Foto: Cuartoscuro
¿Quién piensa en los lomitos y michis? El vacío legal detrás del maltrato animal en México
En México podrían existir alrededor de 9 millones de gatos y 25 millones de perros en situación de calle.
Romina Ramos
Publicada: jun 18 a las 09:00, 2026
Los videos de perros disfrazados, celebrando cumpleaños o reencontrándose con sus dueños, así como gatitos traviesos suelen convertirse en algunos de los contenidos más vistos en redes sociales. Son imágenes que enternecen y que reflejan el vínculo que millones de personas tienen con sus mascotas.
Pero fuera de las pantallas existe otra realidad: los animales maltratados, pateados, y abandonados.
Mientras millones de personas comparten videos de perros que hacen reír o conmueven, otra población canina y felina crece lejos de los reflectores. Organizaciones de protección animal estiman que en México podrían existir alrededor de 9 millones de gatos y 25 millones de perros en situación de calle. Es una cifra que supera la población de la Ciudad de México.
Para dimensionar la magnitud, habría que llenar el Zócalo capitalino unas 250 veces. Cada uno de esos espacios representaría perros y gatos que hoy sobreviven sin hogar, sin atención médica y, muchas veces, sin alimento.
Detrás de esa realidad se encuentra una de las mayores crisis de bienestar animal del país y una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿quién está pensando realmente en los lomitos?
Diversas organizaciones animalistas y especialistas han advertido durante años sobre la dimensión del problema. Estimaciones retomadas por asociaciones de protección animal señalan que cerca del 70% de la población de perros y gatos del país vive en situación de calle.
En la Ciudad de México, reportes citados por medios especializados estiman que más de 1.2 millones de perros deambulan sin un hogar permanente, expuestos diariamente al hambre, enfermedades, atropellamientos y distintas formas de violencia.
Sin embargo, el debate público suele concentrarse en anuncios legislativos que no siempre se traducen en acciones concretas.
A finales de 2024 se concretó una reforma constitucional considerada histórica por organizaciones defensoras de los animales. La modificación reconoció a los animales como seres sintientes, prohibió expresamente el maltrato y facultó al Congreso de la Unión para expedir la primera Ley General de Protección Animal en México.
Para activistas y especialistas, la reforma representó un avance importante. Por primera vez, la protección animal quedó reconocida en el máximo ordenamiento jurídico del país.
Pero el entusiasmo inicial pronto se encontró con una realidad incómoda.
De acuerdo con organizaciones como Igualdad Animal México y documentos legislativos federales, el plazo para expedir la nueva Ley General de Protección Animal venció en mayo de 2025 sin que el Congreso lograra aprobarla. A mediados de 2026, la legislación continúa pendiente.
La ausencia de esta ley ha generado un vacío normativo que impide homologar criterios de protección animal en todo el país y mantiene importantes diferencias entre entidades federativas. Para muchos colectivos, el retraso también envía un mensaje preocupante: la protección animal continúa siendo una prioridad discursiva, pero no necesariamente una prioridad política.
Mientras tanto, la crisis sigue creciendo.
La consecuencia más visible es que gran parte de la responsabilidad ha terminado recayendo en ciudadanos organizados, rescatistas independientes y asociaciones civiles.
Son ellos quienes capturan animales abandonados, pagan esterilizaciones, cubren tratamientos veterinarios, buscan hogares temporales y mantienen refugios saturados. La mayoría opera con recursos propios y depende de donativos, rifas, campañas de recaudación, bazares y aportaciones voluntarias para continuar funcionando.
Diversos colectivos han expresado esta preocupación ante legisladores de la Ciudad de México. Su argumento es sencillo: actualmente están realizando labores que deberían formar parte de una política pública permanente.
En la práctica, afirman, el Estado ha terminado tercerizando una responsabilidad que le corresponde.
La situación resulta especialmente crítica para los refugios.
Lejos de recibir apoyo suficiente, muchos operan al límite de sus capacidades económicas. Los gastos veterinarios aumentan constantemente, el alimento representa una carga mensual considerable y los espacios disponibles son insuficientes para la cantidad de animales que requieren atención.
Algunos refugios incluso enfrentan amenazas que ponen en riesgo su propia existencia.
Uno de los casos más visibles ocurrió con el Refugio Franciscano en la Ciudad de México. El albergue, dedicado durante años al rescate y cuidado de animales abandonados, quedó en el centro de una disputa relacionada con un predio ubicado en Santa Fe.
