De halcón a sicario

En las calles de grandes ciudades y también en los pueblos olvidados, adolescentes de 15 o 16 años aprenden a identificar patrullas, manejar armas largas, montar guardias de madrugada y emboscar enemigos.

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No es un entrenamiento clandestino en un país lejano: es el curso acelerado que el crimen organizado ofrece a miles de jóvenes en territorio mexicano. Un “plan de vida” que empieza como halconeo y termina con menores de edad convertidos en sicarios del narco, asesinos a sueldo.

Mientras cientos de niños se suman a la estructura operativa de los cárteles y son protagonistas de la escalada de violencia en el país, el Gobierno de México presume su propio “programa de capacitación”: Jóvenes Construyendo el Futuro.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su creador, se destinaron más de 134 mil 600 millones de pesos a un programa destinado a evitar que los jóvenes sin escuela ni empleo cayeran en conductas antisociales. El fracaso es contundente.

La entrega de becas masivas sin foco territorial, sin seguimiento y sin una estrategia real de prevención en las zonas más golpeadas por la violencia, convirtió al programa en un mecanismo clientelar y paternalista que no ha tenido impacto alguno en las comunidades donde el narco recluta con más fuerza.

Durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las autoridades han detenido a 87 menores de edad en operativos contra el narcotráfico. La mayoría en Sinaloa, territorio del cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, donde las facciones en guerra requieren reemplazar bajas con rapidez.

Jóvenes que cambiaron la secundaria por radios de comunicación, que aprendieron a conducir vehículos robados antes que a tramitar una credencial de elector, y que recibieron su primer pago como sicarios antes de hacer su examen de admisión a la prepa.

Organizaciones como Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advierten que, lo más dramático, es que muchos de esos jóvenes sicarios no se integraron a las filas de crimen por voluntad propia, sino que fueron víctimas del reclutamiento forzado.

Las organizaciones de la sociedad civil calculan que, en los últimos seis años, unos 30 mil menores han sido cooptados por el crimen organizado. Se trata sólo de estimaciones. La ausencia de cifras oficiales no es casual. Una vez más, el Gobierno no mide lo que no quiere admitir.

El fracaso de Jóvenes Construyendo el Futuro radica en su diseño. Priorizó cantidad sobre calidad. Beneficiarios dispersos por todo el país, mientras los corredores de violencia -en Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Sinaloa-, siguieron siendo semilleros del narco.

Un joven que vive en una comunidad controlada por un cártel no necesita una beca genérica: necesita seguridad, opciones reales de educación, empleo digno y la presencia de un Estado que no se retire al primer disparo.

Pero el crimen organizado sí entiende de focalización. Recluta donde el Estado no llega, ofrece ingresos inmediatos, “respeto” y protección. Y su entrenamiento es efectivo: en semanas, un adolescente puede pasar de repartir mensajes en un grupo de WhatsApp a planear y ejecutar ataques armados.

Mientras México siga invirtiendo más en programas clientelares que en políticas públicas estratégicas, seguirá funcionando un perverso doble carril: de un lado, el gobierno entrega becas; del otro, el narco entrega armas. Y en medio, una generación entera paga con su futuro -y a menudo con su vida-, el precio del abandono institucional.