
Foto: Cuartoscuro
La Fiscalía General de la República precisó que la indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, desmarcando el caso de procesos judiciales en el extranjero.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado oficial para precisar el estatus jurídico de la investigación sobre el homicidio en 2024 de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
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Ante las versiones que sugerían una parálisis en el caso, la institución aclaró que la carpeta de investigación “no se encuentra ni archivada ni suspendida”, subrayando que la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos continúa con la integración de pruebas de manera ininterrumpida.
Esta aclaración, bajo el comunicado FGR 257/26, ocurre en un momento de alta tensión diplomática, pues la dependencia puntualizó que sus indagatorias son independientes a la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Con ello, la Fiscalía busca separar el curso legal del caso Cuén de las recientes revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, garantizando que el proceso en territorio nacional sigue su propio ritmo para evitar la impunidad.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén se ha convertido en el eje central de las investigaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses.
La relevancia de Cuén en este entramado radica en que su muerte ocurrió presuntamente en el mismo lugar y hora donde fue supuestamente secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada, en una reunión donde supuestamente participaría el mandatario estatal para mediar un conflicto político.
La importancia de Cuén en las indagatorias estadounidenses se debe a que su homicidio desmiente la narrativa oficial inicial de las autoridades locales y expone la presunta protección del gobierno estatal a la facción de “los Chapitos".
Para las autoridades de EUA, el caso del exrector es la evidencia de cómo se habría utilizado la estructura del estado para facilitar operaciones criminales y encubrir delitos de alto impacto bajo una falsa bandera de “soberanía”.

La FGR mantiene abierta la investigación de Cuén mientras Washington documenta la presunta red de sobornos y protección que vincula a funcionarios de la administración de Rocha Moya con el grupo encabezado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.
Entre los señalados se encuentran personajes cercanos al gobernador, quienes presuntamente facilitaron el trasiego de drogas y el control territorial del Cártel de Sinaloa a cambio de financiamiento y apoyo político.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas están a la espera de que el gobierno estadounidense comparta las pruebas que vinculan a estos 10 funcionarios con la organización criminal.
