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La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso institucional para esclarecer por completo los hechos y combatir la impunidad

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que dará continuidad al proceso penal en contra de dos exfuncionarios del IMSS relacionados con la tragedia de la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.
Este avance se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera un Amparo en Revisión clave para el caso, en el cual perdieron la vida 49 niñas y niños, y decenas más resultaron lesionados.
Con esta resolución, el Alto Tribunal refuerza de manera histórica la protección constitucional y garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, consideradas un grupo de atención prioritaria.
El caso tomó un giro definitivo tras la resolución de un juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de los imputados, quienes argumentaban que la acción penal en su contra ya había prescrito.
Los litigantes sostenían que el homicidio y las lesiones culposas debían sujetarse a las reglas generales de prescripción del Código Penal Federal, argumentando que no les eran aplicables las excepciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aunque un Juzgado de Distrito negó inicialmente esta protección constitucional, la parte justiciable interpuso un recurso de revisión que escaló hasta el Máximo Tribunal del país, donde se analizó a fondo el impacto de la tragedia.
Al resolver el recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio fundamental para el derecho penal en México, al determinar que la prescripción de la acción penal no es procedente en este asunto.
La SCJN estableció que los delitos vinculados a la Guardería ABC constituyen violaciones graves a los derechos humanos, por lo que el Estado debe privilegiar el derecho a la verdad, la justicia y el combate a la impunidad.
Asimismo, los ministros señalaron que ante la gravedad de los hechos, no resulta jurídicamente relevante si la conducta de los exfuncionarios fue dolosa o culposa en su modalidad de comisión por omisión, priorizando la multiplicidad de derechos lesionados en perjuicio de los menores y de sus familias como víctimas indirectas.

Tras este fallo que evita el olvido de los crímenes y busca impedir la repetición de los hechos, la indagatoria continuará su curso legal a través de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
Por su parte, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso institucional para esclarecer por completo los hechos y combatir la impunidad, asegurando que cada etapa del procedimiento penal en contra de los dos implicados se llevará a cabo con estricto apego a las garantías del debido proceso.