
Foto: Wikimedia Commons / Generada por IA
El periodista Mario Maldonado adelantó que el Departamento de Justicia señalaría esta semana a un nuevo gobernador por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos alista una nueva ofensiva judicial contra la narcopolítica en México, la cual incluye el señalamiento directo contra otro gobernador emanado de Morena y más funcionarios del partido oficialista.
Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí
De acuerdo con información publicada por el periodista Mario Maldonado en su columna para El Universal, el Departamento de Justicia estadounidense revelará nombres basados en testimonios de criminales sentenciados y testigos colaboradores que han aportado datos en cortes de aquel país.
“En el gabinete presidencial esperan una nueva ofensiva desde Washington contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia prepara la revelación del nombre de por lo menos otro gobernador de Morena, mientras que alista las solicitudes de otros funcionarios ligados al oficialismo”, se lee en la columna.
A finales del mes de abril, el mismo Departamento de Justicia realizó una acusación formal contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, señalándolos de presuntos nexos con ‘Los Chapitos’, una facción del Cártel de Sinaloa.

Dentro de las exigencias estadounidenses, estaba una solicitud de extradición contra el ahora gobernador con licencia; sin embargo, el gobierno mexicano alegó “falta de pruebas” aunque abrió su propia investigación a través de la Fiscalía General de la República.
No obstante, ante la inminencia de las acciones estadounidenses, desde Palacio Nacional se habría ordenado acelerar las indagatorias internas contra Rubén Rocha Moya y su círculo político cercano.
Según la columna, en Palacio Nacional existe el temor de que, ante la falta de judicialización por parte de la FGR, Estados Unidos ejecute operativos directos para capturar a los señalados.
La instrucción actual dentro del gobierno federal es evitar la defensa pública de Rubén Rocha Moya. La línea oficial dictada para los voceros de Morena establece que las instituciones correspondientes se encuentran investigando y que el Poder Judicial tendrá la determinación final sobre estos expedientes.
“En Palacio Nacional saben que si la Fiscalía General de la República no judicializa los expedientes, Estados Unidos simplemente podría activar un operativo en territorio mexicano para llevárselo por la fuerza”, se lee.

Aunado a esto, hace unos días, la administración de Donald Trump presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, documento que coloca a México como la prioridad absoluta para contener el tráfico de fentanilo.
En este marco, el fiscal general interino, Todd Blanche, anticipó que las acusaciones contra políticos mexicanos se intensificarán al considerar a los cárteles como organizaciones terroristas.
Bajo este contexto, Washington ha condicionado la cooperación bilateral en materia de seguridad a la obtención de resultados tangibles, exigiendo un incremento en el número de detenciones y extradiciones de perfiles ligados a la estructura de los cárteles que, según la narrativa de la Casa Blanca, gobiernan el territorio mexicano.

El panorama se ha agravado por la postura de confrontación adoptada en Palacio Nacional frente a Donald Trump, quien ha endurecido su discurso al afirmar que el narcotráfico es el verdadero regente de México.
Esta ruta de colisión preocupa a sectores gubernamentales debido a las amenazas de intervención directa y la revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos.
A esto se suma el reciente hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, donde se presume la participación irregular de agentes de la CIA, provocando que la FGR llame a declarar a 50 personas, aumentando la tensión justo antes de procesos clave como la revisión del T-MEC y el Mundial de 2026.
