
Foto: Cuartoscuro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa al gobernador de Sinaloa delitos de narcotráfico, uso de armamento militar y nexos directos con “Los Chapitos”.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos oficializó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta responsabilidad en delitos federales relacionados con el crimen organizado.
Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí
De acuerdo con el documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al mandatario estatal se le imputan tres cargos criminales derivados de una supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa desde el año 2012.
La justicia estadounidense fincó responsabilidades contra Rocha Moya por asociación delictuosa para la importación de narcóticos, señalándolo por la fabricación y distribución masiva de sustancias como fentanilo (400 gramos o más), heroína (1 kilogramo o más), cocaína (5 kilogramos o más) y metanfetamina (50 gramos o más).
Adicionalmente, el gran jurado le imputa la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la asociación delictuosa para poseer dicho armamento.
Según el expediente, el gobernador habría utilizado y portado armas de fuego de grado militar para facilitar y proteger las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La investigación detalla un presunto pacto preelectoral ocurrido a principios de 2021. Según el documento, Rubén Rocha Moya se habría reunido con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, líderes de la facción de “Los Chapitos”, quienes presuntamente acordaron asegurar su victoria electoral a cambio de entregar el control de las instituciones de seguridad al cártel.
Entre los señalamientos específicos, se menciona la facilitación de fraude y secuestro de opositores políticos mediante listas de nombres entregadas por subordinados del gobernador.
Una vez en el cargo, el mandatario habría permitido que el grupo criminal designara a funcionarios en puestos clave, como el nombramiento de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, como entonces jefe de la Policía de Investigación.
Estados Unidos sostiene que el gobierno de Sinaloa operó una estrategia de “falsa percepción de seguridad”, coordinandose con policías corruptos para arrestar únicamente a enemigos del Cártel de Sinaloa, simulando una mejora en el orden público mientras protegía a la organización dominante.

Por estas acusaciones, Rubén Rocha Moya enfrenta una posible condena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Las autoridades estadounidenses emitieron notificaciones para el decomiso de todos los bienes y ganancias derivadas directa o indirectamente del narcotráfico.
Incluso, el documento establece que, en caso de que los bienes ilícitos no sean localizados o hayan sido transferidos, Estados Unidos solicitará la confiscación de cualquier otra propiedad legítima del gobernador hasta cubrir el valor total de lo defraudado.

Tras conocerse los cargos, el gobernador de Sinaloa utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones, calificándolas como un ataque político contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, se lee en su mensaje.