Expedientes reservados en la 4T: los casos que el Gobierno mantiene bajo llave

La reserva de expedientes se ha convertido en una constante dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, investigaciones por corrupción, megaobras de infraestructura y reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses permanecen fuera del escrutinio público mediante mecanismos legales que impiden conocer su contenido.

El ejemplo más recientes es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyos intercambios diplomáticos entre México y Estados Unidos fueron clasificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, no es el único expediente protegido: documentos sobre Segalmex, el caso de Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y diversos proyectos estratégicos del gobierno federal también permanecen reservados.

La documentación sobre estos casos fue clasificada mediante figuras como “seguridad nacional”, “investigación en curso” o “secreto ministerial”, lo que limita el acceso público a los expedientes.

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Rocha Moya e Inzunza: cinco años de reserva sobre intercambios con EUA

El caso más reciente corresponde a los expedientes relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

La Secretaría de Relaciones Exteriores determinó reservar por cinco años la documentación derivada de comunicaciones diplomáticas sostenidas con autoridades estadounidenses.

La clasificación incluye notas diplomáticas, solicitudes de información y comunicaciones oficiales vinculadas con las investigaciones desarrolladas por agencias de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre actores políticos sinaloenses y organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con la justificación oficial, la difusión de estos documentos podría afectar la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.

También permanecen reservadas las minutas de la reunión Sheinbaum-Mullin

La Cancillería también clasificó durante tres años las actas y minutas de la reunión sostenida entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete de seguridad y el funcionario estadounidense Markwayne Mullin, en la que se abordaron temas relacionados con migración, combate al fentanilo y cooperación bilateral.

Aunque posteriormente se anunció que parte de la información podría hacerse pública mediante versiones testadas, los datos considerados estratégicos permanecerán ocultos, incluidos nombres, acuerdos específicos y elementos relacionados con inteligencia y seguridad.

La apertura parcial contempla únicamente versiones públicas con información reservada mediante testados, conservando bajo confidencialidad los aspectos centrales de las negociaciones.

Segalmex: documentos del mayor desfalco permanecen clasificados

Otro de los expedientes protegidos corresponde al caso Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos financieros registrados durante la actual administración.

Los documentos relacionados con auditorías, análisis financieros y el seguimiento interno de los recursos fueron clasificados por cinco años bajo el argumento de no afectar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La reserva impide conocer con detalle el destino de los recursos, las observaciones realizadas por las dependencias involucradas y la red de responsabilidades administrativas.

El expediente también mantiene bajo reserva información relacionada con el proceso de revisión realizado tras detectarse presuntas operaciones irregulares mediante empresas fachada, contratos simulados y movimientos financieros investigados por las autoridades federales.

Pío López Obrador, el expediente bajo reserva

La investigación abierta contra Pío López Obrador tras la difusión de videos donde recibía dinero en efectivo también permaneció protegida mediante el secreto ministerial durante el desarrollo de la indagatoria.

La Fiscalía General de la República argumentó que el expediente no podía hacerse público mientras no concluyera el proceso correspondiente. Finalmente, la carpeta fue archivada por la autoridad ministerial.

La reserva de información también alcanzó a las megaobras del Gobierno Federal

En 2021, el Gobierno federal emitió un acuerdo para declarar como asuntos de seguridad nacional diversos proyectos prioritarios de infraestructura, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y varios aeropuertos, con el argumento de agilizar su construcción y proteger información estratégica.

Entre los documentos reservados se encuentran informes técnicos, estudios financieros, contratos, comunicaciones oficiales y expedientes ministeriales relacionados con investigaciones de alto impacto.

Sin embargo, en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional ese acuerdo al considerar que la clasificación generalizada vulneraba el derecho de acceso a la información.

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Tras el fallo, el Ejecutivo publicó un nuevo decreto que volvió a otorgar el carácter de seguridad nacional a estas obras, manteniendo bajo reserva parte de la documentación.

En la mayoría de los casos, las dependencias federales han justificado la reserva con argumentos relacionados con la seguridad nacional, el secreto ministerial o la protección de investigaciones en curso, mientras que diversos organismos de transparencia y resoluciones judiciales han cuestionado el alcance de estas restricciones.