
Foto: Redes
Tras su ingreso al Cereso Morelos, Víctor Rodríguez Padilla fue ubicado en una zona especial para funcionarios y personas de nuevo ingreso.

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, permanece bajo resguardo en una zona especial del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, luego de su ingreso al penal la noche del pasado 7 de julio, revelaron abogados del estado, de acuerdo con El Universal.
De acuerdo con los especialistas en materia penal, Rodríguez Padilla fue trasladado al área conocida como “Sujeto de protección a funcionarios”, un espacio destinado principalmente a personas de reciente ingreso o a internos que requieren condiciones especiales de seguridad.

Los abogados señalan que esta sección ofrece una estancia distinta a la de la población general, con acceso más ágil a servicios médicos y medicamentos, situación que cobra relevancia debido a que el exdirector de Pemex informó ante la jueza Consuelo Adriana Carrera que se encuentra bajo tratamiento por un tumor maligno en la próstata.
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El expresidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, explicó que quienes permanecen en esta área suelen mantenerse ahí hasta que se define su situación jurídica.
En caso de que quienes se encuentran en esta área sean vinculados a proceso, son trasladados al Centro de Observación y Clasificación (COC), donde se realiza una evaluación integral para determinar las condiciones de internamiento y el tratamiento penitenciario que recibirán
En el COC, un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales lleva a cabo estudios sobre la personalidad, entorno y circunstancias de cada persona privada de la libertad.
Con base en esos análisis se define el área o dormitorio en el que será ubicado el interno dentro del penal, así como las medidas de seguimiento que se consideren necesarias.
El futuro del exfuncionario en esa área especial se definirá tras la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo lunes a las 8:15 horas, en la que una jueza determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal en su contra por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.