¿Morena, una guarida de narcos?

Morena enfrenta una transición compleja. Después de siete años como fuerza dominante, el partido ha pasado de ser un movimiento con narrativa disruptiva a una estructura partidista que tiene en sus manos la Presidencia de la República, 24 gobiernos estatales y casi la mitad de los 2 mil 477 municipios de todo el país.

Ese crecimiento acelerado, que en su momento fue su principal fortaleza, hoy también representa una fuente de vulnerabilidad. La expansión territorial implicó la incorporación de liderazgos diversos, con orígenes distintos, trayectorias enfrentadas y, en algunos casos, con personajes de pasado dudoso, que ahora son un lastre para garantizar la continuidad.

La narrativa que vincula a actores políticos mexicanos con redes criminales no es nueva, pero ha adquirido una dimensión distinta a partir de la ofensiva estadounidense contra el tráfico de fentanilo.

Washington elevó el tema a prioridad de seguridad nacional, y con ello intensificó el escrutinio sobre estructuras políticas locales en México, particularmente en estados históricamente asociados a economías ilícitas.

Los cargos formales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció contra un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados al narcotráfico, incluyó a figuras de alto perfil como el gobernador Rubén Rocha Moya y otros mandos de seguridad.

El efecto político de los señalamientos fue inmediato. Se trata de una presunción de culpabilidad generalizada. Una sospecha que ya no persigue a nombres propios, sino a la 4T en su conjunto. Una sombra que se cierne sobre un proyecto político que prometió no robar, no mentir, no traicionar.

En la antesala de las elecciones intermedias del 2027, Morena enfrenta la posibilidad de que casos individuales sean utilizados para construir una narrativa generalizada de infiltración criminal. Y, por otro lado, necesita mantener la cohesión interna de un partido amplio y heterogéneo.

Aquí es donde la figura de Ariadna Montiel adquiere centralidad. Como dirigente nacional también es responsable de administrar una crisis de percepción en un partido que no puede aislar los problemas locales, sin asumir costos nacionales.

El desafío inmediato es narrativo, pero el problema de fondo es estructural. Morena necesita demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para identificar riesgos, filtrar perfiles y responder ante cualquier señalamiento con criterios claros.

El segundo reto es interno. Morena deberá decidir si prioriza la cohesión o la depuración. La primera opción evita fracturas inmediatas, pero mantiene riesgos latentes. La segunda implica costos políticos, pero puede fortalecer la credibilidad a mediano plazo. No es una decisión técnica, sino estratégica, y definirá la capacidad del partido para enfrentar el ciclo electoral que se aproxima.

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La pregunta que da título a esta columna no exige una respuesta categórica, pero sí una reacción política de alto nivel. Porque el verdadero problema no es la afirmación en sí, sino la posibilidad de que se convierta en una percepción dominante.

Morena aún tiene margen de maniobra. Pero este margen depende menos de la negación de los señalamientos y más de la capacidad para demostrar, con hechos verificables y procesos transparentes, que el partido no solo rechaza cualquier vínculo con el crimen organizado, sino que cuenta con mecanismos efectivos para prevenirlos y sancionarlos.

Esa diferencia puede definir no solo una elección, sino el futuro de un proyecto de gobierno. Aunque la insistencia de listas y más nombres de implicados con el narco según todas las dependencias en Estados Unidos aseguran que esto apenas empieza.