Especialistas urgen a la SCJN que derechos de la diversidad se ejerzan en la vida cotidiana

Las nuevas jurisprudencias sobre identidad de género, orientación sexual, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, igualdad, no discriminación, familias homoparentales, matrimonio igualitario y seguridad social son consideradas herramientas indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa.

Durante el conversatorio “Criterios jurisdiccionales por la diversidad sexo-genérica”, especialistas destacaron que la justicia no debe limitarse al reconocimiento formal de derechos, sino garantizar que las personas de la diversidad puedan ejercerlos plenamente en su vida cotidiana.

El encuentro planteó que la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser vistas como amenazas, riesgos sociales o motivos de exclusión, sino como elementos vinculados con la identidad y la dignidad de cada persona.

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Hugo Aguilar Ortiz llama a construir una justicia con participación social

Durante su participación, Hugo Aguilar Ortiz señaló que la evolución de los criterios judiciales debe construirse con la intervención directa de las personas que viven las distintas realidades de la diversidad sexo-genérica.

Explicó que existen paralelismos históricos entre la lucha de los pueblos indígenas y la de las personas de la diversidad, particularmente frente a modelos de Estado que durante años buscaron imponer una visión homogénea de la sociedad.

“Aquí una de las premisas que también nos hemos quitado es que los ministros no tienen la última palabra, ni son los que lo saben todo; se va a ir construyendo un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad”, dijo.

La igualdad debe traducirse en derechos efectivos

El conversatorio también abordó la necesidad de que juzgar con perspectiva de diversidad responda a los cuestionamientos sociales de cada época y no únicamente a criterios escritos en leyes o resoluciones.

Los participantes insistieron en que la igualdad debe reflejarse en condiciones reales para que todas las personas puedan acceder y ejercer sus derechos sin obstáculos derivados de prejuicios o discriminación.

Sara Irene Herrerías Guerra afirmó que ninguna orientación sexual puede considerarse un riesgo social y destacó la existencia de una línea constitucional orientada a proteger los derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica.

“Difundir los criterios de la Suprema Corte no es solo una tarea académica o institucional, es una forma de hacer que las sentencias salgan de los expedientes, se conviertan en herramientas para autoridades, personas juzgadoras, litigantes, organizaciones sociales y personas que buscan ejercer sus derechos”, subrayó.

Suprema Corte consolida criterios sobre diversidad y derechos humanos

Lenia Batres Guadarrama señaló que los órganos jurisdiccionales han desarrollado estándares relacionados con matrimonio igualitario, identidad de género, familias homoparentales, filiación, adopción, seguridad social y libertad de expresión.

La ministra destacó que estas resoluciones han sido construidas bajo principios constitucionales que buscan proteger la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

“Tres ideas han atravesado las decisiones de las resoluciones jurisdiccionales de esta Corte: el reconocimiento de orientación sexual y de identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana; y la obligación de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género”, resaltó.

Criterios judiciales buscan cerrar espacios de discriminación

Entre los temas analizados estuvieron las restricciones de edad para acceder a la rectificación del acta de nacimiento, la identidad personal y de género de niñas, niños y adolescentes, así como la relación entre orientación sexual, igualdad y no discriminación.

Las conclusiones del encuentro apuntaron a que la orientación sexual forma parte de la identidad de una persona y no puede modificarse por factores externos ni por decisión de terceros.

Los criterios judiciales fueron presentados como mecanismos para reducir prácticas discriminatorias y garantizar que los derechos humanos se ejerzan bajo condiciones de igualdad sustantiva.