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El gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron acusados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La justicia de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a una decena de figuras clave de la política y seguridad en Sinaloa pertenecientes a Morena.
El gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados formalmente de presunto tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en una investigación que apunta a una red de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, quienes detallaron que los acusados habrían conspirado con líderes del cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, todos los implicados ocuparon cargos de alto nivel en el gobierno estatal o en corporaciones de seguridad.
A continuación, te presentamos los cargos que las autoridades de EUA han imputado a cada uno de los funcionarios señalados.
El actual senador por Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa está acusado por presuntamente reunirse con líderes de “Los Chapitos” y demás integrantes del Cártel de Sinaloa.
Según EUA, Inzunza habría acordado planes para que el gobierno estatal apoyara y protegiera al grupo criminal.
A cambio, el cártel apoyaría a Inzunza y otros funcionarios para mantenerse en el poder.

Quien fuera exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, de 2021 a 2024, está señalado de ayudar a “Los Chapitos” para colocar a funcionarios para proteger sus negocios relacionados con el narcotráfico.
EUA señala que actuó como enlace entre el cártel y el gobierno estatal, transmitiendo la información entre líderes criminales y autoridades.
Antes de la elección de 2021, habría entregado datos de opositores para ser presionados por el crimen.

El vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es señalado por Estados Unidos por recibir sobornos mensuales de “Los Chapitos”.
A cambio, habría protegido a integrantes del cártel para evitar ser detenidos y filtrado información sobre operativos de seguridad.
Estas filtraciones incluyeron operativos coordinados con autoridades de EUA, los permitió mover o destruir evidencia antes de que actuaran las autoridades.
Castro Zaavedra ostenta su cargo desde el 2021.

El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cargó que ocupó de 2017 a 2022, es acusado por presuntamente recibir sobornos de “Los Chapitos”.
A cambio de ese dinero, Almanza Avilés permitió que el cártel operara libremente en la entidad.
Estados Unidos señala que emitía órdenes de detención contra enemigos del grupo criminal.
También habría facilitado el traslado de químicos para producir drogas sintéticas como el fentanilo.

Al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, quien sustituyó a Almanza Avilés en el cargo en 2022, Estados Unidos también lo acusó de recibir sobornos de “Los Chapitos”.
Además de dejar operar al grupo criminal con total libertad, autoridades estadounidenses señalaron que Contreras Núñez ordenó liberar a integrantes del cártel detenidos.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa (de 2023 a 2024) es señalado por filtrar alertas sobre operativos contra narcolaboratorios en la entidad.
Esas filtraciones permitían mover droga y equipo antes de redadas por parte de las autoridades.

Fue exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa y responsable de operaciones dentro de la policía estatal.
Estados Unidos acusa al “Tornado” de recibir sobornos de “Los Chapitos” y a su vez, colocar agentes afines al grupo criminal en puestos clave de la estructura de seguridad estatal.
También avisaba sobre operativos para evitar detenciones y que el cártel continuara con sus operaciones.
Al actual alcalde de Culiacán lo acusan de ofrecer protección a operadores del narcotráfico en el municipio sinaloense.
También habría recibido sobornos para proteger a integrantes del grupo y evitar su detención.
Al exalto comandante de la Policía Municipal de Culiacán lo señalan por dar acceso al cártel a la policía municipal.
Supuestamente usó a agentes y recursos públicos para apoyar operaciones criminales de “Los Chapitos”.
EUA le atribuye detenciones, secuestros y asesinatos de integrantes de grupos rivales.
También lo acusan de participar en el secuestro de un informante de la DEA.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios desempeñaron un papel clave en la operación del cártel: habrían protegido a sus líderes de investigaciones, filtrado información sensible de operativos y ordenado a cuerpos policiacos resguardar cargamentos de droga.
A cambio, presuntamente recibieron millones de dólares en sobornos.
Según el fiscal Clayton, el poder del Cártel de Sinaloa no sería posible “sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina”.
Por su parte, Cole subrayó que la organización —considerada terrorista por autoridades estadounidenses— depende de estas redes de corrupción para mantener el flujo de drogas.

Otros funcionarios también recibían sobornos regulares; por ejemplo, el vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presuntamente recibía pagos mensuales de $11,000 dólares por informar sobre operativos estadounidenses, mientras que el comandante policial Juan Valenzuela Millán recibía más de $1,600 dólares al mes por poner a la policía municipal al servicio de “los Chapitos”.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazo categóricamente las acusaciones en su contra y aseguró que carece de veracidad.
Por su parte, el senador, Enrique Inzunza ya no acudió a ninguna votación en el pleno tras las acusaciones de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En sus redes sociales, el legislador calificó de “falsas y dolosas” las acusaciones en su contra y destacó que se trata de un ataque político tras fijar posición en el Senado, por la actuación de agentes de la CIA en México.
A su consideración, las acusaciones tratan de golpear a la 4T y al expresidente López Obrador.
“No tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”, así se pronunció Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, sobre las acusaciones en su contra por el gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa refrendó su postura institucional sobre respeto al debido proceso, luego de que EUA acusara de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa a diversos servidores públicos, entre ellos a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del Estado.
En un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa informó que “cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de #Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las misma”.
