Seguridad, el factor que condiciona las negociaciones del T-MEC

El futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría estar marcado más por los avances que México logre demostrar en materia de seguridad, que por las negociaciones comerciales.

Así lo advierten especialistas en economía y seguridad, quienes consideran que la relación bilateral atraviesa una transformación profunda impulsada por las prioridades del gobierno estadounidense, particularmente en el combate al narcotráfico, la corrupción y la llamada ‘narcopolítica’.

Durante décadas, la cooperación entre ambos países estuvo basada en un equilibrio donde los intereses comerciales ocupaban un lugar central. Temas como la integración económica, las exportaciones y la competitividad regional solían ser los principales motores de la agenda bilateral.

Sin embargo, analistas sostienen que ese esquema ha cambiado y que hoy Washington observa la seguridad como un asunto prioritario, incluso por encima de los beneficios económicos derivados del acuerdo comercial.

EUA utiliza el T-MEC para exigir acciones en materia de seguridad

El consultor en Seguridad David Saucedo explicó que en administraciones anteriores las investigaciones relacionadas con corrupción política y vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales eran manejadas de manera distinta por las autoridades estadounidenses. Según el especialista, esos expedientes rara vez escalaban a niveles que pusieran en riesgo la relación diplomática entre ambos países.

“En el pasado, agencias estadounidenses como la DEA o el FBI investigaban la corrupción política en México, pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado solían frenar estas investigaciones para mantener una buena relación. Estados Unidos utilizaba esta información como chantaje para obtener concesiones comerciales, migratorias y de política internacional. Es decir, las investigaciones de narcopolítica se usaban como moneda de cambio para obtener ventajas económicas”, precisó.

De acuerdo con el experto, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca modificó sustancialmente la lógica de la política bilateral entre México y Estados Unidos.

“La lucha contra los cárteles y las redes de corrupción vinculadas al crimen organizado dejó de ser una herramienta secundaria de negociación para convertirse en uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense hacia México”, puntualizó.

Esta postura ha llevado a que Estados Unidos utilice herramientas comerciales como mecanismos de presión política. En otras palabras, las amenazas de imponer restricciones económicas o modificar acuerdos comerciales se han convertido en instrumentos para exigir acciones más contundentes en materia de seguridad.

Para el especialista, la situación actual demuestra que la estrategia de Washington apunta en otra dirección.

“A diferencia de etapas anteriores, el gobierno estadounidense no estaría dispuesto a relegar las investigaciones sobre corrupción o crimen organizado a cambio de beneficios comerciales. Por el contrario, considera que los avances en estas materias son una condición indispensable para mantener una relación económica sólida”, dijo.

Incluso, advierte que la administración de Trump ha elevado el tono de sus exigencias al plantear posibles consecuencias económicas si México no muestra resultados concretos. Entre ellas se encuentra la posibilidad de imponer sanciones comerciales o dificultar el proceso de ratificación del propio tratado.

“La realidad actual es que si México no cumple con las peticiones de combate a la corrupción y a los cárteles, se enfrentará a sanciones comerciales. Incluso, Donald Trump ha amenazado directamente con no ratificar el T-MEC si el gobierno mexicano no avanza en su lucha contra el crimen organizado”, puntualizó el consultor.

En ese sentido, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa una etapa en la que los temas de seguridad han adquirido un peso determinante dentro de las negociaciones económicas y comerciales, así lo señaló la especialista en seguridad Lisa Sánchez.

“Durante la administración de Donald Trump se consolidó una estrategia que vinculó directamente el combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad con acuerdos comerciales como el T-MEC”, indicó.

En este contexto, advirtió que las decisiones económicas entre ambos países ya no pueden analizarse de forma aislada.

“Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos lograron de manera muy exitosa ‘securitizar’ la agenda comercial”, afirmó, al señalar que actualmente los avances económicos dependen cada vez más de los compromisos que ambas naciones alcancen en materia de seguridad.

La especialista explicó que este nuevo escenario obliga a México a fortalecer la cooperación con Washington y a demostrar resultados concretos en el combate a la delincuencia organizada.

Al respecto, el economista y profesor del IPADE business school, José Carlos Ramírez Pueblita, precisó que la seguridad y la economía están entrelazadas, sobre todo en el marco de la renegociación del T-MEC.

“El método Trump consiste en romper con los compartimentos tradicionales, utilizando presiones económicas (como el T-MEC) para obtener objetivos políticos y de combate al crimen organizado, y viceversa”.

Sobre la importancia de la seguridad en el marco del acuerdo comercial, el experto del IPADE afirma que hay tres puntos clave que también darían confianza a los inversionistas.

Reducir la incertidumbre económica

El especialista considera que “el gobierno mexicano necesita cambiar su actual narrativa combativa y mandar mensajes claros de que su prioridad es llevar a buen puerto la negociación y mantener un buen tono con la administración de Donald Trump”.

En ese sentido, subraya que resulta fundamental evitar fricciones y transmitir certeza sobre la voluntad de mantener una relación constructiva con el principal socio comercial del país.

