o despliegues militares. Estados Unidos lo entiende cada vez con mayor claridad. De ahí el endurecimiento de su discurso hacia México en temas de seguridad. Washington ya no observa a los cárteles exclusivamente como organizaciones criminales, sino como amenazas capaces de afectar intereses estratégicos estadounidenses, en materia de tecnología, minerales y energía.

No hay que olvidar que puertos, rutas ferroviarias, zonas mineras y proyectos energéticos en México, coinciden con áreas de fuerte presencia criminal. En otras palabras, la disputa por el territorio no sólo tiene valor para el tráfico de drogas, sino también para el control económico y geopolítico.

El riesgo para México es enorme. Si la presidenta Claudia Sheinbaum no fortalece las instituciones, la capacidad de inteligencia del Gobierno de México y el control territorial del Estado, nuestro país podría quedar atrapado en una doble presión: por un lado, la expansión criminal interna; por el otro, la creciente disputa geopolítica entre potencias.

Al tiempo.