La controversia derivó en acciones que pusieron en riesgo el futuro de más de 900 perros y gatos.
Mientras autoridades argumentaron preocupaciones relacionadas con hacinamiento y condiciones del inmueble, los responsables del refugio denunciaron intereses inmobiliarios detrás del conflicto y acusaron una falta total de respaldo institucional para proteger a los animales.
Más allá de las versiones encontradas, el caso expuso una realidad difícil de ignorar: muchas organizaciones que atienden una parte significativa de la crisis animal en México operan bajo condiciones extremadamente frágiles.
La discusión también ha llegado a los tribunales.
En enero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la facultad de los estados para legislar en materia de bienestar animal, incluso mientras la legislación federal permanece pendiente.
La resolución abrió la puerta para que los congresos estatales avanzaran con sus propias iniciativas.
Sin embargo, las respuestas han sido muy distintas.
En algunos estados, como Jalisco, iniciativas relacionadas con bienestar animal permanecen detenidas mientras se espera la emisión de una ley federal.
En otros casos se observan avances más concretos.
En abril de 2026, el Estado de México aprobó una nueva legislación que fortaleció las sanciones por maltrato animal y creó nuevos mecanismos institucionales para atender el problema. Posteriormente se instaló una Comisión Especial de Bienestar Animal para impulsar acciones adicionales.
En Nuevo León, legisladores presentaron una iniciativa para obligar a los municipios a destinar recursos específicos para campañas permanentes de esterilización gratuita y centros de atención animal.
La Ciudad de México también ha discutido propuestas orientadas a fortalecer el apoyo a rescatistas y asociaciones civiles, incluyendo incentivos fiscales y la posibilidad de destinar recursos específicos para programas de bienestar animal.
No obstante, quienes trabajan diariamente en el rescate sostienen que existe una diferencia importante entre aprobar iniciativas y garantizar recursos suficientes para aplicarlas.
Porque rescatar animales requiere mucho más que buenas intenciones.
Requiere veterinarios, medicamentos, infraestructura, campañas masivas de esterilización, programas permanentes de adopción, vehículos para rescate, personal capacitado y centros de atención adecuados.
Nada de eso funciona sin presupuesto.
Y ahí es donde muchos activistas consideran que se encuentra el principal problema.
Durante años, el bienestar animal ha aparecido en discursos, campañas e iniciativas legislativas. Sin embargo, los recursos destinados a atender el problema siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Los perros que hoy sobreviven en las calles difícilmente perciben la diferencia entre una reforma constitucional, una iniciativa presentada o una promesa electoral.
Lo que sí padecen son las consecuencias de la omisión.
El panorama de los michis: dinámicas de abandono invisibles
Si los perros en situación de calle reciben poca atención institucional, los gatos enfrentan un panorama de casi total invisibilidad. Mientras decenas de miles de canes logran ser resguardados en albergues a lo largo del país, una proporción mucho menor de felinos corre con la misma suerte. Esta diferencia abismal no refleja una menor magnitud del problema, sino una preocupante falta de prioridad institucional.
Los felinos sufren dinámicas de abandono distintas y altamente normalizadas. Muchos son expulsados o ignorados por sus dueños bajo la falsa y peligrosa premisa de que “el gato se cuida solo”2. Además, las camadas no deseadas agravan severamente esta crisis silenciosa; una gata sin esterilizar puede tener hasta dos camadas al año, y aquellos cachorros que no logran ser acomodados terminan inevitablemente engrosando la población callejera. A esto se suma la barrera de la vivienda: un 44% de las personas considera que es difícil encontrar una casa en renta que permita tener un felino, lo que representa un obstáculo directo para su rescate y adopción.
Por eso, la pregunta sigue vigente: ¿Quién piensa realmente en los lomitos y michis?
Porque reconocer derechos en el papel es importante, pero no basta. Los millones de perros y gatos que sobreviven en las calles de México necesitan algo más que declaraciones y reformas pendientes. Necesitan instituciones que funcionen, programas permanentes, presupuesto suficiente y una estrategia nacional que deje de tratar el bienestar animal como un eslogan de campaña.
Mientras eso no ocurra, la responsabilidad seguirá recayendo en miles de ciudadanos que rescatan, alimentan, esterilizan y protegen animales con recursos propios, intentando llenar el vacío que las instituciones aún no han logrado cubrir.