Combatir la inseguridad

Otro factor clave es la seguridad. Pueblita advierte que “la inseguridad, tanto la personal como la que afecta a los negocios y a los traslados, es un freno constante” para el desarrollo económico.

A su juicio, no basta con disminuir los índices delictivos, sino que también es necesario mejorar la percepción ciudadana y empresarial sobre las condiciones de seguridad. Para ello, plantea que “el gobierno debe enviar un mensaje claro y contundente de que está enfrentando de manera efectiva al crimen organizado”.

La certeza jurídica

Finalmente, el académico identifica la certeza jurídica como una de las principales preocupaciones para los inversionistas. Señala que “este tema está estrechamente relacionado con la reforma judicial y considera que, aunque la incorporación de mayores controles en la selección de candidatos judiciales va en la dirección correcta, las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes”

Además, enfatiza que el gobierno debe comunicar mejor los alcances de la reforma, ya que la percepción predominante entre el sector empresarial sobre estos cambios sigue siendo negativa, considera el economista.

Por otro lado, desde la perspectiva política y económica, el daño diplomático ya está hecho, según experto del IPADE menciona que:

“Podría ser demasiado tarde para pensar que aceptar la extradición solucionará el problema, ya que la relación bilateral se ha deteriorado significativamente y han surgido nuevas fricciones. Como él señala, ”es fácil destruirlas y es difícil reconstruirlas”, mencionó.

Las acusaciones de EUA contra políticos mexicanos

Las negociaciones del tratado ocurren luego de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York mantiene una investigación sobre presuntos vínculos entre actores políticos relacionados con Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, las indagatorias buscan determinar si existieron nexos con operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de supuestos apoyos políticos y sobornos.

Entre las personas mencionadas en las pesquisas se encuentran el exjefe de policía José Antonio Dionisio Hipólito, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, el senador Enrique Inzunza y el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros.

Según los especialistas, la relación bilateral atraviesa por un periodo de alta tensión y presión diplomática luego de que el Departamento de Justicia estadounidense revelara investigaciones penales y acusaciones contra una red de políticos mexicanos de alto nivel presuntamente involucrados con el crimen organizado.

¿Por qué México no quiere entregar a Rocha Moya?

En cuánto a la renegociación del T-MEC, el objetivo fundamental de los estadounidenses es “desmantelar por completo la red de apoyo político, policial y militar que protege a los cárteles en México”, explicó David Saucedo.

“Esta es la razón principal por la cual el gobierno mexicano se resiste a entregar a figuras como Rocha Moya: su extradición no mejoraría la relación bilateral de forma automática, sino que abriría la puerta y aumentaría la presión de Estados Unidos para capturar y llevar ante la justicia al resto de los narcopolíticos en la lista”, explicó el consultor de Seguridad.

Respecto a la posibilidad de extraditar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, la también analista de Seguridad, Lisa Sánchez coincidió con Saucedo y advirtió que no existe certeza de que una decisión de ese tipo mejore automáticamente la relación bilateral.

“Una de las principales interrogantes para el gobierno mexicano es hasta dónde podrían escalar las exigencias de Washington una vez que se concrete una primera extradición. No sé necesariamente si mejoraría”, respondió al ser cuestionada sobre este escenario.

Además, alertó que la estrategia estadounidense en materia de narcotráfico y combate al llamado ‘narcoterrorismo’ ha ampliado su alcance jurídico, permitiendo que las autoridades de ese país busquen investigar y procesar a personas fuera de su territorio, incluyendo a integrantes de la clase política mexicana.

La importancia de que Harfuch se involucre en las negociaciones del T-MEC

Por otra parte, Rodríguez Pueblita considera que la renegociación del T-MEC es un proceso que va más allá de los asuntos comerciales y que no puede recaer únicamente en una dependencia del Gobierno mexicano.

Según explicó, la estrategia de la administración de Donald Trump combina presiones económicas con exigencias en materia de seguridad, por lo que la negociación requiere la participación coordinada de distintas áreas del Estado.

Respecto al papel del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el especialista lo describió como uno de los funcionarios con mayor credibilidad dentro del actual gobierno. Además, lo calificó como un “superviviente político” con un perfil técnico sólido y experiencia para enfrentar escenarios complejos.

En ese sentido, expresó su “confianza en que Ebrard y su equipo cuentan con la capacidad necesaria para conducir con éxito la parte comercial de las negociaciones del tratado”.

No obstante, Rodríguez Pueblita subrayó que las conversaciones se desarrollan por “varias vías al mismo tiempo”, por lo que la participación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, resulta clave.

El académico aseguró que da por hecho que Harfuch y su equipo están involucrados directamente en el proceso y afirmó que, “si no están en la misma mesa, está en una mesa junto hablando estos temas”.

Asimismo, destacó que los organismos empresariales, conocidos como el “cuarto de al lado, también deben mantener una participación activa para fortalecer la posición negociadora de México”, puntualizó.